EDITORIAL

Señales oficialistas y realidades

Hay un cambio de época. La gente de la ciudad y la del campo se informa más que antes: Internet, las redes sociales o el acceso a noticias inmediatas y fidedignas a través de los portales de la prensa reconocida.

La movilización del campo tiende a afirmarse, multiplicarse y a encontrar otros sectores de la economía aliados en sus reclamos por los altos costos de producción. En paralelo, las señales oficialistas son de abroquelarse tras las respuestas aportadas por el Ejecutivo y de criticar de distintas formas lo que se califica como un reclamo sectorial y hasta egoísta del campo.

Hay un cambio de época. La gente de la ciudad y la del campo se informa más que antes. Internet, las redes sociales o el acceso a noticias inmediatas y fidedignas a través de los portales de la prensa reconocida nacional e internacionalmente: todas fuentes de información que permiten al ciudadano, esté donde esté, escudriñar mejor qué es lo que hace el gobierno con los dineros públicos mientras el mundo productivo está en sus tareas diarias. Es por eso que, como quedó claro con la proclama de Durazno, el malestar de los autoconvocados no solamente refiere a las políticas por la competitividad de la producción del campo, sino que también exige una mejor gestión de esos recursos públicos, tanto del gobierno central como de las intendencias.

Es en este contexto que la respuesta del Ejecutivo fue insuficiente. Lo fue por el monto total del costo presupuestal, evaluado en el entorno de los 7 millones de dólares. Pero lo fue también porque los autoconvocados del campo saben bien qué ha ocurrido con los dineros públicos en estos años. Es así que cuando el Ejecutivo propone esas medidas para el campo, el mundo rural no puede evitar compararlas con algunas cifras de estos gobiernos frenteamplistas.

A modo de ejemplo, están las siguientes: los 50 millones de dólares en préstamos que terminaron yendo a pérdidas para empresas del Fondes, amigas todas del Frente Amplio y muchas en particular del sector de Mujica; los 15 millones de dólares desperdiciados en un proyecto que se sabía inviable, el de Alas-U, también por el Fondes; el sobrecosto de más de 20 millones de dólares que significó construir un corredor Garzón, que ahora en parte la Intendencia de Montevideo está destruyendo (a mayor costo) porque estuvo mal hecho; el costo financiero de aquel aval de unos 13 millones de dólares que se decía "perfecto" cuando el remate trucho de Pluna favoreció al "señor de la derecha", y que terminó no siendo para nada perfecto; el derroche en la producción de Pórtland de Ancap, que perdió en 2014 cerca de 30 millones de dólares y que ejecutó inversiones que se preveían en un total de 120 millones de dólares y terminaron siendo de 250 millones, con bienes de capital que están pudriéndose en galpones porque puestos a producir darían pérdidas; las otras pérdidas millonarias de varios sectores de Ancap: desde mal invertir varios millones de dólares en un remolcador, hasta comprar carísimo lo producido por una Alur cuya gestión, además, terminó teniendo que pagar multas al BPS por contratar en negro a productores de Bella Unión, pasando por negocios internacionales que terminaron en juicios millonarios contra el ente; o, finalmente, los casi cerca de 7 millones de dólares, es decir la misma plata que ahora el Ejecutivo prevé como ayuda a sectores del campo, que sobre todo el gobierno de Mujica gastó en consultorías para estudiar la viabilidad de un puerto de aguas profundas en Rocha que terminó en nada.

Todas estas cifras, todos estos pésimos manejos de los gobiernos del Frente Amplio, los autoconvocados los conocen. Pero también de ellos se han informado otros sectores productivos que están con problemas, como los vinculados a la construcción por ejemplo. Y todos ellos, más el ciudadano común y corriente, saben perfectamente que la fiesta del derroche no terminó: hoy en día, por ejemplo, todos pagamos los combustibles más caros de la región porque el gobierno así lo decide para disimular la pésima gestión de Ancap. En concreto, ocurre con esos precios tan altos que quien carga combustible en el mundo productivo del agro o en el de la industria, está transfiriendo así dinero que se vuelca para el equilibro de las cuentas de Ancap, una empresa que si no tuviera esa fenomenal transfusión seguiría dando pérdidas.

El problema no es entonces, como quieren hacer creer los dirigentes del Frente Amplio, que los autoconvocados representan a la oligarquía del campo o defienden intereses sectoriales mezquinos. El problema es que la gente, toda, se hartó de tanto mal manejo económico y de gestión. Exige, ahora, que no se le tome más el pelo con discursos ideologizados y medidas insuficientes.

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