Una de las cosas que más molestan de todo lo que sucedió como consecuencia de los salvajes atentados en París es la hipocresía. La hubo a distintos niveles.

Desde lo más alto, por ejemplo la presencia de numerosos líderes internacionales marchando por la capital francesa en defensa de una libertad de expresión que no habilitan en sus propios países. Pero también en lo más bajo.

En este campo podríamos ubicar la reacción de varios dirigentes y políticos del oficialismo en Uruguay. ¿Por qué? Básicamente porque, obligados por las circunstancias y por la ola de rechazo genuino que estos hechos barbáricos han generado en la población, debieron hacer discursos en consecuencia. Discursos de condena al terrorismo y al integrismo religioso. Pero, sobre todo, en defensa de la libertad de expresión, al derecho irrestricto que debe tener el ser humano a decir lo que quiera, aun cuando esto implique la ofensa o la sátira contra los valores y principios más sagrados. Algo que se choca de frente con lo que ha sido su postura en estos años.

Por ejemplo, este principio sagrado en los países libres y democráticos, es una de las grandes víctimas de la reciente Ley de Medios que todo el Frente Amplio, desde los moderados socialdemócratas seguidores de Astori, hasta los incendiarios revolucionarios del MPP, han votado felices y a mano enyesada.

Justamente, el eje central de esta ley ha sido el de limitar la capacidad de los medios y la de los comunicadores a dar información y noticias en aras de proteger lo que serían los derechos y la integridad moral de minorías, "colectivos", y sectores de la población que se entiende necesitan una tutela especial. Tutela que según esta concepción debe ser ejecutada por el Estado, como si el mismo fuera una entelequia impoluta y moralmente superior a la vil y mezquina del mercado.

Aquí es importante hacer una precisión. Porque si hay una palabra que se ha bastardeado en estos tiempos es justamente "mercado", a la que se connota negativamente, como si éste fuera una especie de ogro controlado por un grupito de inmorales y egoístas ricachones. Cuando no es más que el efecto de miles y miles de reacciones libres e individuales de los ciudadanos de a pie.

Por ejemplo, hasta esta ley el sistema uruguayo de contralor de lo que sucede en los medios funcionaba en base a dos ejes: por un lado la tutela judicial cuando se cometían delitos como la difamación o la injuria, y cuando se producía un daño reparable en dinero, por vía civil. Por otro, la sanción del mercado, en el entendido de que cuando un medio vulnera los cánones de lo socialmente aceptable, la propia gente lo castiga con el derecho soberano de no consumir ese producto que le resulta chocante.

Ahora ya no será más así. A partir de la nueva ley, se establece todo un sistema de contralor burocrático sobre la comunicación en el país, especialmente la audiovisual, pero que se puede llegar a extender al resto. Y que determina que un grupo de funcionarios y representantes de estos "colectivos" (que todos sabemos a quiénes responden) van a tener el derecho a definir lo que se puede y no se puede decir en los medios. Si el mensaje es respetuoso de las minorías, de sensibilidades "diferentes", si es políticamente correcto. Y tendrán el derecho a castigar de forma severa toda vulneración a estos conceptos tan difusos. O sea, un revólver en la sien de los comunicadores.

¿Qué dirían estos censores ante un producto irreverente hasta el límite como la revista Charlie Hebdo? ¿Aceptarían que se trata de un algo válido y que tiene derecho a existir por más que afecte sensibilidades de todo tipo y color como hace esta revista que hoy todos reivindicamos? ¿O le lanzarían sus castigos burocráticos en aras de defender la sensibilidad de los sectores alcanzados por los dardos satíricos de la misma?

Si nos atenemos al poco calor que se puso, por ejemplo, desde la Cancillería (demoró casi 10 horas en emitir un insípido comunicado) al condenar los salvajes atentados de este grupo de energúmenos amparados en una visión religiosa propia de la Edad Media, la respuesta es inquietante.

Lo más sano sería la transparencia. Basta de hipocresía, basta de decir "yo soy Charlie" y posar compungido junto al embajador francés, cuando en realidad hay una mayoría en el Parlamento que no cree en ese mensaje ni en el derecho irrestricto a la libre expresión. Cuando creen que los mensajes mediáticos son un arma peligrosa que necesita ser controlada. Cuando, si se sacan la careta, no dejan de compartir las justificaciones que emplearon, no ya las de los terroristas, pero sí la de quienes los cobijan y les dan sustento ideológico.

EDITORIAL