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Parece mentira pero todavía no se terminaron de contar las firmas, y por lo tanto sigue sin fijarse la fecha en que se realizará el referéndum para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) y ya está todo discutido y aclarado, todo explicado y entendido respecto a una ley que lleva más de un año de vigencia sin que haya generado sobresaltos inesperados.
Da la impresión que este enorme esfuerzo, esta movilización de gente, expertos, militantes, partidos y legisladores, de la Corte Electoral, del propio gobierno, con los gastos que implica, en realidad tiene el aspecto de ser innecesario.
El Frente y el Pit-Cnt convencieron a una porción de la población que firmara para derogar una ley que, a estar por sus argumentos, no es la que quieren derogar. Critican una ley que no existe, pero piden derogar otra que sí existe y no tiene nada que ver con la que ellos objetan.
Quedó aclarado una y otra vez que la LUC no privatiza la enseñanza pública y ni siquiera establece algo que se le parezca. Esa discusión está resuelta y no tiene sentido seguir sobre ella.
Quedó más que aclarado que los cambios introducidos en materia de alquiler de viviendas no suprimen mecanismos ya existentes sino que agrega uno complementario. La idea es darle al inquilino la posibilidad de acceder a una casa sin poner la draconiana garantía que los propietarios piden para cubrir moras y atrasos. Como contrapartida para quienes hagan uso del nuevo mecanismo, se modifican los pasos a dar en caso de atrasos en el pago del alquiler.
No es que al día siguiente el inquilino está de patitas en la calle, pero aquella garantía que cubría un atraso (sistema que sigue vigente y se puede optar por uno u otro), está compensada por un proceso no tan remolón. Con este nuevo agregado se busca que haya menos casas vacías y más gente acceda a casas mejores.
Es sabido, además, que el requerimiento actual de la garantía favorece a los empleados públicos porque de ella se hace cargo la Contaduría General de la Nación. Le basta retener el monto correspondiente del sueldo para cubrir cualquier atraso. Los trabajadores privados sin embargo, nunca son prioridad para los propietarios si tienen la opción de optar por un empleado público.
Por lo tanto, este tema también quedó aclarado y no hay muchas más vueltas que darle.
Sobre la pertinencia de que el presidente de la República defienda lo que en definitiva es su ley, ya no queda más que decir. Mientras no actúe desde los partidos, puede y debe defender la ley.
La eficacia policial para reducir la delincuencia, en un proceso donde aún falta mucho por hacer pero es muchísimo más lo que se avanzó, deja en evidencia que los instrumentos otorgados a la Policía por la LUC son los adecuados. Eso es lo que la gente quería.
El capítulo sindical es el más controvertido y ello se debe a la estrategia de la central trabajadora de radicalizar desde el primer día hasta el menor de los conflictos. La LUC no vulnera el derecho a la huelga y quien diga lo contrario, miente.
No reconoce, es verdad, el derecho a la ocupación del lugar de trabajo por parte de los huelguistas. Para los sindicatos, esa medida agresiva es una “extensión de su derecho a la huelga”, postura que ni siquiera la OIT acepta como válida.
La LUC además busca proteger a aquellos trabajadores que en uso de su derecho quieren entrar a trabajar aún cuando haya un paro decretado.
A los sindicalistas no les gustará esa medida, pero es razonable y justa por donde se lo mire.
Se trata de una ley que ordena y organiza funcionamientos del Estado, a veces con medidas quizás opinables pero que ni privatiza, ni impone una represión salvaje, ni echa gente a la calle, ni conculca derechos, ni es presuntamente “neoliberal”.
En consecuencia, se trata de una ley que ordena y organiza funcionamientos de Estado, a veces con medidas quizás opinables pero que ni privatiza, ni impone una represión salvaje, ni echa gente a la calle, ni conculca derechos, ni es presuntamente “neoliberal”. Es una ley como tantas.
Por eso, día a día los dirigentes frentistas y sindicales, están dando marcha atrás sobre sus propios e insostenibles argumentos. Figuras destacadas reconocieron públicamente que la ley no dice lo que ellos dicen que dice.
Como no ya no pueden retroceder, la tendencia al relato mítico crece y cada vez más se refieren a una ley inexistente. Le endilgan a la LUC normas que no tiene. Con esa estrategia van dando pasos en falso y queda en evidencia que están hablando de una realidad que quizás solo pueda encontrarse en alguna dimensión desconocida para los terrestres.
La pregunta entonces es, ¿para qué metieron a todo el país en este baile? ¿Porqué se jugaron a algo que no tiene fundamente ni es real? ¿Porqué nos están haciendo perder tanto valioso tiempo?