Editorial

Otra vez el voto consular

El Frente Amplio agita otra vez la iniciativa de habilitar el voto de los uruguayos radicados en el exterior. Al respecto, sus promotores hablan de impulsar una ley que necesitará mayorías especiales, lo que significa que requerirán el apoyo de la oposición.

Proyectos de este tenor estuvieron en danza durante el gobierno de José Mujica sin que prosperaran, entre otras razones porque hay quienes sostienen con fundamento que para aprobar el voto desde el exterior se necesita reformar la Constitución.

Los partidos de oposición deberán meditar a fondo si secundan esta idea recurrente del partido de gobierno.

Para empezar sería bueno que recordaran que un plebiscito de reforma constitucional consagrando el voto epistolar fue rechazado en el año 2009 por casi dos tercios del electorado. Resulta imposible olvidar una negativa tan aplastante, reveladora de una tendencia arraigada a otorgarles el derecho a voto solo a aquellos que viven y trabajan en la República y a retaceárselo a quienes están en el exterior.

El tema es discutible y la legislación comparada ofrece múltiples ejemplos sobre las soluciones para este dilema. Una de las más comunes es otorgarle a quienes viven fuera del país la posibilidad de elegir algunos miembros del Parlamento que serán quienes los representen. Otra consiste en habilitarlos a votar solo en cierto tipo de elecciones o para aprobar alguna reforma constitucional. También hay alternativas variadas en cuanto al sistema de votación, incluido el voto epistolar propuesto sin éxito entre nosotros, o el voto consular, que es el que ahora propulsan los dirigentes del Frente Amplio.

Antes de entrar en un debate de ese tipo habría que dirimir una duda inicial que es la planteada por el primer artículo de la Constitución que señala que "La República Oriental del Uruguay es la asociación de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio". Para algunos, fue voluntad del constituyente excluir del registro electoral a quienes viven fuera porque el país nace de una asociación o pacto "para los ciudadanos" como lo expresó en su tiempo el constituyente José Ellauri.

Conciente del impedimento, el Frente Amplio aceptó en un principio la necesidad de reformar la Constitución, pero registrado el fracaso del 2009 excitó el ingenio de varios juristas hasta conseguir que se instalara la idea de que la reforma se puede hacer por ley. Así fue que se redactaron proyectos en donde se interpreta que otros artículos de la Carta permitirían hacer lo que niega el artículo primero, afirmación polémica que no logra convencer ni a la cátedra ni a ciertos sectores de la oposición.

Durante su mandato, el propio Mujica explicó que no correspondía insistir en el tema dado que la idea había sido rechazada por la gran mayoría de los votantes y, como dijo, "porque en el acierto o el error los uruguayos así lo han querido". Sin embargo, desde la cancillería se volvió a la carga con el asunto abandonando la idea del voto epistolar y promoviendo el voto consular.

Uno de los argumentos más usados a favor de esta iniciativa es que resulta injusto que tengan derecho a voto solo los uruguayos que pueden pagarse un viaje de retorno al país lo que configuraría una discriminación basada en la riqueza personal de cada votante. Sostienen que "condicionar a la plata" el derecho a votar "es bastardear el tema". De ahí que se procure habilitarlos a sufragar estén donde estén.

Sin embargo, a poco que se piense el tema puede apreciarse que el voto consular no salva ese tipo de objeciones puesto que ese sufragio puede costarle caro al votante dado que no hay tantos consulados uruguayos repartidos por el mundo. Baste con pensar que en Argentina, Brasil, España o Estados Unidos, por citar cuatro países, hay consulados en las capitales y en las principales ciudades, lo que obligaría a quienes no viven en ellas a costearse el traslado hacia las localidades en donde pueden votar. Otro elemento a considerar es la necesidad de elaborar un padrón electoral con nombres y datos de todos los que estarían habilitados a votar desde el exterior, una labor compleja en la cual pueden surgir dificultades —y errores— de todo tipo.

De todos modos, más allá de esos reparos de carácter práctico, pesan objeciones de fondo. La más importante de ellas es que resulta injusto permitir que voten quienes no viven en Uruguay ni pagan aquí sus impuestos ni están dispuestos a afrontar las consecuencias de su voto.

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