El debate sobre los viáticos de los legisladores debería cerrarse con la aprobación de reglas que obliguen a justificar la necesidad de cada viaje al exterior y que exijan una rendición de cuentas de los gastos realizados.

Los viajes al exterior de los parlamentarios están otra vez en el candelero debido a las denuncias de ciertos excesos cometidos por representantes de casi todos los partidos políticos. El tema no es nuevo sino que se arrastra desde hace décadas, a pesar de que legisladores del gobierno y la oposición coinciden en la necesidad de estudiar cambios en el actual régimen de viajes y viáticos que aplica el Parlamento.

En lo que va de la presente legislatura el Poder Legislativo destinó 526.000 dólares para viáticos, de los cuales solo se devolvieron apenas 46.000. Según las normas vigentes el parlamentario que recibe una remesa para viajar no está obligado a rendir cuentas de lo gastado ni a presentar facturas, por lo que esa diferencia entre lo entregado y lo devuelto no significa que exista violación de regla alguna. De todos modos muchos consideran que alguna limitación debería introducirse para evitar que el cobro de los viáticos se convierta en una fuente de abusos o en una forma de cobrar sobresueldos.

Un caso reciente ilustra los excesos. Se refiere a un diputado que viajó no hace mucho a Nueva York a una reunión en la sede de Naciones Unidas. De acuerdo a las tablas internacionales de costo de vida de cada país y ciudad de destino, la Cámara de Diputados le otorgó un viático de 2.500 dólares por tres días, es decir algo más de 800 dólares por día. A su retorno el viajero no hizo ningún reintegro pese a que, por más cara que esté esa ciudad, es evidente que la suma recibida rebasaba largamente sus necesidades. Si bien están en juego pequeñas sumas de dinero, episodios de este tipo desmerecen la imagen de los legisladores y del Poder Legislativo.

No es la primera vez que el Parlamento es noticia por ciertos despliegues dispendiosos que suscitan propuestas para reformar el sistema de concesión de pasajes y viáticos. Ocurrió años atrás cuando se supo que durante el quinquenio 2005-2010 la llamada "diplomacia parlamentaria" le costó al país más de dos millones y medio de dólares. Pese al revuelo nada cambió y la cuenta del quinquenio siguiente no fue mucho menor a pesar de las promesas de austeridad que se hicieron.

Se sabe que en el Poder Legislativo los viajes se distribuyen en proporción a los votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones, una forma de reparto que dista de ser la más adecuada. Lo recomendable sería colmar las reales necesidades del país en materia de misiones parlamentarias calibrando la importancia y utilidad de cada foro internacional. A esas citas debería acudir un número razonable de legisladores con una previa selección de los mejor preparados en el tema a tratar en cada encuentro y sin aplicar las dichosas cuotas políticas y los arreglos entre partidos.

Iniciativas de este tenor se oyeron un año atrás a raíz de las denuncias contra una nutrida delegación integrada por parlamentarios y funcionarios administrativos que se trasladó a Zambia para participar en una reunión. El grupo fue encabezado por Raúl Sendic, cuya cuenta de gastos mereció objeciones, entre ellas una reserva parcialmente utilizada de la suite más cara del mejor hotel de Lusaka.

Precisamente el nombre del vicepresidente volvió a sonar ahora debido a la forma en que utilizó su tarjeta corporativa cuando presidía Ancap. Hay una lista de gastos difícil de justificar que incluía compras como las de un colchón o adquisiciones de alimentos en supermercados nacionales. El debate sobre este caso indujo a un legislador frentista a ensayar una defensa de Sendic diciendo que algunos parlamentarios se preocupan por las tarjetas corporativas pero "no por el montón de dólares que llevan en el bolsillo y que nadie controla" cuando viajan al exterior, una acusación que revivió el debate sobre los viáticos.

Para evitar tales incidentes conviene que el Parlamento revise las reglas que rigen los viajes de sus miembros. Aparte de justificar en cada caso la necesidad del traslado al exterior, corresponde exigir una rendición de cuentas de los gastos realizados. De ese modo se evitará que al retorno de una misma misión algunos legisladores devuelvan ciertas cantidades y otros no reintegren nada, un sistema capaz de generar suspicacias y acusaciones recíprocas.

Nadie postula que nuestros parlamentarios deban aislarse dentro del país sino que, por el contrario, es conveniente que viajen para cumplir con los compromisos contraídos ante las organizaciones internacionales. Por ello es conveniente que los partidos políticos se dispongan de una buena vez a mejorar las prácticas en el manejo del siempre polémico rubro viáticos.

EDITORIAL