EDITORIAL
diario El País

Soberbia internacionalista

El jueves pasado el semanario Búsqueda entrevistó a la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, Mireia Villar.

Villar es española y lleva tres años aquí. Realizó estudios de economía y relaciones internacionales y tiene una larga trayectoria en tanto burócrata de la ONU en distintos destinos por el mundo. Para el caso uruguayo, su agenda de prioridades pasa, por ejemplo, por promocionar guías sobre perspectiva de género a ser utilizadas por operadores del sistema de justicia: se trata de procurar que se lleven adelante decisiones que tengan en cuenta los “estándares internacionales” en la materia.

Explícita, afirmó que “lo que queremos es que revisen sus propias decisiones en función de todos estos criterios que les damos en las guías”. Además, se mostró preocupada porque entiende que las señales del gobierno “no son alentadoras” con respecto a la participación femenina en la nueva administración. Villar declaró así, que estará atenta de forma de evitar lo que ella considera son “retrocesos” por causa de posiciones conservadoras acerca de la ideología de género. En tal sentido, pretende incluso “invocar legislación internacional”.

Todas estas declaraciones son típicos ejemplos de una posición de custodio en torno a “avances sociales” que se asigna a sí misma. Empero, se trata de un papel ilegítimo y antidemocrático.

En primer lugar digamos lo evidente: nuestro sistema de Justicia debe proceder cumpliendo las leyes del Uruguay. Francamente, parecería que hubiera que explicar a algunos hijos de España que el tiempo de la colonia terminó hace un par de siglos y que de ninguna manera es exigible que nuestra Justicia revise sus decisiones, en función de los criterios que cierta burocracia internacional decide comunicarnos.

Uruguay ocupa lugares internacionalmente destacados en materia de independencia de la Justicia y de calidad de su democracia. No precisamos entonces, que desde una posición de superioridad moral se venga a ofrecer guías que debiéramos de cumplir, como si entre nosotros se comulgara con posiciones medievales propias de países realmente atrasados. Hay realidades históricas que, infelizmente, alguna burocracia internacional quizá desconozca: Uruguay legisló sobre el divorcio más de dos décadas antes que en España; aquí la mujer votó antes que en España; y en temas de igualdad de derechos sobre bienes familiares, Madrid alcanzó la modernidad casi cuatro décadas después que Montevideo.

En segundo lugar, la burocracia de la ONU querrá creer, quizás, que sus visiones se imponen a todos, en todas partes. Pero la realidad aquí es diferente: nuestro orden legal no reconoce mayor autoridad que la de nuestra Constitución, que en todos los casos siempre ha sido ratificada por el pueblo. Quien define qué es retroceso y qué no, en Uruguay, es el pueblo votando, y no tal o cual integrante de una burocracia internacional que nos visita por unos años, y que cree que precisa “estar atento” para posicionarse políticamente, como si hubiese sido electo para el Parlamento.

Nuestro pueblo acaba de votar un cambio de gobierno con todas las garantías de una democracia libre y plural. Y en esa ocasión decidió, además, dejar sin bancas a las más explícitas representantes del discurso de género. O lo que es parecido, decidió barrer a quienes se han hecho eco de discursos internacionales feministas con tufo izquierdista que, lejos de promover la noble causa de la igualdad entre hombres y mujeres, se han ocupado de generar odios y resentimiento contra el “macho” y el “patriarcado”: quizá el caso más claro en este sentido haya sido el de la ex senadora Moreira del Frente Amplio.

Casualmente, con un discurso que es muy parecido al de esa izquierda vernácula, Villar dice que las señales del gobierno “no son alentadoras” para la agenda feminista. Empero, en este caso no ha de poderse invocar una incomprensión de la lengua local para justificar pasar por alto al menos tres decisiones que contrarían esa subjetivísima valoración.

Uruguay acaba de votar por primera vez un vicepresidente mujer; se dio una ministra de economía mujer; y una de las primeras medidas de la administración de Lacalle Pou ha sido la de proveer de 4 millones de dólares a las políticas de lucha contra la violencia doméstica con el instrumento de las tobilleras electrónicas. La ONU es una respetable institución. Sin embargo, no es aceptable que se aproveche su legitimidad para promover posiciones que denotan una enorme y antidemocrática soberbia internacionalista.

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