Venezuela, uno de los países con mayores recursos naturales de nuestra región, con una población importante (más de 30 millones de habitantes) y con un nivel cultural elevado, se debate en una situación extrema que lleva a las autoridades a apoderarse del control de la economía y establecer sistemas de racionamiento. 

El gobierno se ha embarcado en una estrategia de violación de derechos humanos, incluyendo la prisión de líderes políticos de la oposición, la persecución, más o menos velada, de quienes piensan diferente y cortar la libertad de expresión y comunicación.

El informe 2014/2015 de Amnesty International resumió la situación con mucha claridad: las fuerzas de seguridad utilizaron una fuerza excesiva para dispersar protestas; cantidades de personas fueron detenidas en forma arbitraria y se les negó acceso a sus abogados y médicos; se reportaron casos de maltrato de protestantes y de personas que pasaban por el lugar; el sistema judicial continuó siendo utilizado para acallar a los críticos del gobierno: los defensores de los derechos humanos fueron intimidados y atacados; las condiciones en las prisiones rozan el nivel de deplorables.

Durante las protestas que tuvieron lugar entre febrero y julio fueron detenidas más de 3.300 personas. La mayoría de ellas fue dejada en libertad después de unos pocos días, pero a fin de año todavía están "procesadas" y privadas de su libertad unas de 70 personas. El líder del movimiento opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, sigue detenido, a pesar de la falta de evidencia que respalde los cargos en su contra, las movilizaciones nacionales y la protesta internacional.

En octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que tiene el cometido de investigar casos de privación de la libertad impuestos arbitrariamente o que no sean consistentes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, expresó su seria preocupación por la detención de personas durante las protestas públicas y concluyó que consideraba que la detención de López y la del anterior alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, eran arbitrarias. Esta semana, la Asociación de Alcaldes por Venezuela, integrada por los alcaldes de oposición, exigió al Tribunal Supremo de Justicia la inmediata liberación de Ceballos, tras haber expirado ayer la condena a 12 meses de prisión, impuesta el año pasado.

El 24 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó, "su profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos". Destacó "su profunda preocupación por las denuncias recibidas acerca de la presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios" contra los opositores detenidos y exhortó al Estado de Venezuela "a buscar soluciones pacíficas a su actual problemática y a generar un diálogo con la oposición dentro del marco de la democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos".

"En el último año", dice la Comisión, "se ha registrado un aumento en las detenciones, agresiones y amenazas contra periodistas, así como en las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas críticos. Asimismo, aumentaron los procesos sancionatorios y persisten los problemas de escasez del papel de prensa y la prohibición de emitir a un canal de televisión para abonados. Se ha recibido también información sobre presuntos bloqueos al acceso a medios de comunicación a través de Internet y la adquisición de importantes medios privados por empresarios que proceden a despedir a periodistas críticos y a limitar las coberturas de situaciones de evidente interés público. Este panorama ha resultado en una reducción sustantiva del espacio y el debate públicos".

Y, para completar el panorama, tenemos que la organización no gubernamental Transparencia Internacional, ubica a Venezuela entre los peores lugares de su tabla sobre percepción de la corrupción para el año 2014. En el lugar 161, el mismo nivel que dos de los países más desdichados de nuestro planeta: Haití y Yemen.

A primera vista lo que sucede en Venezuela puede parecer inexplicable.

Pero, si lo pensamos bien, hay algo aún más difícil de explicar que ese régimen autoritario: la actitud de cómplice indiferencia —cuando no de apoyo explícito o de intentar seguir su ejemplo— de los demás países latinoamericanos ante tremenda tragedia.

Editorial