EDITORIAL

Un caso policial puntual se ha convertido en el eje para que la tribuna oficialista ratifique prejuicios retrógrados y aliente a su base ideológica en contra de la principal rama productiva del país.

El clima político ha cambiado radicalmente en los últimos días. Luego de que el gobierno logró, en cierta forma, cerrar la canilla del escándalo permanente del "Caso Sendic", sus dirigentes y operadores mediáticos se han lanzado a una contra ofensiva furibunda.

En estas horas, el asunto elegido para esta ofensiva mediática no podía ser más absurdo, ni más típico de la mentalidad de cierta dirigencia oficialista. Y fue un episodio puntual de violencia privada, en el cual, según las primeras versiones, un capataz de un establecimiento rural habría golpeado a un empleado por haber reclamado horas extras. A poco de estallado el caso, ya hay versiones que contradicen la primera información, pero eso es lo de menos. Lo importante es la fuerza simbólica del tema, y la reacción de los dirigentes del oficialismo y sus brazos mediáticos.

No pasaron 24 horas de esta denuncia que altos dirigentes del gobierno salieron a mostrar su indignación. El ministro Murro no esperó ni a tener una mínima información para hacer declaraciones altisonantes; varios senadores, diputados, dirigentes sindicales, y todo el "mundo FA" en las redes convirtieron esto en un caso testigo.

El mensaje es claro. Se trataría de una nueva muestra de lo anacrónico del mundo laboral rural, donde un patrón se siente con derecho e impunidad para agredir con violencia a un humilde trabajador que solo reclamó lo que le correspondía. Una muestra flagrante de la guerra de clases campesina que justifica la ley de las ocho horas para el sector rural, que la oposición se negó a apoyar porque siempre está del lado de esos estancieros explotadores y egoístas.

Se llegó a sugerir que el reciente discurso del presidente de la Asociación Rural en el cierre de la ExpoPrado, en el que reclamaba por el alza de los costos, justificaría de algún modo esta supuesta ola de violencia desatada contra los trabajadores.

Por supuesto que todo es una reverenda tontería. Según el propio BPS hay en el sector rural unos 190 mil trabajadores, casi cuatro veces más que en la construcción en su mejor momento de la historia. Y sin embargo, se busca extender la perversión de un caso policial individual y concreto, que desde ya merece todo el repudio y el peso de la ley de confirmarse, para extender un manto de indignidad sobre todo un sector de la sociedad.

Por supuesto que no es verdad que la oposición en bloque se opuso al régimen de 8 horas en el agro. Pero aunque ya una vez, el pro director de la IMM, Christian di Candia, tuvo que pedirle disculpas al senador Lacalle Pou por acusarlo erróneamente de no haber votado esa ley, la cuestión es seguir propagando mentiras y reafirmando preconceptos.

Lo que hizo la oposición en su momento, como cualquiera que haya visto algo de tierra más profunda que la maceta del balcón, es advertir que ese régimen choca con la realidad económica del agro. Donde se trabaja de acuerdo al clima y a los ciclos naturales, y donde muchas veces el personal se encuentra solo y sin supervisión de nadie que pueda comprobar la cantidad de horas efectivas trabajadas. Allí casi siempre se opera a tarea completa, cosa difícil de entender por quienes viven con la obsesión del mundo fabril del siglo XIX, y cuya visión de la realidad uruguaya se gesta en el viaje diario entre el Bar Fénix y la casa de Malvín.

Por supuesto que el problema no es convencer a los revolucionarios del teclado, ni a los marxistas resentidos, ni a los aspirantes a intelectuales de esa bohemia impostada de cómic montevideana. El tema central es que hace falta agentes de opinión potentes que salgan a confrontar esta visión fantasiosa e irreal del sector agropecuario, porque en ello le va la vida al país.

El Uruguay padece, probablemente desde la muerte de Aparicio Saravia, de un divorcio interno que es la causa última de todos nuestros fracasos. Más de un siglo buscando una forma de desarrollo a fórceps en contra de la realidad económica del país. Intentando generar en base a recursos genuinos extraídos al sector agropecuario de una forma que lo han vuelto casi inviable, un desarrollo urbano, fabril, burocrático, copia berreta de modelos ajenos, como ya se lo advertía Figari al propio Batlle y Ordóñez en su momento. Y que en tiempos de industria china y robotización, es cada día más absurdo. Donde un gerente de segunda de una empresa pública gana más por año que un productor con 300 o 400 hectáreas que trabaja de sol a sol.

En vez de rehuir la discusión, la oposición y las gremiales rurales tienen aquí una oportunidad de oro para tomar un hecho lamentable y una polémica rastrera, y convertirlo en el verdadero debate de fondo que el país precisa con urgencia.