En el período enero- marzo de 2021, la baja comparada de esos cuatro delitos con el año anterior es de un promedio cercano al 30%. Estas cifras demuestran que era posible bajar los delitos en Uruguay.

A pesar del terrible mes de abril que estamos transitando con relación a la epidemia Covid-19, importa tomar nota de que han surgido buenas noticias en torno a un problema clave y que preocupa muchísimo a toda la sociedad como es el de la inseguridad ciudadana.

En efecto, desde el cambio de administración en marzo de 2020 se vienen verificando mejoras sustantivas en distintas cifras de delitos. El año pasado hubo voces opositoras o afines al Frente Amplio (FA) que se dedicaron a relativizar esas mejoras: dijeron que, en realidad, no se podía comparar lo que ocurría con relación al 2019, porque vivíamos la circunstancia particular de la epidemia, o porque se comparaban períodos de tiempo muy breves que impedían los balances de datos metodológicamente correctos.

Frente a esas excusas izquierdistas la realidad de la buena gestión del ministerio del Interior viene siendo inapelable y contundente.

Los últimos datos así lo demuestran y vale la pena mencionarlos aquí: comparado marzo de 2020 con marzo de 2021, los homicidios bajaron de 36 a 21, las rapiñas de 2.836 a 2.331, los hurtos de 11.070 a 9.677 y los abigeatos de 175 a 102. En el período enero- marzo de 2021, la baja comparada de esos cuatro delitos con el año anterior es de un promedio cercano al 30%.

Estas cifras demuestran varias cosas muy importantes. En primer lugar, que era posible bajar los delitos en Uruguay. Parece ya muy lejano en el tiempo, pero durante los años de administración Bonomi del ministerio del Interior, en los que los delitos no paraban de subir, había quienes decían que eso era algo inevitable por causa de una sociedad más violenta, y otros que decían que más no se podía hacer por mejorar la situación. Hoy queda claro que esos dos argumentos estaban drásticamente equivocados.

En segundo lugar, las cifras actuales demuestran que las disposiciones de la ley de urgente consideración están dando resultados positivos. El gobierno de Lacalle Pou insistió en que precisaba que se aprobaran herramientas legales para combatir mejor el delito, y ha quedado claro que efectivamente eso era necesario. El ejemplo más evidente es el de los abigeatos, en donde desde el invierno pasado estamos ante cifras constantes de bajas radicales que son fundamentales para la vida en la campaña, ya que asegurando la propiedad y combatiendo el robo se genera un clima de confianza que permite a mucha gente invertir con tranquilidad en la pecuaria nacional.

En tercer lugar, va quedando claro que en realidad no estamos ante una circunstancia casual o pasajera de mejora de la seguridad ciudadana, sino que estamos ya ante un salto en calidad que importa mucho resaltar. En algunos meses esa mejora ha sido incluso muy pronunciada, con guarismos de más del 40% (como en los homicidios en la comparación marzo 2019- marzo 2020). En efecto, con epidemia y baja fuerte de la economía y luego con actividades y movimiento retomados, y con un lamentable aumento de la pobreza como consecuencia indirecta de esa particular circunstancia sanitaria que atravesamos, lo cierto es que invariablemente los delitos han seguido bajando en Uruguay.

Lo que se destaca entonces es el cambio que votó la gente en 2019. Aquí hay un encare diferente con relación al respeto a la autoridad del Estado; al respaldo invariable que ha tenido el gobierno a la fuerza policial en su combate al delito; y a la mano firme que incluso ha sufrido el delito organizado de gran porte, como por ejemplo el tráfico de drogas, que el país precisaba urgentemente y que se está verificando con la alternancia en el poder lograda a partir de marzo de 2020.

No hay que olvidar que en el Uruguay del FA se sufría más de un homicidio por día; se volaban cajeros por las noches para robar dinero impunemente; se hacía imposible en algunas partes del país producir lanares o invertir en vacunos; y que en barrios enteros de Montevideo los delincuentes ya habían tomado el control territorial en desmedro de la policía y de la autoridad del Estado.

Sería un error pensar que todo está resuelto. El gobierno sabe bien que aún resta mucho para volver a ser el lugar en el que se podía vivir tranquilo y en seguridad en cualquier punto del país. Sin embargo, estos alentadores resultados que viene presentando el ministerio del Interior muestran que se está dando un salto en materia de seguridad que es muy bienvenido.

No hay duda alguna de que la opinión pública, aliviada, está respaldando la tarea del Ejecutivo con fuerza y convicción. Esta es, sin duda la senda que se debe seguir.