EDITORIAL

¿Todos iguales ante la ley?

Una de las características centrales de un Estado de Derecho es el trato imparcial hacia todas las personas.

La definición tradicional de justicia, la que verdaderamente importa, es que todos tenemos los mismos derechos, la misma posibilidad de acceso a la Justicia, de reparación en caso de daño, de defendernos ante un tribunal imparcial. Cuando en un país empieza a haber ciudadanos de primera y de segunda, cuando algunos disfrutan de privilegios y prebendas de las que otros son excluidos, o cuando algunos grupos directamente se ponen por encima de la ley, inevitablemente el Estado de Derecho se lesiona y al mismo tiempo el clima de convivencia pacífica y civilizada en una sociedad.

Lo que ha ocurrido con la manifestación del movimiento Un solo Uruguay, representante de los intereses de los productores de campaña y de otras personas con actividades conexas, es la fiel manifestación de que existe en el país una desigualdad alarmante ante le Ley. Como es de público conocimiento el pasado 5 de setiembre realizaron una manifestación en la capital del país. Organizaron un acto en torno al Palacio Legislativo y luego, cuando intentaron rumbear para la Plaza Independencia (que por ese entonces no era escenario de filmación de una serie con personas desnudas bailando en torno al mausoleo de Artigas) se les quiso impedir el paso. Finalmente, una parte de la manifestación logró llegar a la plaza, dejaron una roca con una inscripción frente al Palacio Legislativo, acomodaron y limpiaron las áreas de la manifestación y levantaron campamento.

Llamó poderosamente la atención las limitaciones impuestas a las actividades de Un solo Uruguay. En un país acostumbrado históricamente a que cualquier grupo pueda manifestarse libremente sobre el tema que guste, el pase de responsabilidades de quién fue el responsable de limitar la libertad de expresión de compatriotas que se exteriorizaban pacíficamente, resulta repudiable.

Pero la cosa no quedó allí. Por si fuera poco, nos venimos a enterar esta semana de que la Intendencia de Montevideo le va a poner una multa a Un solo Uruguay por la roca con la placa recordando el acto que dejaron frente al Palacio, que fue removida el mismo día, con una velocidad con la que la Intendencia sorprendió a propios y ajenos. Los $ 65.000 de multa que le puso la Intendencia a Un solo Uruguay, después de haber dejado pasar por alto toda la vida desmanes y destrozos de todo tipo en 18 de Julio y otros lugares emblemáticos de la ciudad, es un claro mensaje de venganza, no de justicia.

Lo que resulta especialmente indignante en todo el caso, es el peso del poder puesto al servicio de favorecer algunas manifestaciones e impedir o bloquear otras, creando distintos derechos, dependiendo de las inclinaciones del ciudadano.

El Ministerio del Interior, tan diligente para cortarle el paso a uruguayos trabajadores que se manifestaban porque quieren condiciones para seguir trabajando, hizo la vista gorda decenas de veces en los últimos años frente a grupos violentos que rompieron vidrieras, agredieron periodistas, profanaron Iglesias o rompieron espacios públicos.

¿Por qué se castiga al ciudadano que va a manifestarse pacíficamente de cara descubierta y se ampara al delincuente violento? ¿No se está subvirtiendo, con estas decisiones, el Estado de Derecho?

La multa de la Intendencia, omisa frente a las agresiones más brutales que ha sufrido el ornato público en manifestaciones de los últimos años, también resulta un abuso de poder. Un solo Uruguay no rompió nada, hasta retiraron todos los elementos dispuestos para el acto, dejando incluso el espacio público mejor de lo que lo encontraron, lo que no es muy difícil, dada la desidia de la Intendencia de Montevideo que tiene nuestra hermosa ciudad hecha un basural permanente. Pero como es un movimiento que molesta al gobierno, le caen con reglamentaciones absurdas. Mientras dejan pasar con complicidad, situaciones de desmanes o descontroles donde deberían actuar, se la agarran con bronca contra quien se manifiesta pacíficamente.

La doble vara con que el gobierno nacional mide estos hechos le hace hervir la sangre al paisano más tranquilo y pone en cuestión si realmente somos todos iguales ante la ley como proclama nuestra Constitución. Evidencia también que el Frente Amplio ha perdido toda conexión con la realidad que viven los uruguayos y con el país real. Tal vez por eso mismo es que no son conscientes del revolcón fenomenal que se van a llevar en las urnas en 39 días.

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