EDITORIAL

Contra la trata de personas

Ante las recientes denuncias sobre las acciones de una red de traficantes de ciudadanos cubanos que llegan a Uruguay, se hace más imperiosa que nunca la aprobación de la nueva ley sobre la trata de personas que ya tiene media sanción en el Senado.

Noticias sobre ese infame tráfico humano conocido como la trata de personas golpean otra vez a nuestro país, confirmando así informes internacionales que indican que "Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas". En efecto, desde hace algún tiempo Interpol detectó una red de tráfico de ciudadanos cubanos que llegan a nuestro país previo pago de dinero y tras una penosa travesía por América del Sur.

Según Interpol la red tiene integrantes en Cuba, Guyana, Brasil y Uruguay. La saga empieza en Cuba en donde los traficantes ofrecen destinos en el sur empezando por venderles a los interesados pasajes a Guyana. Desde allí algunos logran pagar algún medio de transporte para ingresar a Brasil. Otros en cambio van a pie hasta cruzar ese enorme país vecino y llegar a la frontera con Uruguay. Son muchos los que desaparecen en el camino. En las fronteras de nuestro país se identifican y entran en calidad de refugiados.

Los traficantes lucran con la desesperación de los cubanos por salir de una isla acosada por el hambre y la falta de libertades. Uruguay es uno de los destinos ofrecidos y ello explica en parte la actual corriente migratoria que se registra desde la isla caribeña.

Una vez más estas denuncias dañan la imagen de nuestro país en el exterior por lo que resulta imperioso adoptar medidas para combatir la trata. Si bien nuestra legislación contiene normas para eliminar esta clase de delitos, la Cámara de Diputados trabaja sobre un proyecto de ley ya aprobado en el Senado que intenta prevenirlos y reprimirlos. Ese proyecto a estudio de una comisión estipula los lineamientos generales de la política en la materia, las responsabilidades del Estado, los derechos de las víctimas, la atención que se les debe prestar, la tipificación de los delitos y un conjunto de previsiones para mejorar la investigación en torno a la trata de personas.

A estas alturas es obvio que no son suficientes las normas vigentes, como la que en 2008 introdujo en nuestro ordenamiento penal la trata como delito autónomo. Tampoco basta la ratificación de convenios internacionales en la materia. Esas normas no alcanzan a cubrir los diferentes aspectos del problema por lo que desde hace tiempo se reclama una normativa más completa. El caso de los cubanos, como antes fue el de los dominicanos, demuestra que las redes delictivas siguen funcionando y que es preciso hacer los máximos esfuerzos para desbaratarlas.

En 2017 un informe del gobierno estadounidense reconoció los avances hechos en Uruguay al tiempo que expuso algunas carencias a solucionarse con la nueva ley. Una de ellas es imponer penas "suficientemente severas para los tratantes condenados". Allí se identifican casos en los cuales fueron condenadas personas por trata con fines de explotación sexual que recibieron penas "inadecuadas para disuadirlos de cometer estos delitos". También se indica que "no hubo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial".

Hay que decir que el proyecto aprobado en el Senado denota su inquietud por ese tipo de situaciones. Su articulado toma en cuenta las experiencias internacionales en la materia al tiempo que pretende crear normas más acordes con la realidad nacional. Ese esfuerzo de adaptación se hace patente cuando se advierte que la trata de personas es un fenómeno que en Uruguay afecta especialmente a las mujeres. Se advierte además que la trata con fines de explotación sexual ha sido la más detectada sin ignorar que se han constatado situaciones de trata laboral equiparables a formas de moderna esclavitud.

Mientras el proceso legislativo sigue adelante el gobierno no debería descuidar las acciones para frenar estos ilícitos. En los últimos años el ministerio del Interior capacitó a cientos de policías para que logren capturar a los miembros de estas redes criminales. Prueba de ello es que no hace mucho años se desarticularon redes dedicadas a este tráfico humano en el interior del país. Se sugiere además la idea de realizar campañas públicas para crear entre la gente más conciencia de la gravedad de la trata de personas. Al respecto se detecta en secto- res de la población cierta tendencia a tolerarla, una actitud que es necesario combatir.

Ante este panorama cabe urgir a la Cámara de Diputados para que apruebe esta ley con la que en general están de acuerdo tanto legisladores del gobierno como de la oposición. La trata es un delito deleznable reñido con la dignidad humana que merece la mayor atención de parte de los poderes públicos.

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