En el libro publicado en 2009, "¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX", se analizan en el largo plazo las decisiones de gasto público del país. Se establece allí un compartible principio político que refiere a que los arbitrajes que hace el gobierno, en democracia, reflejan las opciones preferidas por los ciudadanos.

Así las cosas, no se puede responsabilizar solamente a los sucesivos gobiernos del siglo XX de su preferencia por privilegiar en el gasto público social (GPS) a los uruguayos de mayor edad. Ese sesgo pro-adulto, que se extendió por décadas, fue también una consecuencia de una opción colectiva y ciudadana que apoyó esa elección. Porque en una democracia plural como la nuestra, que abarca la enorme mayoría del siglo que estudia ese libro, si el ciudadano está disconforme con el gobierno puede perfectamente decidir una alternancia votando por otro partido que cambie de política.

Todo este argumento que analiza al país del siglo XX es muy útil para entender mejor a nuestra sociedad del siglo XXI. Por tres veces consecutivas, en elecciones libres y plurales, ella decidió dar su apoyo con mayoría absoluta en el Parlamento al Frente Amplio. En todos estos años la pobreza bajó y el poder adquisitivo aumentó. El crecimiento económico permitió así el ascenso social de amplias clases medias. Sin embargo, cuando se analizan las verdaderas cifras de GPS por ejemplo, se constata fácilmente que los cambios no fueron tan drásticos. Medido en porcentaje del total del gasto público, ese gasto con destino social no fue tan distinto al que los gobiernos de los años noventa definieron en su momento. Claro está, el monto en cifras absolutas sí ha sido mayor, porque el gasto público total es más grande. Pero en cuanto a la prioridad fiscal del GPS, las diferencias no son tan pronunciadas.

En lo que sí los gobiernos de izquierda han marcado diferencias es en su voluntad política de inyectar cientos de millones de dólares a las empresas públicas, sin preocuparse mayormente de que ellas tuvieran una gestión eficiente que les permitiera ser, efectivamente, las "palancas del desarrollo nacional". AFE precisa de millones de pesos de rentas generales para poder cerrar todos los años sus cuentas. Pluna fue un desastre, y además se decidió invertir 15 millones de dólares en Alas-U. UTE subvenciona carísimas energías alternativas; Antel, en vez de bajar tarifas, construye estadios- arena. En Ancap se terminará aportando más de 1.200 millones de dólares, entre altos precios de combustibles y capitalizaciones, para que no se funda. Finalmente, otro ejemplo de mala gestión sin buena inversión es OSE. Pierde decenas de millones de dólares por año por malas cañerías, lo que repercute en el costo del servicio. Y no hace las inversiones imprescindibles para asegurar la calidad de potabilidad del agua que, notoriamente, está siendo insuficiente.

¿Pero acaso todo esto no se sabe hace años? En un país como el nuestro, con prensa libre, la información circula; y con nuestras garantías democráticas, la oposición ha llamado a responsabilidades al gobierno en el Parlamento. Sin embargo, el pueblo decidió libremente apoyar tres veces al Frente Amplio. Legitimó así las opciones del gobierno en sus arbitrajes de gasto público.

Para expresarlo con más claridad, y tomando algunos ejemplos elementales entre tantos otros posibles: entre construir más liceos públicos en la cuenca de Casavalle o poner plata en AFE; entre extender las tobilleras a todos los casos de violencia doméstica o financiar Alas-U; entre invertir en formaciones profesionales para los 300.000 uruguayos más pobres o bancar el desfalco de Ancap; entre generar masivos planes de inserción laboral para los menores delincuentes o poner plata en Pluna; entre invertir más dinero para que dejemos de tener uno de cada cuatro niños en situación de pobreza o subvencionar los emprendimientos de energía eólica, el gobierno siempre eligió, cada vez, la segunda opción.

Cuando los libros de historia escriban sobre estos años, tendrán que narrar cómo la sociedad uruguaya fijó sus prioridades de gasto público. Siempre con el argumento de que se trataba de apoyar a las "palancas del desarrollo", ella legitimó con su voto subvencionar en cifras siderales a empresas públicas ineficientes.

En vez de propender al verdadero desarrollo y privilegiar a las generaciones más jóvenes que tanto precisan del apoyo estatal, prefirió rendir caro culto a sus mitologías nacionales.

Editorial