Editorial

Contra la trata de personas

Un acuerdo entre nuestro país y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) se firmó días atrás en la cancillería con el objetivo de trabajar en conjunto para elaborar "una ley integral contra la trata de personas y el tráfico de migrantes" en territorio uruguayo.

Nuestro país cuenta con leyes relativamente recientes en la materia como la 18.250 que penaliza a quienes participan en el tráfico de personas y a quienes cooperan con la explotación de seres humanos traídos para trabajar en condiciones denigrantes o reñidas con la dignidad humana.

El acuerdo firmado indica la voluntad del gobierno de ampliar y mejorar la legislación vigente cubriendo algunos vacíos denunciados por organizaciones internacionales. La inquietud es oportuna, sin duda, pues en varias ocasiones Uruguay ha sido señalado como un país que "no cumple con los mínimos estándares" para erradicar el tráfico y la trata de personas. Así lo hizo el año pasado el Departamento de Estado confirmando un dictamen anterior de expertos de Naciones Unidas que determinaron que nuestro país es "origen, tránsito y destino de trata de personas".

Diversos procedimientos policiales concretados en los últimos años prueban que hay bandas delictivas practicando entre nosotros ese tipo de crímenes aberrantes. Una de las actividades ilícitas más reprimidas en los últimos tiempos fue la de interceptar el traslado de extranjeros —mayoritariamente chinos o dominicanos— que hacían escala aquí previo a su ingreso a algún país vecino. En otros casos las acciones criminales desbaratadas por la policía se encaminaban a nutrir las redes locales dedicadas a la prostitución, algunas de ellas radicadas en el interior de nuestro país.

El acuerdo firmado entre la cancillería y la OIM señala que "la ley integral contra la trata de personas responde al cumplimiento de los compromisos asumidos por Uruguay a nivel internacional llevando a la práctica las recomendaciones" de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Según se explicó, la idea es identificar los puntos que necesitan intervención en cuanto a la trata de personas, lo que incluye la prevención del delito y la detección de los responsables así como la protección a las víctimas y sus familias. Tareas que exigirán la acción conjunta de diversas instituciones e incluso del sector privado.

Precisamente una de las objeciones formuladas a la ley 18.250 es que no contiene previsiones sobre la asistencia y reparación de las víctimas de esta clase de delitos. En los hechos, cuando la policía logra rescatar a las personas que se encuentran en las situaciones descritas, es el ministerio de Desarrollo Social quien se ocupa de atenderlos. Lo que se busca es proporcionarles a las víctimas de estos ilícitos cierta seguridad personal, asistencia y reparación. A ello se había comprometido nuestro país al suscribir en el año 2000 la convención de Palermo contra el tráfico ilícito de migrantes, lo que fue ratificado en 2005.

Una de las causas de preocupación de la OIM es el caso de República Dominicana, tercer país a nivel mundial con mayor auge de la trata de personas. Técnicos de esa organización estiman que unas 60.000 mujeres de esa nacionalidad son actualmente objeto de ese tráfico inhumano. Aprovechando que Uruguay permitía el ingreso sin visa de ciudadanos dominicanos, las bandas criminales empezaron a operar aquí tomando a Uruguay como destino definitivo o punto de escala. Las primeras señales de alerta sobre esta inesperada corriente migratoria provinieron de Naciones Unidas e incluso de la propia República Dominicana en donde diversos grupos locales se movilizan para denunciar la suerte que corren los dominicanos que caen en manos de estas siniestras redes.

Actualmente la citada ley referida a la migración sanciona el tránsito ilegítimo de personas por territorio uruguayo. Un tránsito que se concreta bajo dos formas delictivas tipificadas por la ley. La primera penaliza a quienes intervienen en el proceso de ingreso o egreso de personas en forma ilegal. La segunda condena a quienes participan en el "reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, y la explotación sexual" entre otras actividades irregulares.

Ahora, con la ayuda de la OIM, se trata de completar y mejorar esas normas para endurecer la lucha contra el inhumano comercio de personas practicado por grupos criminales que utilizan rutas y esquemas de trabajo también empleados para comercializar estupefacientes.

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