EDITORIAL

El anuncio de la construcción de una nueva planta de celulosa de UPM es una buena noticia para el país. Particularmente en momentos en que la economía nacional se muestra estancada, y en que varios rubros clave de nuestra producción están en rojo, que una empresa multinacional haga un anuncio de este tipo, no solo significa un empujó notable para el crecimiento de la economía, sino un espaldarazo al país en general, como ámbito de recepción de inversiones y lugar donde se puede hacer negocios.

Acá hay que ser claro con un par de aspectos relativos a esta nueva planta, de los que se suele hablar mucho y la mayor parte de las veces apelando a prejuicios ideológicos. Esta nueva planta no significa un ataque al medio ambiente o al concepto de “Uruguay Natural”, cosas que ya vienen bastante golpeadas en nuestro país, y no por UPM ni por la industria forestal. Por el contrario, se trata de un socio más que eficiente para mejorar los problemas que el país no ha sabido encaminar hasta ahora.

Una prueba de esto es el estado actual del Río Negro, sin ninguna planta en sus márgenes, y los planes que ya existen para recuperarlo.

Un segundo aspecto es el económico. Se repite una y otra vez que la planta no dejará ganancia en Uruguay por estar ubicada en una zona franca, y que generará “apenas” 400 puestos de trabajo reales. Decir esto es no entender como funciona la economía. Una planta de este tipo es el último eslabón de una cadena donde trabajan miles de personas, que aportan, tributan, y mueven la economía nacional. En un rubro además, que se complementa a la perfección con otros tradicionales del país, como la ganadería, y cuyos precios se han mantenido incluso en momentos de caída de todas las commodities.

Ahora bien, a medida que se conocen detalles del acuerdo, se confirma la sensación amarga de que la negociación llevada adelante por el gobierno, no ha defendido de la mejor manera los intereses nacionales. Algo en lo cual nada cabe reprochar a la empresa que, como todas, busca maximizar su rentabilidad. Pero sí a un gobierno que presa de su inoperancia y falta de realizaciones propias, ha quedado preso del anuncio de UPM como la única tabla de salvación.

El detalle que más ha impactado en este sentido, es el de la cláusula que da a la empresa la chance de retirarse en cualquier momento del país, sin tener que asumir por ello ningún tipo de sanción o multa. Quien primero dejó en claro lo negativo e inusual de esta cláusula fue la experta en derecho internacional privado, Cecilia Fresnedo, quien en una entrevista con Telemundo 12, no sólo explicó que esa cláusula no es de estilo en ningún contrato importante a nivel internacional. Sino que además sugirió que la misma va contra varios artículos del código civil uruguayo, que expresan en palabras llanas, que la ejecución de un contrato entre dos partes, no puede quedar al libre arbitrio de una de ellas.

¿Cómo puede ser que los asesores legales del gobierno no tuvieran esto en cuenta?

La segunda voz autorizada que criticó este aspecto fue nada menos que el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui. “No me gusta tener un revólver en la cabeza del país, preferiría que no se hubiera firmado una cláusula así”, afirmó en una entrevista con el suplemento Economía y Mercados de El País. Otegui cree que la cláusula pudo haber sido exigida por la empresa, ante comentarios de dirigentes políticos de que podrían revisar aspectos del contrato que creen no son del todo beneficiosos para el país.

Lo insólito es que un gobierno al que le quedan un par de meses de gestión, acepte comprometer al país entero en este asunto, dejando a la empresa la puerta abierta para irse, en caso de que otro gobierno tan democrático y legítimo como él, crea que hay cosas a revisar. ¿Cual era el apuro?

Así se fomentan las versiones y especulaciones sobre que esa cláusula pudo haber sido exigida por UPM como contrapartida al pedido desesperado del gobierno de anunciar la obra antes de las elecciones. Algo que no es positivo para nadie, pero que tanto lo insólito de la cláusula, como el apuro del gobierno, alientan a sospechar.

Desde ya que hay otros aspectos del convenio con UPM que generan dudas. La concesión casi en exclusiva de una vía férrea que será pagada por el estado uruguayo, así como el precio acordado por la energía eléctrica que el estado se compromete a comprar a la empresa, y varias cosas más. Todo lo que revela que el gobierno no solo negoció mal y apurado, sino que ató de manos a su sucesor.