EDITORIAL

Las noticias policiales de las últimas horas sirven para dejar en evidencia la terrible situación de seguridad que vive el país, y los efectos nefastos de la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior.

Episodio uno. Un grupo de delincuentes asalta un supermercado en pleno corazón de una de las zonas más residenciales de la capital del país. Se escapan en un taxi y son alcanzados por una patrulla policial. Se inicia un fuerte tiroteo, en medio del cual una agente policial dispara y mata por error a un turista brasileño que se encontraba plácidamente en una vivienda de la zona. Las palabras del abogado de la mujer policía son reveladoras: "En 20 años de policía, solo fue tres veces al polígono de tiro. Nunca tuvo un enfrentamiento a balazos. Tampoco estaba preparada físicamente. Es una mujer con mucho peso, con cierta edad y con problemas cardíacos. No estaba preparada para trepar rejas, disparar con precisión y correr detrás de un delincuente. Se supone que en los patrulleros tiene que haber gente joven y ágil. Con sus condiciones, no puede andar corriendo a delincuentes armados".

Episodio dos. Masivo operativo policial en el barrio Casavalle, luego de que un enfrentamiento entre delincuentes terminara con un niño de 10 años con una bala en el pecho. Luego del mismo, un autobús de la Guardia Republicana circulaba por el Cerrito de la Victoria cuando atropelló a una señora que cruzaba la calle rumbo a una feria cercana, y en un cruce donde había semáforos, pero estaban fuera de funcionamiento. El cuerpo de la víctima estuvo tirado en el lugar del hecho y cubierto con un nailon negro por más de una hora, a la espera de que llegara el fiscal. Según la crónica de El País, "los vecinos, intrigados y preocupados, le preguntaban a los efectivos de la Guardia Republicana cuándo iban a poder identificar a la mujer. Algunos incluso se ofrecían para realizar el reconocimiento".

Episodio tres. Una pareja circulaba en moto por Fernández Crespo y Miguelete. Él, 30 años, ella 22 y embarazada. En ese cruce se encuentran con un patrullero que, según las autoridades, era parte de un "procedimiento", y que circulaba a alta velocidad, con el cual colisionan de manera violenta. El saldo, la muerte de la joven y del niño de siete meses en gestación. Según el parte del Ministerio del Interior, la moto habría cruzado un semáforo en rojo, y el coche policial solo circulaba a 37 km por hora.

Estas son apenas tres noticias al azar publicadas en los últimos días por la prensa nacional. Tres casos que impactan, y que revelan un par de cosas perturbadoras sobre la situación de seguridad que vive el país.

La primera es el nivel de violencia y de precariedad con la que vivimos los uruguayos, o al menos los montevideanos, sin importar barrio, nivel social, o distribución geográfica. En eso, no se puede negar, la situación es bien igualitaria, tal como le gusta al gobierno de turno. Usted puede vivir en Pocitos, en Casavalle o en el Cordón, que no tiene ninguna garantía de no ser asesinado, recibir una bala perdida, o tener un encuentro mortal con un patrullero en "operativo". A lo que puede agregar la nota tercermundista de semáforos que dejan de funcionar espontáneamente y sin solución inmediata.

La segunda, es el deplorable nivel de respuesta de las fuerzas del orden en el país. Vale recordar aquí que tenemos un ministro del Interior que lleva casi ocho años en el cargo, que ha dado vuelta a la Policía tal y como quería, que ha contado con todos los recursos materiales para su gestión. Y sin embargo, hay una abuela con problemas de presión y ninguna preparación en el uso de armas de fuego, respondiendo a una rapiña y abriendo fuego en la vía pública. Y los vehículos policiales dejan más víctimas en una semana que las pandillas de traficantes de Casavalle.

La tercera, es la falta de sentido de responsabilidad hacia la sociedad de los jerarcas políticos en general, pero de los que manejan la seguridad en particular. Está bien que los uruguayos hemos perdido toda sensibilidad ante este tipo de noticias, y que los jerarcas no sienten que deban responder por los resultados de su gestión o las acciones de sus dependientes, salvo ante el líder político que les consiguió el puestito. Y que incluso hay periodistas que en vez de ser agudos azotes de esta situación, aplauden al jerarca con resignación cómplice. Pero que tras una seguidilla de noticias como estas no haya una conferencia de prensa, no haya respuesta de ningún tipo de parte de las autoridades, y que la gran gestión del masivo departamento de prensa del ministerio sea sacarse las culpas de encima responsabilizando al semáforo, a las víctimas, al sistema, dejan una enorme sensación de tercermundismo y fragilidad. En un país civilizado rodarían cabezas de jerarcas por mucho menos. En Uruguay...