Las elecciones recientes para el BPS han generado una ola de enojo y malhumor. Una amplia mayoría de la población no entendió ni para qué eran, ni por qué eran obligatorias, ni los motivos por los cuales ni siquiera había listas.

Pero, sobre todo, generó una montaña de votos en blanco, anulados, y de gente que directamente no hizo uso de su derecho, y prefirió asumir el eventual costo de una sanción. Se trata de un precedente peligroso, que se da de frente con el viejo mito de que a los uruguayos les gusta votar siempre que pueden, y que genera la inquietud de que se pueda estar perdiendo o relativizando la inquietud por participar en la vida política.

Pero la culpa nunca es de la gente, sino de un sistema notoriamente mal planificado, que no toma en cuenta los intereses ni la información que maneja el pueblo de a pie. Y que lejos de tener como máxima un desarrollo saludable del sistema democrático, lo que está reflejando es una lucha sorda de poder.

Desde hace ya varios años somos testigos de cómo en el debate público vienen tomando creciente protagonismo lo que se denominan "organizaciones sociales" o representantes de la "sociedad civil". Estas entidades reclaman un lugar central en la agenda pública, casi a la par de los legisladores electos por la ciudadanía.

A la vez, en varios organismos públicos como el BPS, la Salud Pública, y otros estamentos, los gobiernos frenteamplistas han hecho un esfuerzo llamativo por dar un lugar a esa difusa "representación social", otorgándoles un sitial de privilegio en los directorios.

¿Es esto una inocente casualidad? De ninguna forma. Es evidente para cualquiera que mire con un poco de profundidad, de donde salen en la mayoría de los casos estos "representantes sociales". Suelen ser miembros de la cúpula sindical, o activistas parapolíticos, siempre vinculados a la esfera del oficialismo. De esta forma, lo que se "vende" como una mayor posibilidad de participación de la sociedad en las cuestiones públicas, lo único que concreta es una devaluación del peso del voto del ciudadano común, y una sobrerrepresentación ilegítima de quienes se dedican en forma profesional al activismo político.

Mirado con amplitud, es una reproducción del modelo de manejo del propio Frente Amplio, tan criticado por varios de sus propios dirigentes, en el cual los representantes de las "bases" (en los hechos activistas de los sectores más radicales) terminan con su sobrerrepresentatividad, imponiendo definiciones que no tienen nada que ver con la voluntad de las genuinas mayorías de los votantes frentistas. Y es el mismo sistema que ha terminado de "pudrir" la política universitaria y tantos otros ambientes de legítima participación popular.

Se dan casos como el recientemente ocurrido en ASSE, donde el representante social que deberá ser la voz de más de un millón de uruguayos, fue elegido por... 38 votos. Así como lo lee. O las últimas huelgas universitarias, donde 20 o 30 personas definían conflictos que afectaban a cientos de miles.

La explicación de por qué algo como una elección en el BPS se hace obligatoria a nivel nacional (con veda alcohólica y otras estupideces) puede verse como un esfuerzo para que esas minorías sectarias y movilizadas, no se queden implacablemente con esa representación social. Pero es una medida absurda e inconducente.

Los uruguayos designamos a nuestros legítimos representantes para manejar los estamentos públicos cada cinco años, en elecciones nacionales donde elegimos entre partidos políticos. Es ahí donde definimos el perfil que queremos que tenga la conducción política del país, es ahí donde nos informamos y tomamos opciones. Y cinco años después, volvemos a analizar las cosas, y decidimos si al que elegimos la última vez lo premiamos con un nuevo apoyo, o lo castigamos tomando otra opción.

Todo lo demás es cuento. Es cháchara y habladurías con el claro fin de desviar la voluntad popular, imponiendo en cargos trascendentes a gente sin ninguna representatividad.

Y cuyo único fin es torcer esa voluntad ciudadana y reforzar el poder de fanáticos y activistas que se adornan con títulos rimbombantes y huecos, que siempre llevan por algún lado la palabrita "social", como si hubiera otro tipo de organización individual o animal con la que competir.

Hay que poner fin a esta mentira. Los uruguayos elegimos un gobierno y un parlamento cada cinco años. Ellos son los legítimos y únicos representantes de la voluntad popular. Si hay dudas de cómo gobernar el BPS o la Salud Pública, que les pregunten a ellos.

EDITORIAL