Editorial

Voto exterior y Corte Electoral

Son consignas que olvidan que Uruguay es la mejor democracia de Sudamérica y una de las más respetadas del mundo, justamente, por su calidad institucional en torno a las garantías para el sufragio ciudadano.

Hay quienes creen que el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Senado sobre una comisión que estudiará las "alternativas jurídicas" para la instrumentación del voto de los uruguayos que viven en el exterior es una cortina de humo: no es un tema prioritario de agenda ni tampoco es urgente. Empero, porque atañe a cuestiones esenciales de nuestra democracia, se trata de un asunto serio y muy grave.

En primer lugar, detrás de la iniciativa está la voluntad del Frente Amplio de contradecir la voluntad popular. En efecto, en 2009 solo el 38% de la ciudadanía apoyó con su voto una reforma constitucional que permitía el "voto epistolar (por correspondencia) desde el exterior de la República" y facultaba a la "Corte Electoral para instrumentar otros procedimientos". El texto es claro y no admite la menor duda: el pueblo se manifestó contra el voto epistolar y contra los otros procedimientos que la Corte pudiera instrumentar con el fin de votar desde el exterior.

No hay ninguna mayoría, ni comisión, ni voluntad partidaria oficialista que esté por encima de lo que fija la Constitución y de lo que expresamente decidió el pueblo votando en 2009. Que quede bien claro: cualquier iniciativa frenteamplista que pretenda cambiar nuestro régimen electoral contradiciendo lo que explícitamente dijo el pueblo, será un atentado contra la República.

En segundo lugar, la iniciativa frenteamplista por el voto en el exterior es contraria a la Constitución en una dimensión fundamental que ha sido poco anotada en estos días: el papel que cumple la Corte Electoral. En efecto, esa Corte es una autoridad independiente; se comunica directamente con los poderes públicos; y, atendiendo a su particular y tan importante tarea institucional, se conforma con mayorías especiales en la Asamblea General. ¿Y cuál es su tarea? Nada menos que conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales tal como lo fija el artículo 332 de la Constitución.

Cualquier iniciativa que desdiga o desdibuje el papel central de la Corte Electoral es contraria a la Constitución. En este sentido, es evidente que votar en un consulado uruguayo en el exterior contradice las garantías del sufragio más sagradas que fueron institucionalizadas hace casi un siglo ya en nuestro país. Porque aquel uruguayo que vote en un consulado en Barcelona, por ejemplo, lo estará haciendo ante funcionarios diplomáticos del gobierno —es decir, dependientes del Poder Ejecutivo—, sin participación de la Corte Electoral, ni tampoco control alguno de los delegados de los diferentes partidos políticos.

Pero hay más. Otra de las garantías fundamentales para el sufragio en nuestra democracia es que la Corte Electoral es la que se ocupa del Registro Cívico Nacional, ese que da lugar a la credencial cívica. No lo hace el Poder Ejecutivo, porque no se vota con la cédula ni con el pasaporte. Ese registro puede ser controlado por los partidos políticos que, además, tienen delegados en la Corte Electoral. ¿Cómo controlar la formación de un registro cívico en el exterior? ¿Qué garantías hay para el sufragio libre y justo, y qué garantías hay para los partidos de oposición, si quien lleva ese registro es dependiente del Poder Ejecutivo y vive a miles de kilómetros de Uruguay?

El Frente Amplio, con su voluntarismo conocido y su jacobino espíritu refundacional, cree que alcanza con promover el voto en el exterior para que el Uruguay sea más feliz y democrático. Olvida, con una soberbia adolescente y políticamente irresponsable, que el sustento mismo de todo el edificio democrático está en la legitimidad y el respeto de los resultados electorales. Y en nuestro país, ese sustento pasa por la independencia, seriedad y respeto de la institucionalidad de la Corte Electoral.

Algunos tontos argumentos de estos días han querido desmerecer al Uruguay señalando que se trata del único país del continente que no admite el voto desde el exterior.

Con el sufragio libre y justo no se juega. La mejor historia del país en su modernización posterior a la Constitución de 1918 y la mejor historia del Partido Nacional en particular, pasan por la exigencia de garantías que son las que permiten que el resultado electoral se ajuste estrictamente a la voluntad del pueblo votando. Sin mentiras y sin posibilidad de fraude electoral.

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