Una vez más el Frente Amplio se agita con la idea de reformar la Constitución. Una comisión representativa de todos sus sectores acordó los cambios a proponerse en diez áreas que se someterán a la decisión de un plenario a realizarse el mes próximo.

Este impulso reformista entraña dos peligros. Uno es que esos cambios amenazan socavar principios de nuestro ordenamiento institucional. El otro es que la experiencia enseña que una vez abierto el proceso reformista resulta imposible limitarlo a ciertos temas e inevitablemente toda la Carta queda expuesta a alteraciones.

Entre las reformas previstas se incluye un cambio en las reglas electorales para eliminar el balotaje y volver al régimen de mayorías relativas lo que denota la inquietud del Frente Amplio por el resultado de las próximas elecciones. Parecería que sienten que en 2019 no alcanzarán la mayoría absoluta y que en todo caso podrían ganar siendo la minoría mayor. Todo lo cual es consecuencia de la caída en el apoyo que hoy recibe el gobierno. Aparte, hay otras modificaciones propuestas que chocan con el actual articulado de la Constitución, entre ellas la concesión del voto a los residentes en el exterior, la alteración de la estructura del Poder Judicial y nuevas normas sobre el derecho de propiedad.

Más allá del interés electoral hay en la izquierda unas ansias reformistas que, una vez lanzadas, serán difíciles de limitar para evitar la redacción de una nueva Constitución más frondosa y detallista que la presente, y por tanto más expuesta a los errores. Esta tendencia va a contrapelo de lo que sucede en sociedades más desarrolladas que rara vez enmiendan sus constituciones convencidas como están de que los problemas no se arreglan en el papel sino en la forja diaria de las instituciones democráticas.

En reciente conferencia sobre temas políticos dirigentes de los partidos tradicionales criticaron la propensión de la izquierda a retocar la Constitución señalando alguno de ellos que "cuando los políticos están un poco vacíos de programa" se lanzan por esa senda. Todo lo cual calza en la presente coyuntura del Frente Amplio en donde menudean fricciones internas y debates ocasionales en tanto se oyen llamados a impulsar "decisiones que realmente sean de izquierda" y que permitan aunar posiciones en vez de acentuar las diferencias existentes entre los sectores.

De ese modo, la voluntad reformista encubre no sólo una maniobra con vistas a mejorar la posición del Frente Amplio en las próximas elecciones sino también la necesidad de dar línea hacia la interna de la coalición de gobierno, para soslayar las fricciones y discusiones que la conmueven. Ponerse a retocar la Constitución no sólo sería una forma de canalizar discrepancias sino también una manera de distraer a la opinión pública sobre los problemas de fondo del país, derivados en su mayoría de la coyuntura internacional y de los agujeros negros legados por la administración de José Mujica.

Aparte de los cambios sustantivos a promoverse en la normativa constitucional, el gran problema a resolver es definir por cual de las distintas vías se instrumentará el proceso reformista. Es que nuestra Constitución prevé varias modalidades para reformarse. La primera es a través de la iniciativa popular del 10% de los ciudadanos cuyo proyecto —o proyectos— se votan conjuntamente con las elecciones nacionales en busca de obtener el apoyo de la mayoría de los electores. La segunda requiere contar con una mayoría legislativa de dos quintos de miembros del Parlamento con posterior plebiscito. Y la tercera es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el mecanismo preferido por la mayoría de los frentistas, en particular por los socialistas que ya se pronunciaron al respecto.

Si este último camino fuera el elegido, los problemas de convocar a una Constituyente serán muchos y complicados pues es preciso llamar a elecciones para seleccionar a 260 constituyentes dado que se exige que su número duplique al de los legisladores. Cuesta imaginar al titubeante gobierno de Tabaré Vázquez embarcado en los próximos meses en un nuevo proceso electoral en donde cada partido político se lanzará a hacer campaña en pro de sus candidatos y sus iniciativas reformistas. Para quienes se quejan con razón de la extremada duración de nuestro proceso electoral, encarar una peripecia de este tipo parece una pesadilla.

En suma, acometer el debate de la reforma constitucional no sólo está lejos de solucionar los genuinos problemas del país sino que es iniciar un camino peligroso y de final incierto.

Editorial