El gobierno ha anunciado que mañana jueves ingresará formalmente al Parlamento el Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) para comenzar su proceso de aprobación.

No cabe dudas de que este proyecto de ley que toca temas prioritarios y diversos es el buque insignia de la administración de Luis Lacalle Pou y una prueba de fuego para la coalición multicolor que deberá mostrarse alineada y trabajando en conjunto.

Lo esencial del proyecto de ley se conoce desde enero, cuando en un hecho prácticamente inédito en nuestra historia, el gobierno en ese entonces electo pero no en funciones, puso en discusión de toda la sociedad el proyecto en el que planteaba sus medidas legislativas urgentes. Luego la irrupción de la epidemia del coronavirus detuvo su envío al Parlamento a fin de que corrieran los plazos legales previstos en la Constitución para su tratamiento, lo que pareció eminentemente razonable. Tanto así como que ahora, al adentrarnos en una “nueva normalidad” en la que el país tendrá que convivir con el virus hasta que se encuentre la vacuna, este sea finalmente puesto a consideración del Poder Legislativo.

El proyecto, como ya es de público conocimiento desde hace meses, abarca una serie de reformas relevantes en materia de seguridad, inteligencia del Estado, educación, economía, empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales, seguridad social, medioambiente, desarrollo social, salud, vivienda, entre otros. Allí se inscribe el sentido de urgencia que el nuevo gobierno, con buen tino, quiere darle a su gestión.

Desde la oposición se ha cuestionado la oportunidad del envío al Parlamento dada la coyuntura con la presencia en el país del COVID-19, dado que existe, naturalmente otra emergencia a atender. El argumento puede sonar atendible, pero es esencialmente falso. Todas las actividades que pueden continuar en funciones, especialmente aquellos fines prioritarios del Estado, han seguido y deben seguir funcionando. Inevitablemente, varias dependencias públicas como el Ministerio de Trabajo, están volviendo a funcionar con normalidad con los cuidados del caso.

Ante este escenario suena bastante ridículo que los legisladores frentistas se nieguen a trabajar mientras siguen cobrando su salario. Los legisladores, con tapabocas, guardando distancias, teletrabajos y todos los recaudos necesarios pueden trabajar como lo están haciendo cientos de miles de uruguayos en su misma circunstancia. Otra argucia opositora para no querer tratar la LUC es que el mecanismo de consideración les deja poco tiempo para el análisis.

Este argumento también resulta bastante absurdo. Si no tuvieron tiempo de estudiar y analizar con los asesores de su partido y los expertos que consideraran pertinente los distintos artículos del proyecto que tienen en su poder desde enero, el problema recae en ellos y no en el gobierno. Muchos de los artículos del proyecto de ley son claves para distintas áreas de gestión de la administración y notoriamente no pueden seguir esperando a que desaparezca la situación generada por el COVID-19 cuando este horizonte aún es indefinido. Es claro entonces que debe avanzarse con el proyecto de ley y debe hacerse en forma urgente, en busca de las soluciones legislativas que el país reclama.

En el fondo, indudablemente, lo que le cuesta terminar de admitir al Frente Amplio y a sus legisladores es que perdieron las elecciones. No es que la ley sea larga o que tengan poco tiempo para su trámite parlamentario, es que el proyecto no les gusta y se oponen por cualquier subterfugio al alcance de su mano. Los tres lustros con mayoría absoluta, parece que les hizo olvidar el juego de la democracia que entraña la rotación de los partidos en el poder. Si el pueblo uruguayo lo entiende conveniente volverán a tener una nueva oportunidad en el futuro; hoy gobierna la coalición multicolor encabezada por el presidente Lacalle Pou y tiene no solo el derecho sino la obligación de avanzar con el cumplimiento de las medidas a que se comprometió en campaña electoral.

El gobierno tiene la compleja tarea de ir regulando las perillas sanitaria, económica y social. No existe receta ni manual para eso, se va haciendo camino al andar y es necesario retomar actividades porque no todos podemos seguir de cuarentena indefinidamente. Dentro de ese panorama es incuestionable que el Parlamento debe funcionar, no solo por lo que Montesquieu nos enseñó, sino también porque la vida debe seguir adelante y el Parlamento y las soluciones a los problemas del país también.