Editorial

Un secreto de US$ 3.356 millones

El conocimiento de la demanda de Aratirí fue bloqueado por el gobierno. No hay dudas, al Frente Amplio en el poder le interesa el mayor secretismo posible para actuar con impunidad a escondidas del pueblo.

El Poder Ejecutivo apeló el fallo del Juez Letrado de lo Contencioso, Alejandro Martínez de Las Heras que había decidido que se hiciera pública la demanda por 3.356 millones de dólares presentada contra el Estado uruguayo por Zamin Ferrous, grupo que impulsó el proyecto Aratirí ante la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho Mercantil Internacional. La sentencia de Martínez de Las Heras había accedido al pedido de publicidad de la demanda de los abogado Gustavo Salle y Enrique Viana ante la calificación de “confidencial” utilizada por el gobierno para mantenerla en el anonimato.

¿Cuál es el motivo de esa actitud del gobierno? ¿Por qué el secretismo y la falta de transparencia? ¿Acaso los ciudadanos uruguayos no tienen el derecho de conocer el tenor de una demanda por tres mil trescientos cincuenta y seis millones de dólares (cuatro veces y media el agujero negro que dejó Ancap) que puede afectar muy seriamente la economía nacional y obligará a todos a pagar más impuestos y tarifas más caras? ¿Somos todos tontos, burros, imberbes, irresponsables o saboteadores vendidos al oro de Aratirí y por eso no se informa de nada? ¿Acaso los únicos capacitados para entender la gravedad del problema son Vázquez, Mujica, Astori y la comparsa frenteamplista que se mueve alrededor de ellos? Si el asunto no fuera peligroso como dio a entender el Presidente (“Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar…”), ¿por qué esa desesperación por el ocultamiento?

Secreto y mentira es una yunta tan habitual como peligrosa. La falta de información veraz da pie al engaño y la manipulación. Así es como funcionan las dictaduras, donde al pueblo se le han cercenado los derechos de conocer la verdad y opinar. El que no sabe o no conoce está más expuesto a aceptar cualquier disparate. Pero, ¿en democracia también se aplica? ¿Acaso no rige aquello del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Quién le oculta las cosas al soberano?

El FA en el poder tiene una pesada trayectoria de tapar informaciones, tal vez porque no todos los grupos que lo integran comulgan con las convicciones democráticas. Sin ir más lejos y a modo de ejemplo en los últimos tiempos, se ha ocultado el régimen de exoneraciones fiscales para la instalación de la nueva planta UPM, nunca se aclararon los motivos de la renuncia de Andrés Masoller como jefe de la Asesoría Macroeconomía del Ministerio de Economía, la mayoría frenteamplista en el Parlamento declaró “confidencial” los acuerdos de la Regasificadora con la empresa brasileña OAS que está vinculada con el Lava Jato. Pero bueno, hasta se calificó de “confidencial” cuántas cartas distribuye el Correo o cuánto gasta la Cancillería en las embajadas, como antes lo fueron también los datos de repetición en secundaria.

No hay dudas, el Frente Amplio en el poder, convertido en cabeza del Estado uruguayo, tiene una obsesión por ocultar información y a esta altura parece hasta increíble que haya sido un gobierno de ese partido que propició en su momento la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque a poco caminar ya le introdujo modificaciones para que la misma no fuera tan “generosa”. Entre “reservada” y “confidencial” se ha saboteado olímpicamente la aplicación de la ley.

Lo cierto es que todo el proceso de Aratirí en el país estuvo marcado por el secretismo. La presencia de la minera tomó estado público en 2011, pero ya existía y operaba desde 2007, durante el primer mandato de Vázquez. La soberbia del gobierno consideró que no era necesario informar de sus acciones a los ciudadanos comunes o de segunda. Se hizo público porque su instalación definitiva necesitaba que el Código de Minería fuera actualizado para contemplar la minería de gran porte y eso precisaba una ley. Otra muestra de obsesión del ocultamiento se registró en junio de 2014 se declaró confidencial todo el expediente sobre la empresa minera y tras la intervención de la justicia solo se liberaron algunos datos y, dos año más tarde, se negó datos sobre la sociedad anónima Invertexi, que Aratirí había escogido como su sucesora para continuar las negociaciones con el gobierno uruguayo.

Y la historia se repite. La soberbia del gobierno o la necesidad de un pueblo desinformado por la presencia del año electoral niega a los ciudadanos su posibilidad de conocimiento del un reclamo por una suma tan escandalosa como desconocida para este Uruguay. La paranoia secretista en todo su esplendor. Ninguna información a los ciudadanos sobre la demanda por US$ 3.356 millones, unos mil dólares por habitante.

¿Quosque tandem Catilina?

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