Al Frente Amplio le ha costado mucho la derrota electoral.

#A dos meses de instalado el nuevo gobierno aún no la ha asimilado y cuando por esas casualidades le viene un chispazo de que fue vencido, aflora el peor rostro de un mal perdedor: malhumorado, disfrutando de los problemas ajenos, poniendo palos en las ruedas o no escatimando zancadillas. Aunque esté todo el país de por medio.

Este gobierno que preside Lacalle Pou ha estado enfrascado prácticamente desde su comienzo en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Y desde ese momento el FA se atornilló en su afán de criticar. Cuando el gobierno apostó a la responsabilidad de los ciudadanos y con su apoyo a la política de la cuarentena voluntaria, de buscar no salir en forma innecesaria de sus casas y evitar las aglomeraciones, de inmediato se puso en la vereda de enfrente y, junto al Sindicato Médico del Uruguay, reclamó una inmediata cuarentena obligatoria. Con todo lo que ella significa sobre la libertad de las personas y, si es obligatoria, con detenciones y sanciones incluidas. El Pit-Cnt, por su parte, contribuyó con un caceroleo contra el gobierno porque sus medidas “eran insuficientes” en sintonía con sus camaradas.

No tenemos dudas de que si el gobierno, de pique, hubiera declarado una cuarentena obligatoria se hubiera incendiado la pradera bajo acusaciones de autoritarismo, represión, desbordes totalitarios, violación de los derechos humanos y engendros parecidos y todos ellos hubieran pronunciado sentidas palabras por la falta de respeto a la responsabilidad de los ciudadanos. ¿O alguien lo duda?

El segundo paso de este gobierno -sin disminuir en ningún momento la batería de medidas para luchar contra la pandemia- fue que el país empezara a funcionar en aspectos que se consideraban prioritarios en la campaña electoral, que la mayoría de los ciudadanos compartieron con su voto y fueron motivo del triunfo: la Ley de Urgente Consideración donde se incluye un conjunto de disposiciones imprescindibles para la marcha del país, en temas fundamentales que encabezan seguridad y educación, pero que pasan también por una regla fiscal para controlar el gasto del Estado, apoyos a pymes y mipymes para generar fuentes de trabajo y ajustes al funcionamiento del aparato estatal para hacerlo menos oneroso y más eficiente.

Y allí volvió a arremeter el Frente Amplio y otra vez de manera absurda si no fuera por su carácter de pésimo perdedor que seis meses después de su derrota sigue resollando por la herida y no tenemos dudas que lo seguirá haciendo por años y años. Abundaron frases como “es un abuso”, “es un avasallamiento antidemocrático del Poder Ejecutivo”, “se está violando la Constitución” y disparates por el estilo.

¿En ningún momento se les ocurrió pensar o reconocer que ese tema fue el epicentro de la campaña de Lacalle Pou y que como en nuestro país -muy republicano y democrático por cierto- cada cinco años se vota para elegir autoridades, en octubre y noviembre del 2019 se votó (el pueblo, los ciudadanos, el soberano) y se apoyó un cambio sustancial de las políticas de Estado que viene con esa ley? ¿Acaso pretenden seguir gobernando? ¿Quieren que Astori, Murro o Bonomi sigan en sus ministerios? ¿No entienden que se les dijo “basta”?

La contracara fueron las palabras del presidente Lacalle Pou durante una de sus habituales reuniones con la prensa de la semana pasada. Refiriéndose a la LUC y a las críticas de la oposición, marcó que “el gobierno se ve con el derecho y con las ganas de defender un proyecto de ley que ha sido muy trabajado. Un proyecto que no surge espontáneamente, sino que surge de las necesidades de la gente. No tenemos dudas en calificarlo de ley popular, un proyecto de ley bueno y un proyecto de ley justo”. Un cambio hasta en la forma de hablar, sin agravios para nadie. Ni siquiera una mención sobre estos autocanonizados en democracia que defienden a Venezuela y Cuba.

El remate fue el 1° de mayo y los protagonistas el Pit-Cnt y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Desde el Pit-Cnt, luego de repetir las mismas críticas frenteamplistas a la LUC, partió el muy humano reclamo de que no sean los trabajadores quienes “paguen” la pandemia. La respuesta la dio el ministro Mieres un poco más tarde: “Hay 400.000 trabajadores sin cobertura formal ni aporte a la seguridad social y para ellos el gobierno creó soluciones”.

Ni de las soluciones de este gobierno, ni de la existencia de 400.000 trabajadores sin cobertura se escuchó reclamo alguno o simple mención por parte del Pit-Cnt.

Pero eso venía del gobierno anterior. Del Frente Amplio.