Un proyecto de ley apoyado por senadores del gobierno y de la oposición busca prevenir y reprimir la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, un delito deleznable y reñido con la dignidad humana.

A fines del año pasado, con la firma de cinco senadores de tres partidos políticos, se presentó formalmente en el Senado un proyecto de ley para combatir la trata de personas. El proyecto recoge los trabajos de una "Mesa Interinstitucional" integrada, entre otros, por delegados de varios ministerios, del Poder Judicial, del Inau, de la Udelar y diversas organizaciones no gubernamentales.

Tan masiva intervención confirma la relevancia que los poderes públicos de nuestro país le confieren a un problema que recién en los últimos años fue visualizado y calibrado en su real dimensión. Aparte de las alertas sobre la gravedad del tema a nivel local también influyeron en esa iniciativa parlamentaria las observaciones de organismos internacionales que señalaron a Uruguay como un "país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso".

En atención a tal inquietud, en 51 artículos se pretende abordar la trata de manera conjunta con la explotación de personas partiendo de la base de que esta última constituye el fin de la trata, delito que se procura prevenir y reprimir. El proyecto se ocupa de establecer los derechos de las víctimas, las responsabilidades del Estado, la política pública en la materia, la atención a las víctimas, la tipificación de los delitos y la adopción de medidas para investigar penalmente esta clase de ilícitos.

En la exposición de motivos se advierte que la trata de personas es una forma de "sometimiento y uso lucrativo de las personas que viola gravemente sus derechos humanos". Se aclara además que Uruguay ratificó los convenios internacionales y regionales vinculados al tema y que en 2008, con la aprobación de la ley 18.250 se introdujo la trata de personas como delito penal autónomo. Esas normas no alcanzaron a cubrir los diferentes aspectos del problema por lo que desde entonces se reclamó una normativa más completa que es la que ahora se presenta.

Lo interesante del caso es que los senadores firmantes —Carol Aviaga, Daisy Tourné, Constanza Moreira, Marcos Carámbula y Pedro Bordaberry, es decir, blancos, colorados y frentistas— se comprometieron a fondo en la resolución del problema en una demostración de que siempre es posible aunar esfuerzos a favor de buenas causas más allá de las distancias existentes entre gobierno y oposición. Sería bueno que ese sentido de cooperación entre adversarios políticos se extienda a otros ámbitos en donde también resulta imprescindible tejer acuerdos.

Hay que destacar además que el proyecto toma en cuenta experiencias internacionales, pero al mismo tiempo procura crear normas acordes a la realidad nacional. Ese esfuerzo de adaptación se nota cuando se advierte que la trata de personas es un fenómeno que en Uruguay afecta especialmente a mujeres adultas, jóvenes y adolescentes. De todos modos se indica que "la trata con fines de explotación sexual ha sido la más visibilizada en nuestro país, aunque en años recientes se han constatado casos de trata laboral, y aún permanecen ocultas otras formas de expresión del fenómeno".

Es de esperar que una vez terminado el receso parlamentario el Parlamento se dedique sin dilaciones al estudio y discusión de este proyecto cuya conversión en ley permitirá que nuestro país salga de una suerte de "lista negra" en donde está incluido por la frecuencia de episodios de trata que registra.

En tal sentido, un informe del Departamento de Estado difundido el año pasado, aunque reconoció que Uruguay hacía "esfuerzos significativos" por reprimir ese tipo de delitos, señalaba fallas en la legislación y un cierto grado de indiferencia ante el problema detectado en algunas instituciones y, sobre todo, en ciertos sectores de la población. Algo similar habían señalado años atrás expertos de Naciones Unidas que nos visitaron.

Mientras el proceso legislativo sigue su marcha el gobierno no debería descuidar las acciones para frenar la trata de personas. Se sabe que el ministerio del Interior está haciendo su trabajo en esa dirección, al capacitar a varios cientos de policías en la persecución de los responsables de la trata de personas. Prueba de ello es que en los últimos años se consumaron acciones policiales que desbarataron redes criminales de trata y explotación de mujeres en el interior del país.

En suma, bienvenido sea el esfuerzo conjunto de gobierno y oposición a nivel parlamentario para combatir un delito tan deleznable y reñido con la dignidad humana como es la trata de personas.

EDITORIAL