EDITORIAL

Con tufillo “subversivo”

Los uruguayos, como país soberano e independiente que somos, elegimos y regimos nuestro destino. Ninguno de nosotros ha firmado nada a nadie transfiriendo el sagrado derecho de autogobernarnos.

Con la campaña electoral lanzada a pleno y a escasos días de las elecciones internas, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) -uno de los tantos engendros progresistas creados por ley para decirnos lo que está bien y lo que está mal- salió a cuestionar el contenido de las reformas constitucionales presentadas por el senador Larrañaga y el referéndum que autoriza el cambio de sexo en menores sin consentimiento de los padres impulsado por Álvaro Dastugue y Carlos Iafigliola. Para la Inddhh, cada vez que se proyecte y se habilite un referéndum o plebiscito, la Corte Electoral tendría que decidir si la iniciativa sirve para mejorar los derechos humanos o la considera regresiva, porque no pueden atentar contra “el principio (?) de no regresividad”.

Por más que la Inddhh aclaró luego que no se pronuncia sobre el contenido de ambas iniciativas, insistió en el “impacto que las consultas electorales podrían tener sobre los derechos humanos”, y su directivo Juan Faroppa señaló que “lo primero que se quiso hacer es llamar la atención para que la población esté informada. Luego recordarle al Estado, a la Corte Electoral o a la Suprema Corte, la necesidad de que se revise si hay una regresión en la protección de los derechos humanos”.

La Inddhh podrá decir lo que se le ocurra, pero lo que plantea es un verdadero disparate. Más aún, podría hasta calificarse de “subversión” en la definición de la Real Academia: “trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido”.

¿En qué se basa la Inddhh, un organismo creado por ley, para plantear consultas que no reclama para nada la Constitución? ¿Quién tiene el supremo poder de decir cuándo una reforma de la Carta tiene normas “regresivas”? ¿Quién las califica? Si no es el soberano pueblo uruguayo quien decide su destino, ¿quién lo hace? ¿Quién y por qué hay alguien, por encima del soberano que nos indica qué podemos hacer, qué normas podemos aprobar, qué nos está prohibido?

El Dr. Hoenir Sarthou es un destacado abogado y columnista del semanario Voces. El Dr. Leonardo Guzmán es un destacado abogado y columnista del diario El País. Del punto de vista político, ambos medios de comunicación y ambos periodistas están lejanos. Se podría decir que en las antípodas. Pero desde el punto de sus convicciones jurídicas, democráticas y republicanas, no lo están tanto. Sarthou (en su columna “Sin miedo” del pasado jueves) se pregunta si “¿la ciudadanía uruguaya tiene libertad para decidir democráticamente las reglas por las que se regirá o esa libertad está limitada por los tratados y fallos del derecho internacional de los derechos humanos?”. El viernes, en su columna “¿Vetando plebiscitos?”, Guzmán se pregunta “¿de dónde sacaría competencia la Corte Electoral para erigirse en juez de contenidos y hacer callar al pueblo?”.

Y Sarthou agrega: “El concepto de que alguna clase de autoridad está por encima de la voluntad de los ciudadanos puede ser muy seductor cuando alguien se siente desconforme con la forma en que el Estado en que vive resuelve los conflictos jurídicos. Pero (…) trae consecuencias imprevistas. La principal es que los ciudadanos renunciamos a intervenir en el derecho que habrá de regirnos, entregando ese poder a organismos internacionales”.

Clarísimo. Serán las Naciones Unidas, la Corte de La Haya, la OCDE o algún otro organismo de la enorme burocracia internacional quien se ocupe de decidir por los uruguayos, aunque ninguno de nosotros haya firmado nada a nadie transfiriendo el sagrado derecho de autogobernarnos. Por el contrario, está plenamente vigente la Constitución Nacional que en su artículo 2° dice que la República Oriental del Uruguay “es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero” y en su artículo 4° expresa que “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes…”. Los uruguayos, como país soberano e independiente que somos, elegimos y regimos nuestro destino. Dentro de los límites de nuestro territorio no hay norma alguna por encima de la Constitución y solo se aplica lo que los uruguayos hemos decidido.

El otro punto que rechina, es el momento en que a la Inddhh le da por sus advertencias. Hace tiempo que se sabe del plebiscito, pero se elige cuestionarlo a pocos días de las elecciones internas, cuan- do el principal promotor de la iniciativa -Jorge Larrañaga- se juega la presidencia y en momentos en que el oficialismo arrecia en su campaña para frenarlo, porque no hay dudas de que -más de 400.000 firmas mediante- será uno de los temas centrales al jugarse el futuro del próximo gobierno. Hay demasiado tufillo a decisión ideológica por encima del disparate jurídico, algo que se supone no está entre los cometidos de la Inddhh, por lo que la “subversión” es doble.

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