Y eso que aún falta conocer dentro de muy poco los resultados de las pruebas PISA en las que participan los adolescentes de 13 a 15 años. En cada ocasión, las cifras demuestran el deterioro progresivo del nivel y las capacidades de gran parte de los estudiantes.

El Uruguay cómo está? No parece una pregunta difícil la que casi siempre nos hacen los extranjeros tras un rato de conversación. Sin embargo, no es sencilla la respuesta. Aunque a grandes rasgos no estamos tan mal e inclusive cada tanto aparece algunos de esos rankings donde nuestro país aparece bien posicionado en algún aspecto. Recientemente el Poder Judicial dio a conocer, modernamente vía Twitter, un estudio sobre la confianza de la población en el sistema jurídico, donde nuestro país ocupa el primer puesto en América Latina.

Pero hay motivos de sobra para ver el vaso medio vacío, y sin entrar a hablar de graves falencias como la pérdida de calidad de vida de los uruguayos a consecuencia del imparable aumento de la inseguridad, el estado de la salud pública, el grado de suciedad de su capital, el drama de la maternidad adolescente o el cinturón de asentamientos con varias generaciones que ya no poseen los valores ni la educación que distinguían a este país, basta fijarse en las noticias de cualquier día de la semana para desmoralizarse. Por ejemplo, con el informe del miércoles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con apreciaciones sumamente duras respecto de la enseñanza pública. El estudio advierte que el sistema carece de transparencia en el uso de los recursos. Que no se sabe quién manda, que hay carencia de liderazgo, que no está claro quién es el responsable de definir la política educativa ni de implementarla, ni de evaluar los resultados.

También se censura la representación docente dentro de la ANEP y hasta la califica de corporativismo. Además de proponer un cambio drástico en esta materia, juzga a su vez negativamente el papel de los inspectores por carecer de objetividad, claridad e independencia, agregamos nosotros. Se afirma que las evaluaciones de los docentes y directores no hacen énfasis en el mejoramiento de las competencias y prácticas profesionales. Que no se sabe como andan las cosas porque no hay transparencia, ni tampoco lo que sucede con los recursos que se destinan a un centro u otro y por qué. Y así continúa... Nada nuevo bajo el sol, desgraciadamente, pero el contenido impacta, no para bien.

Y eso que aún falta conocer dentro de muy poco los resultados de las pruebas PISA en las que participan los adolescentes de 13 a 15 años. En cada ocasión las cifras demuestran el deterioro progresivo del nivel y las capacidades de los estudiantes.

Ante semejante balde de agua fría, la reacción del sector no se hizo esperar y la tendencia general es el rechazo vehemente a las críticas. Lo que menos se percibe es una disposición de ánimo propensa a incorporar las observaciones para ver de mejorar la situación, a excepción del consejero electo por los docentes Robert Silva (Partido Colorado), quien se atrevió a decir que estaba de acuerdo con ciertos puntos y sobre otros le gustaría reflexionar. No sería extraño volver a escuchar aquello de que habría que terminar con estas pruebas que vienen del primer mundo y no tienen en cuenta la humanidad y otros dislates, ni que haya más de uno vituperando en estos momentos al exministro de Cultura Ehrlich, por haber pedido estos estudios.

La mayor asignación de recursos (un reclamo compartido con el sector) pero claramente definida y controlada, lleva a otra noticia relacionada y descorazonadora. Es una demostración de lo mucho y mal que el Estado gastó la gran cantidad de dinero que llegó a los "emergentes", gracias a las favorables condiciones internacionales que hicieron posible recaudaciones de tamaño histórico.

Una investigación realizada por la Cámara Nacional de Comercio lo muestra nítidamente. En ocho de los 10 años estudiados, bajo el gobierno del FA se gastó por encima de la regla fiscal del 3% del PBI, que fuera en principio propuesta por Astori (también la propuso Ernesto Talvi, de Ceres y la Academia Nacional de Economía). Su lógica era la de un porcentaje límite de egresos en función del crecimiento estructural del PBI, quedando fuera de la medición del gasto las partidas para intereses de la deuda uruguaya, inversiones, educación e INAU. En cambio, lo que se aplicó fue una política fiscal pro cíclica, con expensas promedio del gasto público de un 6,74% anual. Lo cual resulta en que ahora, cuando la situación externa ya no nos ayuda como antes, nos encontremos como la cigarra de la fábula de La Fontaine. De haberse tenido disciplina y sensatez, algo parecido a lo que hizo Chile, entre 2005 y 2014 deberían haberse ahorrado US$ 11.491 millones. Una suma más o menos equivalente al 20% del PBI de 2014.

EDITORIAL