EL PAIS

No me gustó

No me gusto como se resolvió el juicio de la presidenta de ASSE y el periodista Gabriel Pereyra. Este dijo que no tuvo ánimo de difamar y sanseacabó y a no perder más tiempo y dedicarse a la tarea de informar, que es lo que hacen y deben hacer los periodistas. Les guste o no a los funcionarios. Bien por Pereyra.

No me gusto como se resolvió el juicio de la presidenta de ASSE y el periodista Gabriel Pereyra. Este dijo que no tuvo ánimo de difamar y sanseacabó y a no perder más tiempo y dedicarse a la tarea de informar, que es lo que hacen y deben hacer los periodistas. Les guste o no a los funcionarios. Bien por Pereyra.

En cambio la funcionaria no tendría que haberse conformado y debió pedir la prueba de la verdad -exceptio veritatis- sobre los hechos consignados, y probar además que el periodista actuó a sabiendas de que la noticia era falsa o con desprecio por la verdad o con “real malicia”.

Se dio por satisfecha muy rápidamente. Quizás ni le interesaba ni le convenía ir más allá, pienso.

Hablé con Pereyra y me dijo que el juez, palabras más palabras menos, advirtió sobre esta “judicialización” que entretiene o distrae a los magistrados.

Bien por el juez.

Pero se quedó corto; debería quizás, haber investigado respecto al ánimo de la demandante al entretener o distraer a la justicia. En más de un dictamen la Corte Interamericana advierte sobre los intentos de utilizar a la justicia para atacar, amedrentar o hacer callar a periodistas. Y eso casi nunca o nunca se castiga. Es extraño: la libertad de expresión, que es la custodia del resto de las libertades y derechos, legalmente es la menos amparada.

Ese uso y abuso de los tribunales para neutralizar informaciones, tratar de amedrentar y desviar el debate con el escudo “de recurrir a la justicia”, fue un tema que se analizó en una cumbre sobre “Justicia y Libertad de Prensa” convocada por la SIP, (Washington, 2002), en la que debatieron periodistas y jueces y en la que participaron los presidentes de todas las Cortes Supremas de las tres Américas.

Y esto viene a cuento debido a la denuncia penal de un ex presidente de Ancap contra El País y uno de sus periodistas por un matiz, diría yo -de si es perro o perra o de si se adjudicó o se autorizó adjudicación- en una información sobre manejo de fondos públicos.

En la demanda se incluye un breve pasaje de mi conferencia de inauguración de aquella cumbre, a saber: “Los periodistas, a su vez, no deben de olvidar que ni ellos ni la prensa son jueces o fiscales; que los jueces deben cumplir con su tarea que es ardua, delicada y requiere estudios, sin presiones de ningún tipo y que deben hacerlo con la serenidad que garantice la equidad a que todos aspiramos. Tampoco pueden ignorar los periodistas que además de ese sagrado derecho a la información de la sociedad, está en juego el derecho de los ciudadanos sometidos a los tribunales a que se les presuma inocentes mientras no sean condenados por la justicia, por lo cual es preciso cuidar su buen nombre a lo que tienen legítimo derecho como ciudadanos miembros de la sociedad, como contribuyentes y por sobre todo como persona humana…”.

Y así lo veo y más aún: dije que hay quienes “toman el periodismo como un instrumento para alcanzar fines bastardos y procuran una especie de patente de corso apelando a la libertad de prensa” y añadí que “si pierde credibilidad la justicia adquieren fuerzas estos advenedizos del periodismo”.

Pero previamente a estas afirmaciones, hechas en el marco de aquella reunión cumbre, advertí que “no podemos desconocer que los hechos criminales siempre, y más en nuestros días en que lamentablemente la corrupción ha crecido tanto, tienen una gran demanda al tiempo que obligan al periodista a dar cuenta amplia y diaria de ello, no solo para satisfacer esa demanda sino para cumplir con la labor de informar a los ciudadanos sobre lo que hacen sus mandatarios y asegurar la transparencia del gobierno”.

Afirmé a renglón seguido que “los jueces no deben olvidar que ellos ejercen justicia en nombre del pueblo y que ese pueblo tiene derecho a saber, fehacientemente y sin limitaciones, cómo lo hacen. No deben olvidar tampoco que ese ciudadano es soberano, que goza de derechos y libertades anteriores a la propia ley y, además, es contribuyente y paga sus sueldos”. Dije asimismo, en otro pasaje que “lamentablemente (...) son muchos los casos en que los jueces y fiscales y tribunales se transforman en el mejor instrumento contra la libertad de expresión”.

Respecto a las leyes de desacato con las que se busca limitar la información sobre lo que hacen los hombres públicos, dije que son “una figura antinatural destinada a sobreproteger a los funcionarios y una especie de biombo inmenso que pretende tapar todo lo que hacen, cuando por su condición de tales deben estar sometidos al más estricto escrutinio de la opinión pública”. Recordé a Juan Bautista Alberdi y su sentencia “de que la libertad de expresión y de prensa es un derecho que el pueblo no delega y mantiene para sí”. Por mi parte agregué, que “es lógico que así sea, por cuanto es el instrumento para hacer llegar sus mensajes y órdenes a sus mandatarios y para controlarlos y vigilarlos en el cumplimiento de las funciones y (ejercicio) de los poderes que transitoriamente se les han conferido y delegado”.

Y hasta aquí, solo para aclarar las cosas y para que no se diga, como tantas veces se nos endilga a los periodistas, que se da información fuera de contexto y sin que se oigan todas las campanas.

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