Hace unos años una conocida emisora de tarjetas de créditos utilizaba esa expresión en la publicidad de su producto. Cuando en un hogar los gastos superan a los ingresos, se puede recurrir a préstamos para financiar la diferencia. Alguien podría decir entonces que el que paga es el banco o el emisor de la tarjeta de crédito.

Hace unos años una conocida emisora de tarjetas de créditos utilizaba esa expresión en la publicidad de su producto. Cuando en un hogar los gastos superan a los ingresos, se puede recurrir a préstamos para financiar la diferencia. Alguien podría decir entonces que el que paga es el banco o el emisor de la tarjeta de crédito.

Con los países sucede algo similar. En una economía abierta, si el nivel de gasto interno supera a la producción, se puede recurrir al resto del mundo para que financie esa diferencia. Es lo que habitualmente se llama “endeudamiento externo”. ¿Podemos decir entonces que es el resto del mundo el que paga nuestro mayor gasto?

La respuesta no es tan simple. En nuestro mundo, y desde hace ya varios años, hay superabundancia de capitales en busca de oportunidades rentables de inversión. Como las tasas de interés que pagan las economías desarrolladas son despreciables, esos capitales encuentran en muchos países emergentes oportunidades atractivas con tasas más elevadas.

Solo así se puede entender que países como la Argentina, que son defaulteadores seriales puedan ser capaces de colocar deuda a 100 años.

Las agencias calificadoras, por su parte, hacen la vista gorda y son funcionales a este juego. Por un lado los países emergentes que gastan mucho necesitan préstamos y por otro, los inversores de los desarrollados necesitan obtener mayores ganancias. De ese modo, todos contentos.

En el caso uruguayo, la intachable conducta pasada nos ayuda a conseguir financiamiento para un gasto público que no para de crecer.

El relato oficial es el siguiente: el FA heredó una situación social difícil y por eso se vio obligado a aumentar el gasto durante estos años. Así, ese incremento se justifica por “razones sociales”. Por otro lado, dado que no tenemos problemas para lograr financiamiento externo porque somos país confiable y tenemos un manejo muy profesional de la deuda, podemos seguir pidiendo prestado para financiar nuestro déficit, y por lo tanto no es necesario realizar ningún tipo de racionalización o control del gasto.

Este relato, sin embargo, no resiste un análisis más apegado a los hechos.

Por un lado, si bien es cierto que este gobierno heredó una situación social difícil por la crisis de 2002, también lo es que la economía creció en todo el período a tasas muy elevadas generando un fuerte aumento de ingresos para la población. Ello solo hubiera hecho disminuir el número de personas en situación de pobreza. Pero todos sabemos que el aumento del gasto público no ha sido solamente para fines sociales. El aumento de una burocracia inútil y el despilfarro han estado a la orden del día, como nos enteramos un día sí y otro también. Por más que el gobierno lo niegue.

¿Es sostenible esta trayectoria de la deuda pública? ¿Podemos seguir endeudándonos a esas tasas en forma indefinida? ¿Quién va a pagar nuestro festival de hoy? ¿Las generaciones futuras? ¿Cuál es la apuesta del gobierno? ¿Sucederá en algún momento que el resto del mundo nos limitará el financiamiento como ya nos pasó en 1982 y 2002?

Un manejo profesional de la deuda no será suficiente si nos seguimos endeudando a un ritmo poco profesional. Y cuando la situación financiera internacional se revierta entonces, lo del título: ¿quién paga?