El estado de la cuenca de Santa Lucía, que abastece de agua a buena parte del país, es motivo de debate entre autoridades de gobierno que se culpan mutuamente por el retraso en cumplir con las obligaciones constitucionales.

Las discusiones y los problemas con el agua de la cuenca de Santa Lucía continúan 13 años después de aquella campaña en la cual el Frente Amplio consiguió reformar la Constitución para darle al Estado potestades y obligaciones en el cuidado y el suministro del vital elemento. Fue tan flagrante la omisión en el cumplimiento de esos deberes impuestos tras un plebiscito popular que ministros y altos funcionarios aún debaten sobre el asunto y, en un estilo muy frenteamplista, se pasan las culpas unos a otros.

Semanas atrás el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, negó que los problemas del Santa Lucía —que abastece de agua a más del 60% del país— provengan básicamente de una intensificación de la agricultura en la vecindad de esa cuenca.

Un reciente informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) hablaba de avances "exiguos o nulos" para el control de la contaminación procedente de actividades agropecuarias. A ello replicó el ministro diciendo que se perdieron cuatro años "de análisis y discusión" entre su ministerio, otras instituciones y el principal interesado, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para definir los métodos de tratamiento de efluentes y las tecnologías a aplicar por parte de los productores.

Pocas veces se ha escuchado una confesión tan clara de fuente oficial sobre los males de la burocracia estatal. He aquí un ministro de gobierno que admite la inoperancia de los responsables de cuidar la calidad del agua que consumimos. Incluso va más lejos al explicar que el dictamen de la Ursec se equivoca al culpar a los productores agrícolas por el uso indiscriminado de fertilizantes y herbicidas, pues sostiene que existen otros problemas a considerar y que la situación no es fruto de un impacto negativo imputable al boom agrícola de la última década sino que se arrastra desde hace mucho tiempo.

Esto ocurre casi tres lustros después del movimiento que al grito de "el agua es vida" agregó media docena de parágrafos al artículo 41 de la Constitución con el propósito de mantener ese servicio bajo la competencia exclusiva del Estado, fuera de las manos privadas. Uno de esos parágrafos exige una "gestión sustentable" para la "preservación del ciclo hidrológico" declarando que las unidades básicas a cuidar serán las "cuencas hidrográficas". En contraste con la apasionada urgencia con que se impulsó aquel plebiscito del agua —coincidente con la campaña electoral que llevó al Frente Amplio al gobierno en 2004— los ejecutores de la nueva política establecida en la Constitución se tomaron demasiado tiempo para cumplir sus deberes o sencillamente los incumplieron.

Debieron transcurrir ocho años para que diversas instituciones públicas, entre ellas el Mvotma, resolvieran tomar cartas en el asunto. Para ese entonces había protestas por el mal sabor y el peor olor del agua suministrada a la población por OSE, el ente declarado monopólico por el ensanchado artículo 41. Recién en 2013 se elaboró un plan integral para preservar la cuenca del Santa Lucía aquejada por los vertidos contaminantes de las industrias ribereñas, la depredación del monte natural en las orillas y el uso de agroquímicos en propiedades rurales linderas. La relevancia de este último factor es lo que discute ahora el ministro de Ganadería.

Todavía se recuerda el dramatismo que tiñó los discursos de aquella campaña "en defensa del agua y de la vida" propulsada desde la izquierda y apoyada por una miríada de ONG nacionales y extranjeras. Al grito de "el agua es nuestra" se denunciaba el intento de multinacionales para apoderarse de nuestros recursos acuáticos, entre ellos el acuífero Guaraní. Fue a iniciativa de las ONG que la reforma plebiscitada determinó, entre otras cosas, que "los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos", otra obligación constitucional en general incumplida.

Actualmente, bajo el tercer gobierno frenteamplista se comprueba un despertar de la administración en torno a la gravedad de este problema. Por su parte, las ONG que después de aquel alboroto del 2004 guardaron piadoso silencio ante la inacción gubernamental, reclaman hoy mayor participación en la materia y solicitan que se desarrolle la "gestión sustentable" ordenada por el artículo 41 "anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico".

Es como si de pronto todos hubieran comprendido la importancia del tiempo perdido y quisieran ponerse al día. Más vale tarde que nunca.

EDITORIAL