El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, insiste tercamente con el argumento de la "herencia maldita" para justificar el auge de la delincuencia en nuestro país. Según declaró en una entrevista en el semanario Crónicas Económicas, la crisis del 2002 produjo un "vuelco importante a la delincuencia producto del desempleo" del cual no nos hemos recuperado.

Así, la culpa de la inseguridad no es del Frente Amplio ni de la gestión del ministro sino de los partidos tradicionales. Así de sencillo, así de ridículo.

Con esta absurda afirmación Bono-mi pretende ignorar dos cosas. La primera es que pasaron 13 años desde aque- lla crisis, lapso suficiente para combatir la criminalidad con acciones preventi-vas y represivas, sobre todo por parte del Frente Amplio que estuvo más de una década gobernando bajo las caricias de una bonanza sin precedentes. La segunda es que ese mito del incremento de la delincuencia como producto de las crisis económicas está claramente desmentido por los datos recogidos en diversos países.

Tomemos, por ejemplo, el notorio caso de España, un país sumergido en una crisis tal que el desempleo trepó al 25%. En 2008, el año en que comenzaron los sobresaltos económicos, se cometían allí 51.9 delitos y faltas por cada mil habitantes. En 2014, las infracciones descendieron a 44.8 y todo indica que este año la cifra será aun menor. De acuerdo a la teoría sustentada por Bonomi las infracciones debieron subir en vez de bajar, pero no fue así. Son datos publicados hace un par de meses por el prestigioso diario madrileño El País que no suele dedicarse a elogiar las virtudes del gobierno de Mariano Rajoy.

Para quienes aduzcan que el caso español podría ser excepcional y que la reducción de la criminalidad quizás obedezca a razones tales como la mayor eficacia policial, ahí están los ejemplos de Grecia y Portugal, dos naciones que a pesar de sus graves dificultades figuran hoy entre las más seguras de Europa. Otros casos podrían citarse para demostrar que los dichos de Bonomi son una mera excusa para justificar las fallas de su gestión de más de un lustro al frente del ministerio del Interior así como las de sus siempre recordados antecesores, los socialistas José Díaz y Daisy Tourné.

Aparte de inexacta, la justificación que esboza Bonomi es una triquiñuela política tan desgastada a estas alturas que ni sus propios correligionarios se la tragan. En el tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio —siempre con mayorías parlamentarias y una abundancia de recursos poca veces vista— alegar que el actual récord de homicidios o el irreducible índice de las rapiñas se deben a lo sucedido en 2002 suena a tomadura de pelo.

Es además una prueba de la pobreza de argumentos del ministro que no tiene una mejor idea que utilizar el muy frentista recurso de aducir que la culpa la tuvo el otro, en este caso los partidos tradicionales cuya herencia aún están pagando estoicos gobernantes como Eduardo Bonomi.

Un ministro del Interior que tras un quinquenio en donde obtuvo magros resultados en materia de seguridad pública fue confirmado igualmente por Tabaré Vázquez. Lo hizo a expreso pedido de José Mujica quien en su campaña electoral de 2009 había presentado a Bonomi como el hombre indicado para las misiones "en las que no se puede fracasar". Más aun, tanta confianza tenía Mujica en Bonomi que había previsto convertirlo en una suerte de "superministro" y jefe de gabinete, figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin llegar a tanto habría que recordarle a Bonomi que como ministro del Interior es el ministro político por excelencia y que una de sus mayores preocupaciones debiera ser la de nutrir un diálogo civilizado entre gobierno y oposición. Empero, con su evocación de la "herencia maldita" y su tendencia a deslindar responsabilidades está claro que lo único que consigue es atizar el fuego, una práctica que para nada le conviene. No le conviene porque hay mucho para reprocharle, entre otras cosas el bajo porcentaje de delitos esclarecidos que ostenta la policía a pesar de los mayores recursos que se le han destinado en los últimos años. Unos recursos otorgados no solo para reforzar las filas policiales sino para tecnificar sus labores, lo que incluye al sistema de espionaje conocido como El Guardián, del cual poco se sabe.

A la vista de ese balance de gestión desfavorable convendría que el ministro evitara hacer política menuda con el drama de la seguridad pública, un asunto que en la percepción de la opinión pública continúa siendo uno de los mayores males que afligen al país.

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