EDITORIAL

El Presidente Iván Duque hizo un grave mea culpa en nombre de los gobiernos colombianos. Personalmente se comprometió a trabajar para terminar con estas violaciones al derecho a la libertad de expresión y con el obsceno manto de obscuridad que las rodean.

Por más que no sea para vanagloriarse, hay que resaltarlo. Por primera vez desde que se recuperó la democracia, el Uruguay figura en las Conclusiones que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta al final de sus reuniones bi anuales, esta vez en Cartagena, Colombia.

En estas ocasiones, los miembros de la organización presentan un informe sobre el estado en que se encuentra la libertad de expresión en cada país. Junto a Bolivia y Costa Rica, el Uruguay comparte este año una denuncia. La imposición de propaganda gubernamental en los medios de difusión. El gobierno, a partir de la Ley de Medios aprobada solo con los votos del Frente Amplio, según el art. N°95, obliga a las radios y televisoras a pasar todos los días, durante 15 minutos, en forma gratuita y en el horario indicado, (casi siempre en los tiempos pico) campañas de bien público. El abanico de temas es amplio; salud, educación, igualdad de género, convivencia, niñez y adolescencia, seguridad vial, drogas, derechos humanos, combate a la discriminación y a la violencia doméstica. Pero el asunto es que es el Poder Ejecutivo el que decreta qué es una campaña de orden público y cómo difundirla.

Más allá de lo que significa para los medios desde el punto de vista económico, nada menos que 15 minutos gratuitos diarios en el horario que le marquen desde el Estado, la medida se presta para que sutilmente y no tanto, se utilice como mero instrumento de propaganda. Lo que viene a sumarse a las cadenas en medios audiovisuales, llamadas eufemísticamente por iniciativa del Presidente Vázquez, “emisiones oficiales de transmisión simultánea”. Si bien contamos en Uruguay a diferencia de otras naciones desde el 2008, con una ley de Derecho a la Información Pública, lo que a primera vista sería un adelanto, la realidad es que no es “oro todo lo que reluce”. Es cada vez más usual que el gobierno declare reservados los contenidos exigidos o que simplemente ni conteste y haya que recurrir a la justicia. Desde 2015 se presentaron 210 casos que fueron denegados a los ciudadanos y la tendencia ha ido en franco aumento.

Volviendo a la SIP, este año se cumplen 75 años de su creación. Nació con el objetivo de defender la libertad de expresión como bien supremo para el sustento de los valores republicanos y democráticos. La consigna entre las naciones del continente americano fue nunca bajar la guarda. Desde Canadá en el norte, hasta Argentina y Chile en el extremo sur, incluida España. Esto a pesar de lo que pueda opinar el Sr. López Obrador, actual presidente de México, una vez conocido su extemporáneo reclamo a los españoles, al Rey y al gobierno ibérico.

En esta continua línea de combate por la libertad de prensa, ha sido una satisfacción y un premio a la perseverancia de la SIP por su inquebrantable apoyo a la búsqueda de la justicia, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de junio pasado. Se cumplen a su vez, 25 años de la Carta de Chapultepec, uno de cuyos fines es la lucha contra la impunidad que rodea al criminal accionar contra los periodistas. Solo en lo que va del 2019, han caído asesinados 7 de ellos en América Latina. Esta tarea inquebrantable de la SIP contó con el importante apoyo de la Fundación que preside la hija del asesinado Robert Kennedy. En el dictamen se condena al Estado colombiano por negligencia en la administración de justicia debido a las continuas dilaciones en el proceso y la violación a una serie de derechos. No ha permitido hasta el momento conocer la verdad, ni apresar a los responsables intelectuales del homicidio, por más sospechas bien fundadas que hayan, sobre gente del poder de esa zona. Nelson Carvajal, un maestro valiente, que profesaba también el periodismo y pretendía exponer la corrupción reinante en Pitalito, su ciudad, fue asesinado vilmente por unos sicarios al salir de la escuela, un 16 de julio de 1998. Ante sus padres, primos y tíos invitados a la ceremonia y a la Reunión, el Presidente Iván Duque, tras estampar su firma en la Carta, hizo un grave mea culpa en nombre de los gobiernos colombianos. Se comprometió personalmente a trabajar para terminar con estas violaciones al derecho a la libertad de expresión y con el obsceno manto de obscuridad que suelen rodearlas. Para ello anunció el establecimiento de un departamento especializado que contribuya de manera eficaz a la labor policial y judicial, mientras el Estado se hace cargo del resarcimiento económico estipulado por la CIDH. Fue un momento de emoción, en medio de la trágica atmósfera continental, con casos como Venezuela, Nicaragua, Cuba etc. y la letal acción del crimen organizado.