editorial

Anestesiados, asistimos a una lógica sanguinaria, mientras el Ministro a cargo pone el foco en errores cometidos por los policías caídos o en cómo deben comportarse los ciudadanos para no ser ultimados, en lugar de hacer la represión del delito.

El alcohólico sabe que cuanto más consume, más se daña. Pero no puede evitarlo. Su cuerpo se acostumbra a la ingesta de la droga y le pide cada vez más. Lo mismo ocurre con cualquier otra sustancia adictiva. Y lo mismo, a nivel de una sociedad, con la violencia.

Tiempo atrás, los medios recogieron con comprensible alborozo la mejoría del niño baleado en la plaza de Casavalle. En lo que se reparó poco fue en la declaración del niño a la prensa. Con su candor infantil, manifestó que perdonaba al agresor, porque la bala en realidad no iba dirigida a él.

En otra ocasión reciente, una clara mayoría de los habitantes de Quebracho honraron la memoria de un doble asesino y suicida, al punto de victimizarlo.

Y el domingo pasado, el fiscal de Homicidios Juan Gómez declaró a El País que advierte "que hay personas que han perdido el respeto por la vida y la muerte. Cuando veo niños de seis u ocho años riéndose frente a la presencia de una persona que está muerta, en momentos en que uno está trabajando, digo: ¡cuán lejos estamos! (…) Eso nos da una pauta de que hay un sector de la población que está tomando con demasiada naturalidad estos hechos lamentables. Quizás esa sea una de las causas del incremento del número de homicidios". Consultado por el periodista Pablo Melgar sobre si existe indiferencia ante la muerte, el fiscal respondió lacónicamente: "más que indiferencia, creo yo".

La sociedad entera, y particularmente el Estado, deberían recibir estos mensajes como una clara advertencia.

A la manera de los alcohólicos, recibimos todos los días dosis crecientes de violencia: desquiciados que matan a sus parejas, narcos que echan a prepo a la gente de sus casas y andan a los tiros por toda la ciudad, un oprobioso récord de suicidios, rapiñas que terminan en crímenes absurdos. Una violencia que estamos naturalizando, al punto que parece que ya nada nos sorprendiera. Anestesiados, asistimos a esta lógica sanguinaria, mientras el Ministro a cargo pone el foco en los errores cometidos por los policías caídos o en cómo deben comportarse los ciudadanos para no ser ultimados, en lugar de hacerlo en la represión del delito. O el Presidente relativiza los hechos, argumentando que aquí nadie ingresa a los centros educativos a matar gente, como en Estados Unidos…

El aparato comunicacional del gobierno parece lo único bien aceitado: cada vez que alguien se queja de la inseguridad pública, lo atribuye a maniobras políticas. Tal vez un ejemplo extremo de esa práctica esté en el título que dio el diario oficialista La República a la ya conocida justificación de la ministra Arismendi, para negar refugio a un padre con su hijo: "Mides señaló que padre en situación de calle no colaboró para recibir ayuda" (sic). Ni Goebbels lo hubiera redactado mejor.

Pero a su vez, la sociedad civil no parece dar muestras de comprender la integralidad del fenómeno, y menos aún de actuar en consecuencia. En lugar de presionar para que los poderes públicos actúen con rapidez y eficacia en la prevención de la violencia de género, emite rimbombantes manifiestos contra el heteropatriarcado. En tanto, poco se habla de la urgente asignación de recursos para multiplicar los refugios de acogida de las víctimas, y de la coordinación entre la policía y la justicia, de modo que no se repita la trágica paradoja de que estas son asesinadas a pesar de haber denunciado previamente su situación.

Con fundamentalismos ideológicos para todos los gustos, hay desde quienes satanizan los piropos y le cambian la letra al Arroz con leche, hasta quienes vandalizan iglesias. Pero las medidas concretas que deben tomarse para resolver el problema, siguen esperando.

Lo mismo puede decirse del primitivismo con que no pocos ciudadanos claman por la pena de muerte.

En un clima cultural que analiza la realidad desde la polarización, no es casual entonces que el niño de Casavalle perdone a quien pudo ser su verdugo o la gente de Quebracho exculpe a un doble asesino. Lo que hacen es reflejar la aceptación pasiva de la violencia.

Como ha dicho con dramática agudeza el escritor Arturo Pérez-Reverte: "España es un Titanic con capitanes incompetentes y pasajeros aplaudiendo y haciéndose selfies con el iceberg".

Agarrar el toro por las astas no pasa a esta altura por usar el tema para recaudar votos o retenerlos, sino por tomar medidas concretas: una severa represión policial paralela a una urgente revolución educativa, que empiece a reemplazar la cultura del delito por la de la convivencia.