Editorial

Se trata de la libertad

La crisis generada por el —hasta ahora— inexistente título universitario de Raúl Sendic determinó que el presidente de la República y gran parte del Frente Amplio adoptaran una inaceptable actitud contra la prensa.

Tabaré Vázquez protestó contra la "información un poco ladeada" y anunció que impulsará un proyecto del gobierno para "trabajar en profundidad el tema informativo a la población". Esta amenaza se suma al ata-que del plenario de esa fuerza política contra los medios de comunicación a los que acusa de montar un intento de "debilitar la institucionalidad democrática del país".

La gravedad de esta agresión contra la prensa desencadenada por el torpe intento del Frente Amplio de defender un error del vicepresidente Sendic no puede pasarse por alto so pena de ignorar la vigencia de la libertad de expresión estipulada en Uruguay por el artículo 29 de la Constitución de la República. Esta suerte de comedia de enredos suscitada en torno al título de Licenciado de Sendic es muy poca cosa en comparación con la importancia de ese artículo que data de la Constitución de 1830 y que preserva una libertad cardinal que es "garantía y centinela de las demás libertades esenciales".

Por eso, es increíble que el frangollo perpetrado por el vicepresidente de la República sobre sus estudios juveniles en Cuba haya degenerado en una acometida contra los comunicadores encabezada por el propio Vázquez. En efecto, en lugar de echar aceite sobre la andanada lanzada el sábado pasado por el plenario contra la prensa, el presidente se encargó de atizar el fuego el domingo al cargar sobre los medios y, más grave aun, al anunciar en tono ambiguo una operación gubernamental para dotarse de sus propios "espacios amplios" en materia informativa.

Con ello, el presidente ignora la centralidad que ocupa el gobierno en el flujo diario de noticias, en donde sus representantes son quienes poseen los mayores espacios en los periódicos y quienes cosechan la mayor cantidad de segundos en los noticieros de televisión según todas las mediciones conocidas. Ignora también que los medios que tiene a su disposición, como las radios y el canal oficial de televisión, suelen desviar sus cometidos para convertirse en agentes de propaganda gubernamental en muchos de sus programas. Por si fuera poco, Vázquez parece desconocer con su propuesta que en los diarios y semanarios actualmente editados en nuestro país están plasmadas prácticamente todas las concepciones políticas, por lo que mal puede hablarse del predominio de una tendencia sobre las otras que justifique algún tipo de intervención gubernamental como la sugerida por el presidente.

¿Qué piensa hacer Vázquez para dotarse de esos espacios informativos "amplios"? ¿Acaso imitar a Cristina Kirchner o a Nicolás Maduro con sus constantes e infinitos discursos en cadena oficial? ¿Será posible que esté pensando en convertir en algo habitual la monótona oratoria que nos prodigó durante treinta largos minutos el pasado 1º de marzo, en donde cuantificó en tono elogioso la obra de gobierno omitiendo citar los fracasos en educación, seguridad pública y Ancap? Si ese es el camino, malos tiempos se avecinan para la República, sobre todo porque ese proyecto en germen denota que Vázquez comparte la idea del Plenario frentista de que la prensa, complotada con la oposición, busca "menoscabar la imagen y la credibilidad" del gobierno así como minar la estabilidad democrática.

Esa idea del complot —corriente entre quienes por su mentalidad conspirativa suelen descubrir conspiraciones a diestra y siniestra— es antigua en la izquierda gobernante. A poco de asumir Vázquez su primer gobierno —recuérdese— su ministra de confianza María Julia Muñoz denunció la acción de un "eje del mal" integrado por varios medios de comunicación que, según ella, se conjuraban para criticar al oficialismo. Esa idea ha devenido gradualmente en manía persecutoria para algunos —no todos— los dirigentes del Frente Amplio que, ante cada tropiezo del gobierno, disparan sus baterías contra el mensajero para disimular el contenido del mensaje y reducir el debate político a un enfrentamiento entre gobernantes y comunicadores.

Tal enfrentamiento no existe. Lo que existe es una prensa que pretende cumplir sus funciones elementales de informar y opinar, le guste o no al gobierno. Cualquier intento de restringir el cumplimiento de esas funciones equivale precisamente a debilitar a la democracia y las instituciones. Contra esa amenaza habrá que estar alertas pues se trata de defender la libertad.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados