EDITORIAL

En nuestra tierra también surgen cosas que demuestran sin ir más lejos, que la izquierda, al frente hace años del gobierno, de las dirigencias en la salud, de los gremios, no ha sido ni es garante de honorabilidad. Tampoco trajo con ella la probidad de la que hacía gran alarde.

Hasta ahora el Uruguay se ha salvado de caer "escrachado" por los millonarios "aportes bajo la mesa" que empresas como la brasileña Odebrecht han "generosamente" entregado a partidos y líderes políticos. A ministerios, a empresas estatales y de las otras, a altos funcionarios, y un largo etcétera.

Tampoco estamos ante coyunturas tan lamentables como las de Perú, Brasil, Argentina, donde los primeros mandatarios o han tenido que renunciar, han marchado presos o están a las puertas de una prisión, como se ha visto y se ve en la región que nos circunda.

Pero esto no quiere decir que los uruguayos estemos vacunados contra la corrupción, porque las tentaciones y los sobornos a los que ejercen algún tipo de poder, ya sea mayor o menor, están en la naturaleza humana. Solo en sociedades con sólidos frenos morales y éticos, donde rigen los pesos y contrapesos, donde hay instituciones fuertes, donde hay prensa libre, donde hay un Poder Judicial independiente y firme y una legislación acorde, la honestidad es un valor tan respetado como generalizado.

Por de pronto, no podemos asegurar que no tengamos algún día una gran sorpresa, aunque ya se sabe que las escalas van de acuerdo a la economía de cada país. Los montos siderales de dinero mal habido que trascienden desde nuestros vecinos, difícilmente tengan un corolario de ese porte en nuestro territorio.

Pero es tan venal y tan censurable el cohecho, el robo o el fraude, ya sea grande o pequeño, que es absolutamente inaceptable que se busque minimizar el asunto de Lula con frases como: "es ri- dículo, se trata solo de un departamento, en comparación con las sumas enormes de otros casos..." como se les ha escuchado decir a algunos defensores locales del expresidente brasileño.

Dado que las cantidades son más chicas, diríase que en nuestro país se halla tácitamente establecido el mirar para otra parte; el no hacer olas; además de una aparente dosis de tolerancia o ingenuidad respecto de estos temas. Ejemplo de ello es que los fiscales o los jueces deduzcan que no ha habido enriquecimiento ilícito, porque abiertas la cuentas bancarias de los sospechosos no se descubre nada comprometedor ni propiedades que sugieran algo doloso tras ellas. Aun cuando es bien sabido que difícilmente alguien que tenga actos que ocultar deje huellas a la vista, en vez de disimular lo que sea detrás de un testaferro o algo similar. Es lo que acaba de suceder con el caso Ancap, después de que la oposición llevara a la justicia las denuncias de irregularidades descubiertas en el trabajo de la comisión investigadora parlamentaria ad hoc.

En nuestra tierra también surgen cosas aquí y allá que demuestran sin ir más lejos, que la izquierda, al frente desde hace años del gobierno, de las dirigencias en la salud, de los gremios, no ha sido ni es garante de honorabilidad. Tampoco trajo con ella la probidad de la que hacía gran alarde.

En el sector sindical, donde ya ha habido sonados casos como las denuncias al Pit-Cnt por el Plan de Vivienda, el dinero faltante en el sindicato de la industria frigorífica (Foica) o la más reciente noticia surgida tras la auditoría realizada en la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) en épocas de Alfredo Silva como su presidente.

Lo último es el destape de otra olla podrida, esta vez en (Afutu), el sindicato de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). A consecuencia de honorables inquietudes o debido a sordas luchas gremiales internas, se votó una auditoría y finalizada la misma, saltó a la luz que faltaban los balances de varios años. Se detectaron abultados desembolsos realizados con el dinero de los afiliados de los que no existen los correspondientes comprobantes. Mientras se acusan unos y otros de acuerdo al grupo sindical, según los estudios faltan documentar unos 560.000 dólares.

En lo que a Asse respecta —ese organismo dominado por el Partido Comunista que comanda a toda la salud, gracias a la Reforma orquestada por Daniel Olesker, llevada a cabo en el primer gobierno de Vázquez— desde hace tiempo asombra con los turbios episodios que se conocen un día y otro, como el escándalo de las ambulancias que ha cobrado un nuevo giro, aún más vergonzoso.

Tan vergonzoso como que su expresidente Susana Muñiz no hubiera forma de que dejara su sillón, hasta que le encontraron a Marcos Carámbula, un sucesor de su mismo sector. Además de trasladar a los enfermos en coches de una empresa de ambulancias que pertenece a tres médicos, algunos en altos cargos jerárquicos, del organismo, ahora resulta que muchos de los pacientes ni siquiera existían en esta tierra.