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Estamos todos en peligro

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Los casos de Covid han trepado a cifras desconocidas y diariamente andan en el entorno de los 500. El número de muertos crece y cada día son más utilizadas las camas de los CTI. Si esto no es una situación de emergencia sanitaria, la verdad es que no sabemos cuál puede ser.

El miércoles pasado habló el Presidente de la República. Hizo una clara, sobria y preocupante descripción de la realidad nacional, de sus peligros inminentes y de la necesidad de adoptar medidas más severas en el combate al virus porque en la población había por momentos situaciones de descontrol u omisiones que fomentaban su multiplicación.

Es más, en las previsiones del Grupo de Asesor Científico Honorario se manejó la posibilidad que, de no haber un cambio en la actitud de los uruguayos, la cifra de contagiados crecería hasta unos 1.200 diarios antes de fin de año.

Lacalle Pou enumeró una serie de disposiciones que van desde la prohibición de entrar al Uruguay desde el 21 de diciembre al 10 de enero, a reiterar el teletrabajo en las oficinas públicas e instar a hacerlo también en las empresas privadas; planteó además extender los horarios comerciales para la fiestas con extremo cuidado en el número de visitantes; estableció un aforo máximo en el transporte interdepartamental y propuso un control estricto de fiestas y reuniones, que incluye la limitación al derecho de reunión previsto en el artículo 38 de la Constitución. Que dice así: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.

Lo que parecía una mera cuestión de trámite para su aprobación en el Parlamento, porque el coronavirus se ha convertido en algo más que una amenaza, se transformó en sesiones tan maratónicas como bizantinas porque el Frente Amplio se negó a apoyar y optó por el viejo mecanismo del palo en la rueda.

La excusa principal fue que no debía ser la policía quien actuara en los casos de aglomeraciones (“de personas que generen un notorio riesgo sanitario”), y sí lo hicieran funcionarios de Salud Pública. Vamos a no inventar: la policía (también conocida como guardiaciviles) es la institución encargada de garantizar el orden y la seguridad en el país. Los funcionarios de Salud Pública pelean contra el virus en otro escenario muy complicado y bastante trabajo tienen ya incorporado como para ir haciendo suplencias que no les competen.

Lo que el FA omite sistemáticamente en sus discursos es que en esta lucha contra el coronavirus está en juego la salud y la vida de los uruguayos. Que esos son los derechos primeros de la Constitución y que ellos son la prioridad del Presidente.

Pero, no es nada nuevo viniendo del FA. Cuando a mediados de marzo (recién aparecido el virus) el gobierno apostó a la responsabilidad de los ciudadanos y con su apoyo a la política de la cuarentena voluntaria, de buscar no salir en forma innecesaria de sus casas y cuidar el distanciamiento, de inmediato se puso en la vereda de enfrente y, junto al Sindicato Médico del Uruguay, reclamó una inmediata cuarentena obligatoria. Con todo lo que ella significa sobre la libertad de las personas y, si es obligatoria, con detenciones y sanciones incluidas (¿Medidas Prontas de Seguridad?). El Pit-Cnt, por su parte, contribuyó con una caceroleada contra el gobierno porque sus medidas “eran insuficientes”, en sintonía con sus camaradas. ¿Repetirá ahora? ¿Son hinchas de los estados policíacos al estilo de Venezuela o Cuba?

Lo que el Frente omite sistemáticamente es que en esta lucha contra el coronavirus está en juego la salud y la vida de los uruguayos. Que esos son los derechos primeros de la Constitución y que ellos son la prioridad del Presidente. Lo ha dicho y lo ha demostrado cuantas veces ha sido necesario e incluso más. Que no son cosas con las que se pueda jugar o especular y, por el contrario, que deberían ser la primera preocupación de cualquier fuerza política. Pero si sigue ensimismado y molesto por su derrota y en practicar política con “p” minúscula, toda la sociedad y la historia le pasarán una cuenta imposible de levantar.

El desafío que enfrenta el país es muy grande, porque si se cumplen los pronósticos manejados por el GACH de 1.200 casos por día a fin de año, sería bueno pensar cuántos positivos serán 15 días después y cuántos padres, hijos, familiares o amigos estarán entre ellos, o entre los que estarán en el CTI o entre los que ya no estarán.

Parece que es hora de dejar la politiquería barata y pensar en grande, en el Uruguay y su gente. Es la hora de la unidad, de tirar todos juntos para delante porque todos estamos en peligro y todos necesitamos el apoyo de todos.

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