EDITORIAL
diario El País

La violencia y nosotros

El cobarde asesinato de un joven durante los festejos por la victoria del Club Nacional en el campeonato uruguayo de fútbol, ha generado una lógica indignación.

A la vez que ha vuelto a poner sobre la mesa desde el problema sobre el fanatismo en el fútbol, a las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la ola de violencia social.

El tema merece ser separado en partes para un correcto abordaje.

La primera tiene que ver con el fenómeno de la violencia asociada al fútbol, a los grupos fanatizados capaces de cometer cualquier barbaridad con la justificación de un amor irracional hacia los colores de un club. Y al delito organizado que prospera a la sombra de las prebendas que obtienen estos grupos de parte de los dirigentes, de las autoridades, y de la sociedad en general, que por un motivo atávico incomprensible, parece más proclive a tolerar cierto tipo de conductas antisociales, cuando se dan en el marco de los calores deportivos.

Pero más allá de este problema que ya parece ameritar un diagnóstico sicológico o sociológico a gran escala, es claro que existe una omisión imperdonable de las autoridades responsables de la seguridad pública en el país. No puede ser, que en un país de tres millones de habitantes, haya pequeños grupos de protomafias, asociadas a clubes deportivos, que se sientan con poder para hacer cualquier cosa. Ni que la sociedad en general, y una sociedad con las carencias que tiene la uruguaya, tenga que destinar recursos millonarios cada vez que se juega al fútbol, para hacer de claque a los excesos de rebeldía infantil de ciertos grupúsculos de inadaptados.

Acá hay que se claros. Esto es inaceptable, y una autoridad efectiva y racional a cargo de la seguridad pública, aplicando las herramientas de inteligencia actuales, debería desarticular a estos grupos de aspirantes a mafiosos, en una semana. Dando a la justicia elementos mínimos para aplicarles el peso de las leyes ya existentes.

La segunda parte, más compleja, tiene que ver con el crecimiento imparable de la violencia en ciertos sectores marginalizados de la sociedad uruguaya. Porque por la información que se maneja al momento de escribir este editorial, es verdad que lo del domingo fue un crimen vinculado a un partido de fútbol. Pero también, que ocurrió a una distancia importante del estadio y en un contexto que solo se explica en un ambiente que ha perdido todo respeto por la autoridad, y donde se hace un culto de la droga, de las armas, y de la total falta de respeto por la vida.

En una de esas salidas que nos hace repreguntarnos una y otra vez qué tiene el presidente Vázquez en la cabeza cuando lo mantiene todavía como ministro a Eduardo Bonomi, este sostuvo que “alguien dijo que hay que suspender el fútbol, yo digo, bueno habrá que suspender los matrimonios, porque la violencia de género es la segunda razón de homicidios después del ajuste de cuentas”.

Dentro del desnorteo y falta mínima de empatía y sentido del ridículo que suele ostentar Bonomi, hay algo que dice que es verdad. Y es que este crimen parece muy relacionado con el clima de violencia generalizada que se vive entre los uruguayos, particularmente en ciertos estamentos.

Lo que Bonomi no admite es que él y la visión ideológica de buena parte de su gobierno tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando.

Para empezar, cuando se dividió a nuestra ciudadanía entre quienes son asesinados, y quienes son objeto de “ajustes de cuentas”. Lo que se hizo con eso fue señalar que hay vidas que valen menos que otras, y que en determinados barrios y zonas, el matar a alguien tiene menos implicancias que en otros.

Por ese motivo, esos asesinatos nunca se esclarecen o se aclaran en base a confesiones compradas. Se han naturalizado como parte ya del paisaje. Seamos precisos, homicidios como el del domingo están ocurriendo todos los días en muchas zonas de la capital sin que nadie se los tome muy a pecho.

Lo que sucede es que cuando se desata un fenómeno así, nunca queda encapsulado en un barrio. Y tarde o temprano, nos golpea a todos. De ahí que el Estado, a través de la Policía y la Justicia, tiene que poner fin a este relajo. No puede haber un crimen que quede impune, ni en Casavalle, ni en Carrasco. Ningún uruguayo muerto merece que su caso se catalogue como “ajuste de cuentas”, y el crecimiento de la tasa de homicidios nunca se puede relativizar por el hecho que somos mejores que El Salvador. Todavía. Esperemos que el gobierno entrante tome nota y logre poner fin a esta espiral de violencia homicida, que cada vez nos pega más y más cerca.

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