La presencia de una empresa casi monopólica, cercana al MLN, en los negocios con Venezuela y los préstamos a pérdida otorgados por el Fondo de Desarrollo, no fueron tenidos en cuenta por el FA para una investigación parlamentaria. Ahora llegaron a Crimen Organizado.

Los negocios con Venezuela y la administración de los recursos del Fondes habían hecho méritos suficientes para que el gobierno explicara a la ciudadanía cómo se había procedido.

Venezuela no es solo una dictadura, es una dictadura corrupta. Está peleando los peores lugares en el ranking mundial de Transparencia Internacional (166 entre 176). Si se negocia con ella, lo recomendable es hacerlo de manera absolutamente clara y no a través de una ignota empresa. En cuanto al Fondes, disponer de millones de dólares para algunas empresas privadas, en contra de lo aconsejado por los organismos técnicos del propio gobierno, es violar una regla elemental de gestión y coquetear con la corrupción.

En ninguno de los dos casos hubo transparencia, se prefirió ocultar y, en democracia, se abre entonces un camino para conocer lo ocurrido cuando los hechos tienen apariencia delictiva: la Justicia. Los diputados Rodrigo Goñi y Jaime Trobo del Partido Nacional junto con el independiente Gonzalo Mujica presentaron el jueves denuncia penal ante el Crimen Organizado. Veamos

1) Venezuela. Los orígenes de los negocios se encuentran en la creación de la Fundación Bolívar-Artigas (año 2005), con un fondo de US$ 200 millones aportados por el gobierno venezolano más el 12% de los pagos de Ancap (¡ay Ancap!) por la compra de petróleo a Pdvsa. Eran épocas en que el difunto presidente Chávez alardeaba de sus reservas por US$ 35.000 millones. En su primera etapa, se concretaron negocios e inversiones por 600 millones de dólares.

En abril de 2010, el presidente Mujica (recién asumido) viajó a Caracas con el objetivo de lanzar un nuevo capítulo de los negocios con Venezuela, cosa que se concretó en enero de 2011, donde se firmaron 13 acuerdos. La mayoría de ellos fueron signados por el canciller Luis Almagro (el mismo que hoy es Secretario General de la OEA, y hay gente que tan poco lo quiere), pero cuatro llevan la rúbrica de empresas privadas: dos Aire Fresco (seguridad alimentaria), uno Atlansur (logística) y uno Urutransfor (transformadores de alta potencia) mientras que las contrapartes son distintos ministros del Poder Popular.

Para Venezuela los negocios eran un tema de Estado, para el gobierno uruguayo algunos sí y otros no. ¿Por qué? ¿Quién designó a estas empresas para que firmaran como contraparte de empresas estatales venezolanas?

Allí es la aparición en sociedad de "Aire Fresco", representada por Omar Alaniz, exintegrante del Comité Central Tupamaro que vende 40.000 toneladas de arroz, 20 mil de trigo y 3.000 de pollos a Venezuela, y dos años más tarde, en 2013, acordó comercializar directamente con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela "en rubros alimenticios, vinculados sobre todo con productos avícolas, cárnicos, cereales y lácteos", según la página de Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Un gran supermercado uruguayo desconocido por la gente o un grupo de "empresarios" con sólidos contactos en la tierra de Chávez y Maduro, porque las llaves de ese mercado están en el círculo íntimo de nuestro expresidente.

2) Fondes. La vinculación de esta "velita al socialismo" de Mujica y los negocios con Venezuela viene porque las empresas "ayudadas" manejaban un horizonte comercial con el país caribeño, muchos de los cuales no existían pero servían de "pantalla" para justificar el dinero entregado. Para otras que subsisten, Venezuela era su principal —o único— comprador.

El Fondes, fundado en 2011 a instancia de Mujica, lleva perdidos 70 millones de dólares, como resultado de préstamos incobrables, que se sabía que eran incobrables. ¿Por qué se entregó este dinero si los organismos técnicos del gobierno decían que las "empresas" eran inviables?

Pero hay otro tema vinculado con el Fondes que realmente lastima. El dinero del Fondes sale de las utilidades del BROU, que presta dinero a muchos y distintos agentes económicos, pero que sobre todo tiene una importante cartera de clientes entre los más humildes que se conoce como los préstamos sociales. Hacia fines de año, por ejemplo, hubo más de 67.000 pasivos que renovaron préstamos de este tipo con el BROU, de forma de hacerse de algún dinero para enfrentar las fiestas. Esos jubilados pagan por sus préstamos una tasa nominal del 24% que junto con la cuota le descuentan sí o sí antes de cobrar, no les regalan nada ni les prenden velita alguna. En vez de reducir las altas tasas de interés de los préstamos que contratan los más pobres de la sociedad, el BROU obtiene de ellos parte de sus utilidades. Y son esas utilidades las que en estos años han ido a parar a las empresas del Fondes.

Algunos dirán que estas última reflexión poco tiene que ver con la denuncia penal. Puede que tengan razón, pero nos quedamos con ella. Es nuestra velita.

EDITORIAL