Editorial

El voto desde el exterior

Otra vez en año preelectoral el Frente Amplio pretende aprobar de apuro una ley inconstitucional para permitir que puedan votar los uruguayos radicados en el exterior.

Tal como lo hizo en 2013, el año previo a las últimas elecciones, el Frente Amplio volvió ahora a desenterrar la propuesta de habilitar el voto de los uruguayos desde el exterior, también en año preelectoral. Cin- co años después el tema retoma el centro del debate a instancias del FA, que parece convencido de que los emigrantes son una cantera de votos que les resulta propicia.

En Diputados se aprobó un proyecto, que en estos días retoma el Senado, según el cual una comisión multipartidaria reforzada con delegados de diversas instituciones debería presentar un proyecto de ley en 120 días para instrumentar ese voto. El proyecto, bastante confuso, se basa en una interpretación forzada de dos artículos de la Constitución que avalarían el derecho a votar desde el extranjero. Se busca esquivar de ese modo la convocatoria a un plebiscito de reforma constitucional, una vía legitimada por el Frente Amplio una década atrás, en donde la iniciativa de aprobar el voto epistolar apenas recogió el 38% de los votos.

Conviene anotar que aun cuando el proyecto de ley de esa comisión resultara aprobado sería inválido si no obtiene el apoyo de dos tercios de los legisladores de ambas cámaras, lo que obligaría a contar con el respaldo de la oposición. Esa amplia mayoría fue planteada por los constituyentes para toda modificación de las leyes electorales con la intención de que cualquier cambio en la materia deba hacerse con acuerdo del gobierno y la oposición.

Además, una ley de esa naturaleza aun en el caso improbable de que reuniera los dos tercios exigidos sería inconstitucional dado que, para empezar, el primer artículo de la Constitución establece con claridad que "la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio". La idea esencial del constituyente es que nuestro país basa su existencia en una suerte de asociación o pacto "para los ciudadanos" que lo habitan. Expertos constitucionalistas coinciden en que la solución sería modificar ese primer artículo en lugar de buscar interpretaciones inaceptables de otras normas del texto constitucional.

De ese modo queda claro que el único mecanismo aceptable es el plebiscito constitucional, una postura que el Frente Amplio compartió en 2009 al impulsar una votación popular al respecto, conjuntamente con las elecciones nacionales. El rechazo del pueblo uruguayo fue tan rotundo que pareció que por mucho tiempo el asunto no volvería a plantearse. No fue así, ya que apenas asumido el gobierno en 2010, el entonces canciller Luis Almagro se erigió en portavoz de los nuevos intentos reformistas que, por supuesto, no prosperaron hasta la fecha.

La izquierda gobernante alega que esta inquietud por remover el asunto no tiene fines electorales inmediatos ya que no se impondría para las elecciones del año próximo. Empero, este brote reformista en año preelectoral levanta sospechas y suspicacias justificadas. Con la rendición de cuentas en trámite y otros asuntos pendientes de mayor gravedad, llama la atención que se insista con urgencia en un asunto tan complejo y ya laudado por la ciudadanía.

Yendo al fondo del problema vale la pena reflexionar si se justifica o no que uruguayos radicados por años en el exterior —en donde han hecho sus vidas e integran comunidades con tradiciones y hábitos ajenos al Uruguay— tengan derecho a elegir a nuestros gobernantes. Uruguayos que pueden seguir muy apegados a su patria de origen, pero que no la viven, sufren o disfrutan a diario ni tampoco conocen a fondo sus problemas. En suma, gente que no reside en el país, que no paga aquí sus impuestos ni tienen la perspectiva de inquietarse por afrontar las consecuencias del sufragio que emiten. Da para discutir.

Por otra parte, la implementación del sistema para permitir que voten los uruguayos radicados en diversos puntos del planeta, presenta dificultades. El voto epistolar rechazado por la ciudadanía tenía debilidades y generaba confusiones cuando, por ejemplo, se decía que los uruguayos podían votar por correo "desde cualquier país" lo que daba a entender que incluía al propio Uruguay. En cuanto al voto consular, se han mostrado también las dificultades que plantea pues nuestro país tiene una red de consulados que no alcanza a cubrir todos los países o ciudades en donde residen uruguayos. Ello obligaría a los votantes del exterior a viajar hacia los centros consulares más cercanos con los consiguientes costos.

En suma, el respeto a la Constitución está de por medio en un tema ya definido por el electorado en un país que hoy tiene mayores problemas que atender.

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