El Intendente de Maldonado, Oscar De los Santos, está metido en un lío mayúsculo por haber otorgado directamente, -sin licitación pública- a la empresa Satenil S.A., la exclusividad de la publicidad en carteles y mobiliario urbano de su departamento. El lío es a varios niveles. Con el Tribunal de Cuentas, con la Junta Departamental y, en lo interno de su partido, con el diputado Darío Pérez y con dos o tres ediles. Es principio axiomático, en materia de contrataciones estatales, que toda adquisición o adjudicación de bienes o servicios -por encima de cierto monto reducido- requiere el previo llamado a licitación (art. 33 Tocaf). Como De los Santos se salteó el requisito, el Tribunal de Cuentas, por unanimidad, observó la manifiesta ilegalidad de lo actuado.

Pero el Intendente, en lugar de ajustar su proceder a Derecho y dar marcha atrás, acusó al Tribunal de ser "un organismo politizado" y siguió para adelante, sin ruborizarse. Es de la escuela de casi todos sus correligionarios. Entre ellos, los ediles montevideanos que, años atrás, cuando dicho órgano de control formuló observaciones al escandaloso subsidio del boleto -de autoría del entonces Intendente Vázquez- tuvieron el tupé de hacerle una denuncia penal a los ministros del Tribunal. En esta oportunidad, además, De los Santos, invirtiendo los roles, pretendió que aquel modificara su dictamen y le diera la razón. Naturalmente, fue por lana y salió trasquilado. Con la Junta, el enfrentamiento ha ido "in crescendo". Veinte ediles -incluyendo cinco frentistas- declararon nulo el contrato con Satenil y comunicaron al Intendente que debía rescindirlo. Este replicó vetando esa resolución. Volvió el asunto a la Junta, y si bien no hubo votos para levantar el veto sí los hubo, 17 en 31, para declarar "improcedente" el veto y pedir la reconsideración de la resolución. Lo único claro, en ese enfrentamiento jurídicamente confuso, es que el Intendente sigue para adelante y se va saliendo con la suya. Lo más publicitado es la batahola doméstica, que ha movilizado a casi toda la dirigencia del conglomerado gobernante.

Por las "lomas de Maldonado" -como las bautizara Benito Nardone- han andado más de una vez Mujica, Brovetto y Nin Novoa. Echaron todo el aceite que pudieron, pero no lograron aquietar las aguas. Darío Pérez siguió en las cuchillas, aunque dialogando y con buenos modales, y Gastón Pereira, presidente o ex presidente de la Junta, también. Alegaron que hay de por medio principios irrenunciables de cristalinidad en la gestión pública, en lo que les sobra la razón. Aunque ello está claro, como el alúd informativo respecto a esta reyerta prescinde de valoraciones éticas y políticas, es de orden señalar que el esfuerzo de los prohombres frenteamplistas no ha apuntado a defender la legalidad ni a hacerle entender al Intendente que, no sólo debe ser honesto sino parecerlo. Y que cuando se vincula -malevolentemente, quizás- el nombre de Valenti y su esposa a la empresa beneficiada, no basta, para desvirtuar el cargo, con alegar infantilmente que, por tratarse de una sociedad anónima, ignora quienes la integran. ¿Acaso negoció el contrato con una entelequia jurídica o con fantasmas?

Lo que quisieron obtener, sin éxito, Mujica, Brovetto y Nin Novoa, fue que el sublevado se tragara sus escrúpulos legalistas y se alinearan con la ortodoxia partidaria. Esta, está por supuesto identificada con la gestión del Intendente, a la que hay que defender a cualquier precio, por más que tal gestión sea objetivamente censurable, como lo es. Y por más que el precio vaya a contramano de la lógica, de la observancia del Derecho y de la apreciación serena de los hechos. Durante dos décadas, -1984 a 2004-, el accionar del Frente tuvo por único objetivo la conquista del poder, sacrificando a ese afán obsesivo los intereses nacionales, según lo confesara en Washington el actual subsecretario de Economía. Ahora, alcanzada la meta, el objetivo es mantenerse en el poder.

Para lograrlo, se prefiere insistir en el error, perseverar en la ilegalidad y persistir en la falta de transparencia, antes que reconocer los yerros y rectificar honestamente el camino. Y a quienes, dentro de filas, reivindican su independencia, se les exige cerrar filas con el oficialismo partidario.

A la vista está.