El lamentable proceso vivido con el Fondes, que nadie puede prever cómo terminará, constituye un episodio que solo en su mayor patología cabe vincular al expresidente, pero que en realidad contiene todos los elementos de otras conductas del gobierno con las que comparte su trasfondo político.

La vela prendida al socialismo, que explica en palabras de Mujica lo que ocurre con el Fondes, no es muy distinta a otras conductas que, referidas al gasto público, pretenden vincular la atención de necesidades desde el Estado con la Justicia con mayúscula, en el peculiar modo de entenderla de los socialistas: igualdad aunque sea hacia abajo, a partir de sacarle al que tiene más para darle al que, al juicio socialista, es más débil.

El Fondes no es un caso aislado. Con él se quiso extraer dinero de los depositantes o de otras áreas del BROU —de allí proceden sus ganancias— para dárselo a empresas como Alas U, verdaderos agujeros negros que se sabía que no podían prosperar, con arreglo a procedimientos que no tienen que ver con el repago de las deudas, sino con viejos protocolos ideológicos. Pero la objeción que se propone en este editorial valdría también aunque los créditos se devolvieran. El planteo es anterior: consiste en discutir si es el Estado el que, afectando recursos tributarios de todos, tiene un derecho sin límites de asistir a quien se le ocurra. Y aquí la respuesta es un rotundo no. Aunque los socialistas creen lo contrario, no es una función básica del Estado la redistribución del ingreso. Y no lo es por varias razones: la primera, que intentar que todo el mundo gane lo mismo es profundamente injusto. No es la igualdad un fin valioso, porque la justicia es dar a cada uno según sus diferencias que las hay y muchas, y por tanto este valor consiste en tratar de modo desigual lo que de suyo es diferente. Sacarle a Juan para darle a Pedro, así sin más, solo porque Juan tiene más que Pedro, no solo es absurdo sino probablemente injusto.

El Estado debería tener como preocupación fundamental, no la distribución del ingreso, sino la devolución al contribuyente de sus recursos en bienes públicos. Estos son la salud, la educación, la justicia, la infraestructura, etc., incluso no necesariamente provistos todos ellos por el Estado sino asegurados por este, lo que no tiene que ver con su gestión directa. Es esta por otra parte la única forma de trabajar no por la igualdad que es discutible, sino por mejorar el nivel de vida de todos, que este sí es un objetivo compartible, conectado de modo indisoluble a la educación de calidad para todos, precisamente lo que el estado socialista hoy no asegura. Incluso cabe aceptar como bien público la asistencia —tampoco necesariamente con gestión directa— a la pobreza extrema, mucho mejor si es junto a instituciones intermedias de la sociedad. Pero cuando el estado deja de lado la obligación de devolver en bienes públicos los recursos de los contribuyentes, para preocuparse de sacar a Juan para darle a Pedro, o para administrar el comercio, o para meterse en la vida de las empresas, o para regular las costumbres familiares y aun privadas, no cumple su rol central.

El error de base es creer que una sociedad es más solidaria cuanto más se ocupa el Estado de los pobres y no es así. La solidaridad como virtud solo es valiosa si se ejerce libremente. Una sociedad como la nuestra, con una presión fiscal de más del 30% no es más solidaria que otra cuyo guarismo fuera la mitad. No se puede confundir el IVA del 22%, con la Teletón; o el Mides con el Movimiento Tacurú. En un caso hay obligación de pagar, en los otros hay una oportunidad de ayudar. Esto último es solidaridad, lo primero su caricatura. Hay un típico error socialista en esto: en dar un rol al Estado que no tiene, confundiéndolo todo: presión fiscal con solidaridad, los presidentes de la república con consejeros espirituales, los directores de la DGI con expertos en filantropía, el parlamento con una ONG.

Si se rompe el vínculo entre la recaudación tributaria y la obligación de devolver bienes públicos, si la idea es solo recaudar para hacer justicia con plata ajena en fines que después se verá cuáles son, esto es la siembra de populismo: repartir con arreglo a criterios que pueden incluir encender velas o armar fiestas, pero que no tienen que ver con la justicia. Esta forma de verla, como de igualar lo que es distinto aunque sea para abajo, está muy en el ADN uruguayo que cree que es justo que Nacional y Peñarol asistan a Rentistas o Progreso.

De manera que la vela de Mujica ha sido equivocada. Pero que no la miren con desprecio los cultores del famoso espacio fiscal que siendo más prolijo es casi lo mismo.

EDITORIAL