Un decreto que sanciona a los funcionarios públicos que revelen el contenido de ciertos documentos, es el más reciente ataque a la ley de acceso a la información pública que Vázquez propició en su primer gobierno.

Otorgar a los ciudadanos la mayor información posible sobre la marcha del Estado fue una de las banderas del primer gobierno del Frente Amplio. La ley 13.381 de octubre de 2008, que consagró "el derecho de acceso a la información pública", fue presentada por el entonces presidente Tabaré Vázquez como "un gran avance democrático", "un seguro de transparencia" y "la solución al tradicional secretismo del Estado".

Sin embargo, tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio borraron con el codo lo escrito con la mano, ya que gradualmen-te el partido de gobierno fue limitando los alcances de aquella ley aprobada con bombos y platillos. Ese proceso de revisión culminó hace un par de meses con un decreto que dispuso sancionar como "falta muy grave" la filtración de documentos por parte de funcionarios públicos.

Aquella ley habilitó a cualquier persona interesada en los asuntos públicos a requerir datos de la administración estatal y de los entes públicos. Su articulado estipuló que cuando un organismo o su responsable niegan la información requerida es posible apelar a la justicia para lograr lo solicitado mediante un procedimiento breve y sumario. Al principio el sistema era amplio y generoso aunque estableció una zona de reser- va para informes que pudieran afectar, entre otras cosas, la seguridad públi- ca, las relaciones internacionales o la estabilidad económica, todo lo cual era razonable.

Un balance efectuado en los primeros dos años de aplicación de esas normas demostró que había más de un centenar de pedidos sin contestar y que el mecanismo ideado para sortear ese escollo no era eficaz. Periodistas y particulares empezaron a quejarse por la negativa a informar practicada por ciertos ministerios y otras instituciones públicas. Cinco años después de votada la ley, ya en el gobierno de José Mujica, se incluyeron dos artículos en una Rendición de Cuentas que redujeron la dichosa transparencia tan invocada por la izquierda.

Por un lado se autorizó el bloqueo informativo sobre asuntos que estuvieran en proceso de deliberación "hasta que sea adoptada la resolución respectiva", con lo cual se minó el derecho a conocer el contenido de decisiones en gestación. Por otro, se determinó que ante un pedido de acceso formulado por un interesado las dependencias estatales pueden clausurar el acceso a datos que previamente no se hubieran clasificado como reservados. Es decir que se ampliaron las prerrogativas para correr el velo sobre algunos temas en el preciso momento en que alguien pide detalles al respecto. Las manos alzadas del oficialismo votaron en el Parlamento aquel retroceso.

En tanto, la ley seguía vulnerándose en los hechos con casos notorios como la reserva total en torno a la gestión financiera de Pluna, en momentos en que el tema ardía en la opinión pública dado su abrupto cierre, sus pérdidas y la burla del remate adjudicado al "caballero de la derecha". Hubo otras muchas negativas a informar, entre ellas la relativa a los resultados de las pruebas sobre la contaminación del agua en el río Uruguay. Así, de hecho y de derecho se fueron mellando las normas que, según se decía, iban a "democratizar la información" en Uruguay".

A todo eso se agregaron recortes particulares como el dispuesto por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien resolvió extraer del dominio público cualquier acontecimiento policial, desde operativos contra la delincuencia hasta la ubicación de las nuevas seccionales policiales. Lo mismo hizo con los procedimientos disciplinarios e investigaciones administrativas. Las exclusiones resueltas por el ministro excedieron largamente las autorizadas por la ley de 2008, pero igualmente se aplicaron a pesar de las quejas de la prensa.

Ahora, como colofón de ese proceso de descaecimiento de la ley de 2008, se procura coartar la libertad de los funcionarios públicos para divulgar determinados documentos so pena de destitución. La Asociación de la Prensa Uruguaya y un grupo de periodistas actuando a título personal, presentaron un recurso contra ese decreto alegando que creaba "un antecedente muy grave" y que con su aplicación "la reserva pasaría a ser la regla, en lugar de ser la excepción", en perjuicio de la labor periodística y del derecho del público a ser informado.

Así, en su segundo gobierno, Vázquez debilitó aún más las normas de transparencia que propició años atrás aunque eso sí, tuvo especial cuidado en no firmar este último decreto restrictivo. Lo firmó Raúl Sendic mientras Vázquez estaba en gira por Europa durante el verano pasado. La prolijidad ante todo.

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