El domingo pasado comenzó a tratarse el nuevo presupuesto y llegó el momento dorado para todos los legisladores con ganas de encender el micrófono y hacerse escuchar.

Al ring entra no solo la oposición con un claro objetivo de sabotear todo lo que pueda el proyecto del Ejecutivo, sino también integrantes de la coalición lamentablemente, que gustan de mostrar su independencia o priorizan los intereses propios o de su grupo político, antes que apoyar al gobierno del que son parte. El ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, con buen criterio, porque es de cajón que hay que multiplicar el ingreso de divisas y hacer rendir de la forma más redituable posible a las empresas del Estado y en este caso específico, el negocio portuario, aconsejó incluir un artículo que busca exactamente eso.

La disponibilidad de fueloil, un subproducto de la refinería de Ancap, se redujo porque desde hace algunos años se prefiere importar crudos más livianos, los cuales tienen mayor cantidad de gasolina y gasoil (diesel). La producción de fueloil en 2019 se destinó al suministro de las plantas de celulosa, (buenos clientes) aproximadamente 100.000 toneladas y al mercado “búnker” o sea, a los barcos, unas 70.000 toneladas. Como la planta uruguaya no está en condiciones de ampliar su oferta, se pierden oportunidades bien redituables. Debido a nuestra limitada oferta, resulta que los barcos se van a cargar a Casino (Brasil) o a Buenos Aires, en lugar de hacerlo en nuestro país.

La estrategia del gobierno pasa por estimular la actividad en el puerto y no desperdiciar oportunidades y con ese fin es que se propone levantar el monopolio de Ancap para la venta de fueloil a los navíos, facilitando que los privados que se interesen lo puedan hacer. Algo que además, aclaran, es perfectamente fiscalizable. Pero de inmediato empezaron las diatribas en la bancada del Frente Amplio y a nivel del gremio de Ancap, agitando todos los fantasmas imaginables, con marcha de rechazo incluida, hace unos días. Fancap demoniza el proyectado artículo como un paso encubierto para llegar a la desmonopolización de los combustibles. ¡Es un mensaje simbólico! presagian escandalizados.

No les importa nada que no sea así, ni que el artículo sea bien clarito, porque allí se habla de la liberación dirigida solo al suministro de fueloil para las embarcaciones. Decenas de ellas hay, que no llegan a Montevideo porque cuando los armadores planifican el consumo de combustible, lo hacen en función de los puertos que tienen mayor oferta y mejor precio.

Parecería que no se percatan de que el Uruguay está pidiendo a gritos activar su economía lo más posible, máxime con la crisis que nos ha golpeado y continúa haciéndolo, la que perjudica a tanta gente a raíz del enlentecimiento económico. Aparte de que no se vislumbra el final de la pandemia, que hasta ha recrudecido luego del verano europeo y una cierta mayor apertura de fronteras y de medidas de prevención.

No hay día en que no se oigan demandas al gobierno desde el Frente Amplio y su brazo sindical, la CNT. Un conjunto que por supuesto no se da por enterado de que el país que encontró el nuevo gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, estaba bastante fallado. Tampoco dan la impresión de darse cuenta de que nos cayó encima una especie de maldición bíblica. Una peste que se resiste a desaparecer y que no solo nos afecta a nosotros, sino al mundo entero, por lo que sus efectos negativos se han potenciado de manera universal. Lo vivimos con la caída de nuestras exportaciones en volumen y precios. El turismo, importante generador de ingresos, se encuentra en situación desoladora, al tiempo que se acerca el verano y nuestra zafra por excelencia, mientras el panorama que se percibe no es para nada alentador. Más desempleo y mayores pérdidas para la sociedad están a la vuelta de la esquina y si bien el gobierno ha venido encarando la lucha contra el maldito virus de forma cuasi magistral, a pesar del barrio en que vivimos. Con Argentina de un lado y Brasil del otro, dos naciones pésimamente ubicadas en el ranking de infectados y de muertos.

Todo lo cual ha provocado que una Administración firmemente decidida a ordenar y disminuir el gasto público para compensar la herencia del 5% de déficit fiscal y muchos otros desaguisados más, se viese obligada a hacer un aumento impensado de erogaciones a fin de poner en práctica las medidas necesarias para luchar contra la pandemia y socorrer de una u otra manera, desde la gente más pobre hasta las empresas, comercios y demás, afectados por el parate de sus actividades y en consecuencia, a la gente que queda por el camino.