Editorial

El silencio derriba la mística mentirosa del “si es corrupto, no es de izquierda” y pone de manifiesto que la vocación pobrista de la que se jactan, es para los demás pero no para ellos.

El martes pasado, miles de pantallas de celulares, tablets y computadoras fueron protagonistas de una de las viralizaciones espontáneas más explosivas de que se tenga memoria. Alguien filmó un monitor de TV donde, en un programa de debates, el excanciller mexicano Jorge Castañeda implicaba al hijo del presidente Vázquez en negocios con la Venezuela chavista, como la razón última de la tibia postura uruguaya frente a la cleptocracia de Nicolás Maduro.

El País encontró la publicación del referido programa de Televisa y la compartió rápidamente en su portal digital. La primicia alcanzó estatus regional, siendo replicada por los medios de distintas naciones.

En realidad, Castañeda no decía nada que los uruguayos no supiéramos.

En junio del año pasado, se hicieron públicas revelaciones surgidas de los Panamá Papers sobre multimillonarios negocios que implicaban al hijo del presidente con el gobierno venezolano. La diferencia ahora fue que una personalidad del exterior, que no puede ser acusada ni de "vocero de la derecha" ni de otras conspiranoias, lo estampó como un dato objetivo, que ningún otro participante del debate se tomó el mínimo esfuerzo de refutar. Contrastado con esa revelación, el irrespetuoso agravio del presidente del Frente Amplio Javier Miranda, en el sentido de que la actitud principista de la oposición sobre Venezuela es "para conseguir diez votos más", se contesta solo.

Pero lo más sorprendente de este hecho es que su consecuencia lógica hubiera sido un par de aclaraciones públicas, del empresario Javier Vázquez y del gobierno, al que se acusó de asumir neutralidad por "un apretón" de los venezolanos y cubanos totalitarios. Todavía las estamos esperando.

Este silencio, que paradójicamente se vuelve atronador, no es el único.

Ayer nos enteramos por el semanario Búsqueda que los integrantes del oficialismo en el Tribunal de Cuentas proponen denegar la información solicitada por el senador Pablo Mieres, sobre los costos reales del Antel Arena.

Esta onerosa plataforma de lanzamiento de la candidatura de Carolina Cosse (no con su propia plata, sino con la suya, lector) se había presupuestado en 40 millones de dólares. Luego dijeron que la inversión final ascendió a 82 millones y más tarde reajustaron esa cifra a 90 millones. Cuando un representante de la ciudadanía reclama que se transparenten los costos, no solo no responden a esa más que justificada demanda sino que recurren al mismo salvoconducto: callar.

Lo mismo que decidió la mayoría parlamentaria oficialista para dar por finalizada la comisión investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) o para impedir la formación de una nueva, por los negocios de Envidrio.

Si no fuera por las investigaciones de los periodistas de distintos medios, que honran a la profesión, los uruguayos no nos enteraríamos de ninguna de estas irregularidades. Pero cuando la prensa las pone en negro sobre blanco, no hay réplica del lado de los investigados.

Su silencio hace pensar que no tienen nada que argumentar, porque las acusaciones son irrefutables.

Su silencio debilita aún más la ya frágil credibilidad del gobierno, para muchos frenteamplistas defraudados y otros que mantienen su adhesión, pero con discreción vergonzante.

Su silencio derriba la mística mentirosa del "si es corrupto, no es de izquierda" y pone de manifiesto que la vocación pobrista de la que se jactan, que tanto daño ha hecho a la cultura de trabajo y al espíritu emprendedor, es para los demás pero no para ellos.

Su silencio, en suma, implica una falta de respeto al ciudadano y contribuyente, porque en estos casos se los ningunea, pero en otros se los ha patoteado y escrachado, como hiciera hace unos meses el ministro Bonomi contra un manifestante en un acto público.

Este tipo de prácticas, estos silencios estentóreos, esta vocación por el secretismo, ya dejaron de ser excepciones frente a noticias inconvenientes, para convertirse en la regla de oro de un gobierno con los motores apagados, que flota a la deriva, o atado a compromisos ajenos al interés nacional.

Ya es bastante absurdo que nos veamos en la necesidad de legislar sobre la obligatoriedad de los debates entre candidatos, como si esta práctica no fuera inherente a la condición política. Ahora podríamos terminar teniendo que forzar a los gobernantes a dar explicaciones, cuando son denunciados públicamente por probadas sospechas de ilicitud. Sería una ley tan obvia como la de la gravedad, pero al menos permitiría poner un poco de sonido a tanto silencio.