EDITORIAL
diario El País

Ni vacunas ni hisopados

Los docentes son los encargados de la educación de niños y jóvenes, de nuestros hijos y nietos. Son además referentes que tendrán a los largo de su vida y su influencia puede marcarlos para bien o para mal en el futuro.

La Constitución establece en su artículo 70 que “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media…”. Este mandato no es solo un derecho y un deber de los padres de velar por “el cuidado y la educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social” (art. 41 de la Carta), sino que es también uno de los derechos fundamentales del niño y como tal, impone al Estado la obligación de crear, administrar y defender un servicio que haga posible su cumplimiento.

El Estado no solo debe preocuparse que los chicos asistan a sus clases, sino que primero debe asegurarse que existan clases y que existan docentes que enseñen a esos niños. Y, obviamente, que no amenacen su salud y mucho menos que pongan en peligro su vida.

El número de contagiados por el COVID sigue implacable en su ascenso. El virus viene por cualquier lado. Hace tiempo que ha escapado de control en todos los departamentos y las esperanzas de lograr salir de esta amenaza apuntan a la vacunación masiva.

La enorme mayoría de la población ha entendido el reto y está dispuesta a dar el paso para ello. Tienen claro que el peligro es cada vez mayor y la vacuna es el único camino para hacerlo. Y cuanto antes puedan vacunarse, mejor. Para la persona, la familia y todos aquellos que lo rodean.

Esto, que parece tan natural, simple y sencillo no lo entienden los docentes uruguayos. Se niegan a vacunarse contra el coronavirus (¿será un problema ideológico o hay otros motivos que no se han denunciado?) y rechazan así los controles mínimos que les exigen las autoridades sanitarias para garantizar la salud de los educandos.

Solo el 61% de los docentes se vacunó. Al no ser obligatoria la vacunación el gobierno debió buscar otros caminos en defensa de los niños. En ese marco fue que el presidente Lacalle Pou anunció el martes que en la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Salud Pública Daniel Salinas había propuesto que todos aquellos docentes que decidieran no darse la vacuna, se realizaran cada semana un test de antígenos (un análisis rápido a través de un hisopado) para descartar el COVID. Como bien dijo Salinas, aquellos docentes que se niegan a vacunarse tienen derecho, puesto que nadie los obliga, pero “no tienen derecho a infectar a los niños y sus familias”.

Dirigentes sindicales de maestros y profesores no comparten las urgencias del gobierno y menos las propuestas de sustituir las vacunas con un test de antígenos semanales. Para la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, “la idea de Salinas es inviable, no es ni siquiera posible de instrumentar” y no cree que se “imponga” porque “el gobierno tiene la línea de la libertad”. Mientras que para Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de la Educación Secundaria (ADES) se “sigue ofreciendo una solución que escapa a la realidad… Acá hay una campaña de mentirle a la población. Acá hay una política de presencialidad a bajo costo porque hubo un recorte presupuestal brutal y están mintiendo”.

Lejos de asumir la gravedad de la situación sanitaria del país y buscar y dar garantías para sus educandos, los caprichos docentes los llevan a ponerse en la vereda de enfrente y exponerlos a la amenaza que significa el virus.

Otra vez el palo en la rueda, defender lo indefendible. Los sindicatos de la enseñanza -sobre todo ADES- se caracterizan por sus reclamos y las medidas para sostenerlos, que no reparan en daños ni en niños o jóvenes a la hora de sus exigencias y los métodos que eligen para respaldarlos.

Lejos de asumir la gravedad de la situación sanitaria del país y buscar y dar garantías para sus educandos, los caprichos los llevan a ponerse en la vereda de enfrente. ¿Cuál es el motivo por el que se rechaza la vacunación o los hisopados? ¿Acaso no se debe proteger a los alumnos y asegurarse de su salud primero, para así poder estudiar?

Ni que hablar del derecho a estudiar, el derecho a la educación que tienen: la historia dice que invariablemente queda relegado y que la manera de presionar es cercenando justamente ese derecho. Pero, la diferencia con ese pasado es que ahora lo que está en juego es la salud de esos chicos.

¿No hay un poco de sensibilidad para anteponer un niño sano a una posición ideológica?

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