En el ranking de agujeros negros que han sembrado las administraciones del Frente Amplio, el tema de la regasificadora de Puntas de Sayago con sus 65 millones de dólares a cuestas ocupa un lugar importante, aunque está muy lejos de los 800 millones de dólares alcanzados por Ancap.

Pero tiene el privilegio, junto al ente petrolero, de que el Parlamento considere que es necesario instalar una comisión investigadora sobre la base de los informes presentados por el nacionalista Pablo Abdala, para aclarar lo allí sucedido, las responsabilidades políticas del caso y, si fuera pertinente, las denuncias penales correspondientes.

Allí no hay solo una pérdida para el Estado -la marca del FA que paga el pueblo con impuestos- sino que también están afectadas 380 empresas nacionales de distinto porte y de los rubros más variados que se ha presentado ante la Justicia reclamando un total superior a los 22 millones de dólares.

Mañana lunes, se instala la preinvestigadora para analizar la documentación y el miércoles presentará sus informes. El diputado frentista Gonzalo Mujica y el representante de Unidad Popular Enrique Rubio han anunciado su voto favorable, pese a que la ministra de Industria dice que no hay elementos nuevos porque ella misma dio respuesta y disipó la mayoría de las interrogantes. En el tintero le quedó que ese ministerio no contestó ninguno de los seis pedidos de informes que se le cursaron desde la Cámara de Diputados.

Veamos algunos datos de la regasificadora.

- La administración Mujica creó Gas Sayago, una empresa pública de derecho privado constituida por UTE (90%) y Ancap (10%) para la construcción y explotación de la Regasificadora, una de las mayores obras de infraestructura de la historia de Uruguay, con un costo de US$ 1.225 millones. El proyecto era inicialmente una obra binacional con la Argentina para producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. Ante la retirada kirchnerista del negocio, el gobierno decidió seguir adelante solo, pese a que el consumo uruguayo no superaría -en una proyección optimista- el millón de metros cúbicos diarios. Habría que exportar el resto.

- La obra fue adjudicada a GNLS, consorcio integrado por GDF-Suez y la compañía japonesa Marubeni, pese a que fue la segunda más cara de las cuatro que se presentaron y a los informes de la asesoría técnica de UTE y de una consultora internacional que plantearon dudas y cuestionamientos al proyecto. No contentos con eso, UTE y Ancap extendieron una “fianza solidaria” por “todas las obligaciones asumidas por Gas Sayago”, y además el Estado otorgó una “garantía soberana” en caso de que se incumpliera “cualquiera de las obligaciones garantizadas” firmada por el expresidente Mujica y el entonces ministro de Economía Fernando Lorenzo.

- GNLS contrató a la brasileña OAS para elaborar el proyecto ejecutivo de obra y construirla; y OAS subcontrató a varias firmas uruguayas para diferentes tareas. La presencia de OAS es todo un gran capítulo en la aventura de la regasificadora porque está directamente asociada a los escándalos de corrupción que se ventilan en la Justicia brasileña. La operación “Lava Jato” procesó con prisión al presidente de la empresa José Aldenario Pinheiro, y en los allanamientos realizados se encontró que OAS tenía presencia en 747 obras en Brasil, América Latina (Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay) y también Angola. Según un testimonio (del empresario Benedito Rodrigues) surgido de “un acuerdo de delación” en la Justicia brasileña, OAS llegó al país por contacto directo de Lula con Mujica y alguien que no fue Mujica cobró por ello.

- Desde febrero de 2015 las obras están paralizadas y más de 700 obreros de la construcción se encuentran en seguro de paro. El motivo inicial fueron las desavenencias entre GNLS y OAS y el pase de facturas entre ambas porque los números no cerraban. Finalmente OAS hizo las valijas y se fue. No se despidió de nadie. De GNLS poco se sabe: sí que cobró una buena indemnización de OAS que a su vez ya había recibido el pago de Gas Sayago por la construcción de la conexión con el gasoducto y que transfirió las obras al Estado uruguayo por la rescisión del contrato.

- Los términos de la rescisión del contrato no se conocen y la ministra Carolina Cosse se ha negado a revelarlo al Parlamento. El diputado Abdala apunta que en la interpelación de septiembre de 2015 afirmó que esos activos tenían un valor de US$ 100 millones. Sin embargo, en el balance del ejercicio 2015 de Gas Sayago se establece que “…las obras transferidas no reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas como un activo, dado que su valor no puede ser medido con fiabilidad”.

Esto recién está por empezar.

EDITORIAL