EDITORIAL

Un turbulento año lectivo

El reclamo de un imposible 6% del PBI para la ANEP y la Udelar será el motivo de reiterados conflictos en la enseñanza a partir del comienzo de las clases.

Los dirigentes sindicales de la educación advirtieron que 2017 será un año conflictivo. Otro año más con los perjudicados de siempre que son los alumnos y sus familias. La próxima rendición de cuentas será el motivo de protestas y paros para reclamar que el 6% del PBI se destine a la ANEP y la Universidad de la República. Un porcentaje que todos reconocen como inalcanzable, pero que sirve para movilizar al sector educativo en procura de obtener mayores aumentos salariales.

Esto de fijar porcentajes del PBI viene de lejos. Recuérdese que en 1994, junto con las elecciones nacionales el Frente Amplio y los gremios de la enseñanza propusieron realizar un plebiscito para incorporar a la Constitución un artículo que obligara a los gobiernos a destinar ese 4.5% del producto a la educación. Ese plebiscito reclutó el apoyo de menos de un tercio de los votantes, el peor resultado obtenido por la izquierda consideradas todas las consultas populares que sus líderes generaron a granel cuando estaban en la oposición.

Es que la ciudadanía ya tenía claro por entonces que no era conveniente fijar porcentajes rígidos en la Constitución, algo que, para empezar, los reclamos actuales —el 6% en vez de aquel 4.5%— demuestran que era equivocado. Los promotores de aquella iniciativa tampoco lograron convencer a la gen- te sobre la necesidad de asegurar esa suba de recursos sin un programa de cambios que asegurara la eficacia de tamaña inversión. Los mismos argumentos que se utilizaron entonces vuelven a esgrimirse ahora aunque con protagonistas diferentes.

Curiosamente, uno de los adalides de aquel plebiscito constitucional —que incluso llegó a polemizar en televisión con gobernantes contrarios a la iniciativa plebiscitada— fue el actual ministro de Economía, Danilo Astori, quien en los últimos años, de manera reiterada, se viene manifestando en contra de establecer porcentajes del PBI, destinados a la enseñanza, en la Constitución. Son las paradojas de la vida y la política cuando se actúa según el lugar del mostrador que se ocupa más que por las convicciones que se tienen en la materia.

El ministro y el equipo económico en pleno afirman que se hará "todo lo posible" para alcanzar ese 6% que se coloca como una meta ideal. Algo similar, con Astori al frente, hicieron años atrás cuando prometieron cumplir con el 4.5% del PBI volcado a la Anep y a la Udelar, objetivo que sigue sin cumplirse hasta la fecha pues en las estimaciones presentadas suelen incluirse actividades docentes que se cumplen por fuera de los dos grandes entes de la enseñanza pública.

Por supuesto que a los gremios de la educación no les bastará con la promesa de ir hacia el 6% a lo largo de este mandato de Tabaré Vázquez sino que buscarán los incrementos salariales presionando con sus habituales medidas de lucha. A estas alturas parece inútil recordarles que en la última década se volcaron ingentes sumas de dinero a la educación sin que se notaran mejoras significativas en la calidad de la enseñanza que se imparte.

Más grave todavía, daría la impresión de que cuanto más recursos se entregan peores resultados se obtienen según revelaron a lo largo de los últimos años los indicadores de las pruebas PISA, esos datos que las autoridades de la enseñanza tozudamente se empeñan en descalificar o ignorar. Todo lo cual indica que solo con dinero no se arreglan las cosas como sostenía el gobierno del Partido Nacional en los años 90 cuando el Frente Amplio, incluido el entonces senador Astori, reclamaba más fondos, como si esa fuera la única panacea para curar los males de la educación.

Nadie duda de la relevancia del rol de los docentes en el sistema educativo y de su derecho a pedir buenas retribuciones por su trabajo. El problema es que la campaña que desarrollan sus dirigentes gremiales en tal sentido se queda en el reclamo, la queja y la denuncia sin ofrecer, en un diálogo maduro, soluciones a los problemas de fondo. Todo ello acompañado de medidas impopulares como dejar las aulas vacías, una forma de presión que sacó de casillas incluso a este gobierno encabezado por Vázquez cuando dos años atrás, ante una huelga en el sector, decretó la esencialidad de la educación, una medida nunca vista en nuestro país.

En virtud de tales antecedentes y de los anuncios tremendistas de los gremios es claro que este año lectivo, signado por ese porcentaje imposible del 6% para la ANEP y la Udelar, no será pacífico ni fructífero, todo lo cual irá en desmedro de la formación de niños y adolescentes, víctimas del interminable conflicto de la enseñanza.

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