EDITORIAL

A principios de la semana, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, al ser consultado por este diario durante su gira por Treinta y Tres, sobre los crímenes que provoca la violencia doméstica, en simples palabras propuso un cambio garrafal en el abordaje de la prevención. “Hay que vigilar al victimario y no a la víctima” y explicó que su intención era introducir este viraje a través de un decreto.

La conversación entre el periodista y el Dr. Lacalle surgió espoleada por una marcha en Artigas en repudio por el asesinato de una mujer de 42 años, Mariza Severo, la cual había denunciado a su expareja no solo por violencia, sino por haber sido amenazada con un cuchillo. Una amenaza que el individuo finalmente logró llevar a cabo, segando la vida de esta joven persona. La mujer, a pesar del riesgo, no había querido aceptar la vigilancia de un guardia. No le gustó la idea de estar continuamente custodiada. Y la verdad es que con esta práctica quien sufre la situación, irónicamente, es doblemente victimizada por la pérdida de privacidad que supone para ella, en lo personal y frente al barrio.

De inmediato surgieron críticas de alto voltaje con la clásica soberbia de los que ocupan u ocupaban cargos en el gobierno, como el ex director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Lo más suave, fue acusar a Lacalle de ser pura improvisación. Pero resulta que esto de vigilar al que amenaza, más que al amenazado, figura en la propuesta sobre seguridad integral presentada por el PN hace mucho. Donde también se incluye como punto trascendente, a la educación. Así lo aclaró el ex comisionado parlamentario para las cárceles Álvaro Garcé, asesor en esta temática de Luis Lacalle Pou.

O sea, que de improvisado, nada. Y al acusarlo luego en Facebook, de “absoluta ignorancia de lo que significa la protección a las víctimas” la rimbombante acusación es un verdadero boomerang, por más de un motivo. Para empezar, en reciente noticiero de Subrayado se informó que dos hombres imputados por violencia doméstica estaban siendo vigilados por la policía. Habrá que ver ahora, con qué se despacha el actual senador del MPP., Carrera. Y si de ignorancia se trata, habría que preguntarle por qué el Ministerio dirigido por Eduardo Bonomi hace más de un período, no ha aumentado la cantidad de pulseras electrónicas y el correspondiente monitoreo, dado que es la manera más eficaz y seguramente la más barata, en lugar de tener a cientos de policías haciendo de cancerberos. El Ministro se ha quejado más de una vez de que se pierde de utilizar a muchos agentes por este motivo (600) pero cabe preguntarse por qué no ha ampliado el eficiente sistema electrónico.

Por falta de tiempo no habrá sido. Ni tampoco es de recibo la respuesta de falta de recursos, porque ya se sabe que todo es cuestión de prioridades, buena gestión y que han sido muchos los años de abundancia para el gobierno. Se demoró más de 3 años para que llegara el primer envío a partir del anuncio ministerial y está visto que hacen falta muchas más, ya que ellos mismos reconocen su eficacia. En la actualidad desde la División de Política de Género informan que hay 700 tobilleras activas en casos de violencia doméstica y otras 39 para otros delitos. En el resto del país escasean y por eso han sucedido varias desgracias. Por otro lado, no tiene sentido que a los delincuentes con prisión domiciliaria no se los vigile de mejor manera, máxime después de la reforma del CPP ya que a menudo se transa y no van a prisión. Según la policía de Maldonado, por ejemplo, la orden hoy es, pulseras solo para violencia doméstica.

El año pasado murieron 31 mujeres por esta razón, según el estudio publicado por Fundapro. De acuerdo al Ministerio del Interior, en el año corrido de agosto 2018-2019, ya son 15 las occisas. Con lo impactante que son estas cifras, no es cuestión de quedarse en los números, por más alarmantes que sean. Cada caso, visto de cerca, agrede la sensibilidad de cualquier ser humano y desnuda las horribles falencias del sistema de prevención y protección. El jueves 15, Miriam Focco, de 39 años, fue degollada en su casa de la periferia de Montevideo y ultimado su compañero. El homicida, como suele suceder, había estado vinculado con ella. Sin embargo, esta tragedia seguramente hubiera podido evitarse. La mujer sabía que el hombre violaba las medidas cautelares y según sus propias palabras, grabadas en el celular, reclamaba ayuda. Pero su pedido de mayor protección nunca llegó, a pesar de que 24 horas antes de ser apuñalada había ido a la sede policial a ampliar la denuncia de hacía 2 días, y la jueza parece que recién se enteró de ello por la prensa.