EDITORIAL

El último tramo

Si los Estados Unidos, con toda su eficiencia y productividad primermundista reduce impuestos, cómo será nuestra situación si no se empieza a discutir de verdad en qué se gasta y cuánto se tributa.

Se inicia el penúltimo año de un gobierno de izquierda absolutamente terminado, sin agenda, sin ideas, con el único objetivo de gobernar para rascar la lata, y dejar así al que venga un problema de rigideces económicas y sociales que tardará en arreglarse. Así es, en efecto: en lo económico la idea parece ser seguir tirando la pelota para adelante recaudando como se pueda, endeudando al país a razón de 2 mil millones de dólares más cada año, sin ninguna propuesta de buena administración ante este descalabro logrado con 15 años de mayorías absolutas. No hay nada pues en mejoras de gestión económica, y menos aún en el relacionamiento externo, tan necesario para un país de nuestras dimensiones. En efecto, la agenda internacional es este mamarracho de más aislamiento comercial y político, en un espectáculo desdoroso de un Poder Ejecutivo que parece querer —a estas alturas es dudoso— abrirse a algunos países del mundo, mientras sus sindicatos y comités de base mandan parar.

Por tanto en materia económica, más allá del acuerdo con UPM —que habrá que rehacer con otro gobierno— el actual solo busca mantener, sin que alcance, una presión tributaria de casi el 35% en promedio para mantener el clientelismo frentista aunque suponga una lápida para los negocios. Si Estados Unidos, con toda su eficiencia y productividad primermundista reduce impuestos, cómo será nuestra situación si no se empieza a discutir de verdad en qué se gasta y cuánto se tributa. En esto sí que el gobierno ha sido exitoso: en gastar derrochando, y no nos referimos solo a lo ocurrido por ejemplo en Ancap, una vergüenza que algunos quieren olvidar.

Para este ahogo de la actividad privada generado básicamente en la contratación de más empleados públicos, se corresponde con una infraestructura derruida, una educación decadente y con frecuentes agravios a la laicidad así como estafas a la verdad histórica.

Es lo que ocurre con la enseñanza pública en materia de género, o de historia reciente —Che Guevara, Tatitos, los tupas pelearon contra la dictadura, etc. Sin infraestructura, sin educación de calidad, con más presupuesto derrochado, sin seguridad, cabe preguntarse cómo fue posible, aumentando la presión fiscal sobre un producto creciente gracias al viento de cola —no fue otra cosa, basta compararse con otros países— cómo fue que con todo ese gasto no cambiara nada. Y la respuesta vuelve a ser la misma: mala gestión y 70 mil empleados públicos más.

Cuando uno ve en Argentina la lucha de un gobierno que cree en el sector privado, que quiere bajar impuestos, que desearía reducir gasto público y endeudarse menos, cuando en la práctica se ve que ese gobierno no puede practicar lo que desearía, uno entiende que todo pasa por su debilidad política. En cambio acá, con 15 años de mayorías absolutas, llegar a estos resultados macroeconómicos que deshacen la actividad privada no puede deberse a otra cosa que haber seguido la ideología socialista del Estado, fracasada en todo el planeta, bajo apariencias de solidaridad, de justicia y hasta de cuidado del ambiente.

Un capítulo especial de este desarreglo son las tarifas de las empresas públicas, cada vez más alejadas de la actividad económica genuina. A este respecto no deja de sorprender el análisis del gobierno cuando las compara con la evolución de la inflación como si eso fuera lo relevante.

Lo que en verdad importa es cómo evolucionan las tarifas respecto del mismo servicio en países con los que competimos: cómo es el valor del kW, del gasoil, en términos comparativos, eso es lo importante si queremos cuidar la competitividad. Claro que con este gobierno es algo ilusorio esperar que se cuide un concepto tan capitalista como la eficiencia. Véase por ejemplo que desde febrero de 2003 hasta ahora la inflación en Estados Unidos fue del 35%, en tanto la inflación uruguaya en dólares fue de 199%. Y pretenden seguir recaudando de un sector exportador que ya se está endeudando con fuerza, en un país en el que agregar valor por los costos internos supone siempre perder competitividad y no generar empleo.

A todo lo anterior hay que sumar el agravio continuo y muchas veces explícito al sistema de derecho y la constitucionalidad de muchas leyes, a los derechos de propiedad y, muy especialmente a la libertad empresarial que es libertad a secas. En efecto, lenta pero imperceptiblemente se ha reintroducido un concepto socialista que supone que hay que pedir permiso para todo, ya que el poder reside en el Estado: permiso para trabajar, para exportar, para sembrar, para regar, para importar, para todo.

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