EDITORIAL

La actitud de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia sacando a luz datos personales de un ciudadano que discutió con el Presidente en la vía pública, está al filo del delito, muestra un nivel de intolerancia indigno y total ignorancia sobre el sistema republicano.

Hay muchas formas de analizar lo que pasó entre el presidente Vázquez y un grupo de productores rurales enojados. Se puede creer que fue un error del mandatario ingresar en una discusión de cancha de fútbol con un grupo de ciudadanos afectados por una situación injusta. Se puede opinar que fue una falta de respeto hacia la institución jerárquica más importante de país, la forma en que esos ciudadanos se dirigieron al Presidente. O se puede incluso pensar que es un signo saludable de la democracia uruguaya, que nada menos que el Presidente baje a la calle a discutir de igual a igual con la gente.

Lo que nunca, jamás, se puede tolerar, fue lo que hizo al día siguiente la oficina de Comunicación de la Presidencia.

A menos de 24 horas de este episodio, en el cual Vázquez terminó desencajado, y en un estado emocional alarmante para alguien de su edad, esa oficina publicó un comunicado oficial donde se difundió información personal de una de las personas que discutió con el Presidente, señalándolo como deudor contumaz de un instituto público, dando datos acerca de la zona donde vive, y sometiéndolo a un notorio escarnio público.

Esta actitud es inmoral, tiene visos muy claros de delito, y es síntoma de un defecto cada vez más alarmante que cunde en este gobierno: creer que las instituciones de la República son una extensión del Frente Amplio.

Es inmoral porque el Presidente de la República no está en el mismo nivel que el ciudadano que lo increpó. Ni cultural, ni económica, ni institucionalmente. Nadie obligó al Presidente a "bajar" a discutir con los ciudadanos, pero una vez que lo hace, es de bien nacido bancarse las consecuencias. Y durante todo el episodio, visto en video por medio país, Vázquez estuvo rodeado de su acostumbrado masivo operativo de seguridad y de su secretario de Comunicación. Y todos sabemos que si hay algo que Vázquez no hace es improvisar con estas cosas, así que si apostó a ese contacto, y salió mal, un demócrata genuino agacha la cabeza y se va para su casa.

Tiene visos de ilegalidad, porque la oficina de Presidencia tiene potestades para manejar información privada de los ciudadanos con el fin de cumplir con sus cometidos esenciales. Y no puede, no debe, usar ese privilegio para saldar cuentas con un modesto colono. Recordemos lo que dice el artículo 333 del Código Penal: "El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría".

Más allá de si lo que dice el comunicado oficial de Presidencia es cierto, quien sale mal parado no es el colono, sino el gobierno, que en 10 años no ha logrado hacer cumplir la ley. O cambiarla, que para algo tiene mayorías propias hace tres períodos en el Parlamento.

Pero tal vez lo más grave sea lo último. Y es el uso de las instituciones públicas, financiadas por toda la ciudadanía con sus impuestos, para atender los fines políticos menores (muy menores, en este caso) del partido político que ocupa circunstancialmente el gobierno.

La acción, el tono, y el momento en que se difunde esa información, es una respuesta netamente partidaria. Es un uso de la institucionalidad del país, esa que tanto se gargantea cuando es reconocida en el exterior, con un fin ruin.

Y no es la primera vez que pasa. Hay un extendido vicio de muchos jerarcas y oficinas del Estado de creer que ese partido, temporalmente en el gobierno, es el dueño de esas instituciones. Permanentemente se usan los medios estatales, desde los informativos del canal público hasta las cuentas en redes sociales de ministerios y organismos, con el fin de difundir mensajes partidarios. Los ejemplos son tantos, que haría falta una edición entera del diario para recordarlos.

Hay algo que esa gente parece no querer entender. Estas reglas legales y morales no son para beneficiar o perjudicar a nadie. Más pronto que tarde, el Frente Amplio va a dejar el gobierno, y cuando ello ocurra, a sus dirigentes no les va a gustar que se haga con ellos lo que están haciendo ahora con los demás. La institucionalidad de un país es algo que se construye despacio y en muchos años, pero se pierde muy rápido.

Solo queda esperar que el presidente Vázquez, rápidamente, tome distancia de ese comunicado infeliz de su oficina, y muestre con medidas drásticas su rechazo a esa acción patotera, ilegal, e impropia de la tradición de esta República.