Para un país relativamente pequeño como Uruguay contar con una base en la Antártida es un privilegio que otros muchos quisieran tener. Con su presencia en el lugar desde hace más de tres décadas, mediante la Base Artigas nuestro país afirma allí su voluntad de permanecer en la región e integrar el selecto grupo de naciones que componen el Tratado Antártico.

Asimismo, desarrolla el objetivo primordial de esa base que es la investigación científica, asunto que está en el centro de una polémica desatada durante el último verano y que involucra a los ministerios de Defensa y de Educación y Cultura.

La acción del ministerio de Defensa es esencial por cuanto la existencia de la base solo puede sustentarse con el apoyo de las Fuerzas Armadas tanto para lo logística como para su mantenimiento. La valiosa tarea científica que desarrolla Uruguay en la Antártida es la que explica la presencia del ministerio de Educación y Cultura.

Ambos ministerios están representados en la dirección del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), aunque es notoria la mayor gravitación de Defensa en los asuntos concernientes a la base.

La mezcla entre militares y científicos no es sencilla como lo prueban las recientes denuncias de estos últimos sobre la postergación que suelen sufrir durante las misiones que realizan en torno al continente helado en los meses del verano austral. Funcionarios del ministerio de Educación y Cultura acusan al ministerio de Defensa de "utilizar las bases como actividad turística" llevando "invitados vip" y haciendo "favores y gauchadas" a gente interesada en conocer la Antártica aunque ajena a la tarea científica.

Todo ello, aseguran, va en detrimento de la labor de los auténticos investigadores y su labor profesional.

Ante tales incriminaciones el ministro de Defensa publicó una carta en donde calificó las denuncias de "agraviantes y falaces".

Según él, que visiten la base personas no vinculadas a la ciencia "es normal en todos los Programas Nacionales Antárticos que trasladan a funcionarios de gobierno, gente de empresa o parlamentarios, para contribuir a la toma de decisiones y para concientización sobre la temática antártica". De ese modo, el ministro pretendió explicar las causas por las cuales en los vuelos de la Fuerza Aérea hasta la base vayan funcionarios de diversos ministerios, entre ellos, abogados, contadores o escribanos así como diplomáticos extranjeros y otras personas.

Dijo el ministro de Defensa que esos viajeros no vinculados directamente a la gestión antártica "sirvieron para gestionar y justificar refuerzos de rubros y mejoras en el proceso de gestión al tomar cabal conocimiento del funcionamiento que tiene la actividad del IAU". La visita de diplomáticos la justificó alegando que podía ser útil para lograr la cooperación de otros países. Las explicaciones ministeriales lucen demasiado frágiles como para resultar convincentes. Que haya que transportar funcionarios públicos a la Antártida para que entiendan lo que allí se hace, suena a mera excusa. En lo relativo a los diplomáticos no se aportó detalle alguno sobre los logros conseguidos por trasladarlos a la base.

Más allá de que cada viajero le cuesta al erario público varios miles de dólares, esta extraña corriente turística financiada por el Estado (vale decir, por todos nosotros) es criticada por los científicos que, según ellos, reciben "un trato diferencial negativo respecto de otros visitantes", al punto que comprueban que no hay "interés alguno por asegurar, ni tan siquiera por facilitar, la tarea científica". Señalan incluso que las plazas para ellos se ven reducidas dada la afluencia de invitados para "hacer turismo" como ocurrió en alguno de los vuelos concretados este verano.

Las denuncias, publicadas por el semanario Búsqueda semanas atrás y formuladas por funcionarios del ministerio de Educación y Cultura, así como por conocidos miembros de la comunidad científica, no deberían pasarse por alto. Los argumentos del ministro de Defensa, lejos de convencer, agravan las interrogantes. Todo lo cual obliga a los ministerios involucrados a revisar su actuación y definir con claridad las prioridades a otorgar a la investigación científica. Por esa razón, es necesario que el Instituto Antártico Uruguayo aumente la gravitación de los responsables de los temas científicos del ministerio de Educación y Cultura, la Facultad de Ciencias y el Instituto Clemente Estable, entre otros. Y el ministerio de Defensa lo que debe hacer es ponerse al servicio de esta causa científica, que es en definitiva la que justifica nuestra presencia activa en la Antártida.

EDITORIAL