EDITORIAL

De la investigación por tráfico de drogas y homicidios con 600 policías movilizados y más de 70 allanamientos realizados en Casavalle, quedó claro que unas 200 personas habían tenido que abandonar sus casas por amenazas de delincuentes.

Lo que salió a la luz pública a raíz del "operativo mirador" que la policía condujo en Casava-lle el mes pasado es de una gravedad extrema. Nos obliga a reaccionar como sociedad si no queremos seguir viviendo en un país que es, en realidad, un Estado fallido.

La definición es dura pero hay que mirar a la realidad de frente y dejar de mentirnos en nuestra autocomplacencia. Un Estado fallido es aquel que no garantiza sus servicios básicos a toda la población porque ha perdido el control físico de una parte de su territorio y el monopolio del uso de la fuerza. De la investigación por tráfico de drogas y homicidios con más de 600 policías movilizados y con más de 70 allanamientos realizados en Casavalle, quedó claro que al menos unas 200 personas habían tenido que abandonar sus casas allí por amenazas de delincuentes. Además, se supo luego que bandas de narcodelincuentes se hacían del control de servicios de salud en el barrio y que había una deserción masiva de niños en la escuela porque sus padres, al temer por su seguridad, no los dejaban ir. Quedó claro, en definitiva, que nuestro Estado allí es un Estado fallido.

Se podrá decir que este presente de Casavalle, una de las zonas más pobres del país, viene tejiéndose desde hace mucho tiempo. Hace ya tres décadas que alrededor de la mitad del total de cada una de las nuevas generaciones de uruguayos son pobres o viven al límite de la pobreza. Hay una fractura social que lleva muchos años, con niños que viven por debajo de la línea de pobreza que crecen y que luego forman familias con ingresos que también están por debajo de esa línea. Medido por las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de acuerdo a los últimos dos censos, en 1996 más de la mitad de los niños menores de 4 años de edad sufrían al menos una NBI. En 2011, era el caso de cerca de la mitad de los menores de 14 años.

Todos sabemos que la forma de revertir esta situación inicial de pobreza es obtener herramientas de conocimientos a través de la educación formal que permitan a las nuevas generaciones conseguir un trabajo que pague bien por esa mano de obra calificada. Pero eso en realidad hace mucho que no está ocurriendo. En el quintil de la población de ingresos más bajo, menos del 20% de los jóvenes termina la enseñanza media. Las pruebas PISA de 2012 a alumnos de 15 años escolarizados mostraron que entre los jóvenes de contexto sociocultural desfavorable, 7 de cada 10 no entienden lo que leen. No tienen capital cultural ni social, ni calificación laboral. Jamás podrán mejorar su vida, ahorrar y ascender socialmente, así sea que trabajen 14 horas diarias.

Así las cosas, no hay urgencia más grave para el futuro del país que resolver esta tremenda fractura social. Hay que volver a mostrar que el camino para salir adelante es el de la decencia y el trabajo honesto; hay que deslegitimar el éxito efímero de los delincuentes de plata dulce; hay que aprender cómo hicieron otros países que ya enfrentaron estos problemas y avanzar decididamente en políticas que terminen con esta anomia social. Infelizmente, luego de trece años ya de gobiernos del Frente Amplio y con la mayor bonanza económica de la que se tenga memoria, es claro que la izquierda no se ocupó prioritariamente de este asunto.

Sin embargo, no es que no se le presentaran ideas ni es que no hubiera consciencia en la sociedad civil y en los partidos de oposición de cómo enfrentar este flagelo. Hace ya prácticamente dos años que el economista Ernesto Talvi, por ejemplo, dejó claro a partir de una investigación de su centro de estudios que para revertir esta situación angustiante del vínculo entre pobreza, juventud y delincuencia, hay que instalar 135 liceos modelo en las zonas carenciadas del país, dentro de las que por supuesto se encuentra Casavalle. Lo mejor de todo es que la propuesta estaba evaluada y no presentaba un costo imposible para las cuentas públicas: 200 millones de dólares por año, que fue, comparativamente, prácticamente la misma cifra de dinero que perdió la gestión de Sendic y sus compañeros en Ancap durante el quinquenio del gobierno de Mujica.

O decidimos de una buena vez por todas dedicar recursos y energía a esta fractura social y rescatamos de la pobreza y de la tentación de la delincuencia a zonas enteras que viven desde hace demasiado tiempo en la miseria, o estamos condenados a vivir en un Estado fallido y a perder completamente el sentido de convivencia social que distinguió la identidad del Uruguay.

No se puede perder más tiempo.