Esto de que el Frente Amplio está dispuesto a votar una comisión investigadora para Ancap nos suena mucho a compadrada. Porque esa afirmación, que partió del vicepresidente Sendic —uno de los principales involucrados—, que fue consultada y refrendada por el presidente Vázquez y buena parte de la bancada de legisladores del FA, venía acompañada de una condición "discrecional": votan la Investigadora siempre y cuando existan "elementos fundados" para esa habilitación.

¿Y quién decide si hay "elementos fundados"? Una preinvestigadora integrada por tres senadores: Leonardo De León (FA-grupo Sendic, expresidente de ALUR), Marcos Carámbula (FA-Partido Comunista) y el nacionalista José Carlos Cardoso que, además de la "buena voluntad" de Sendic siempre y cuando existan "elementos fundados", deberá contar con la aprobación de la bancada oficialista en el Senado. Como se ve, el Frente no tomó en cuenta a ningún astorista, pese a que son casi la mitad del Partido,.

"Elemento fundados": parecería que la sola existencia de una pérdida 500 millones de dólares en dos años (y en los primeros meses del presente ya llevamos más de cien) no es suficiente para investigar si ha habido responsabilidad política de las autoridades de Ancap. ¿De cuánto debe ser la pérdida para que existan "elementos fundados"? ¿800 millones de dólares, 1.000 millones, el vaciamiento completo?

El pedido de una Investigadora no parte de la base de que ha habido delitos (aunque pueden aparecer durante sus actuaciones). Si eso fuera así, lo que correspondería sería una denuncia penal. Como se hizo con Pluna y todos sabemos cómo terminó.

La Investigadora lo que pretende establecer es si en su gestión, los directores de Ancap han incurrido en responsabilidad política. A no confundir los naipes. La razón de ser de la responsabilidad política tiene un origen histórico en los sistemas republicano-democráticos de gobierno (que se supone, es el nuestro según la Constitución) para evitar que el abuso de poder no quede exclusivamente constreñido al sistema penal.

La responsabilidad política tiene en la transparencia una regla de oro. Sin transparencia la democracia es un fraude, porque los ciudadanos, razón y esencia de un Estado, están imposibilitados de saber qué se hace con los recursos que aportan y por qué se han gastado donde se gastaron. No alcanza con que los jerarcas eviten conductas ilícitas, sino que manejen con prudencia e inteligencia los dineros que se les confiaron y no que se disponga de ellos con ligereza y frivolidad. El periodista español José García Ruiz apuntaba con acierto a que "el político que se ve inmerso en un asunto que conlleva una clara e innegable responsabilidad política, se resiste como gato panza arriba a asumirla y se refugia, lanzando el balón hacia adelante, que se le pruebe o no una responsabilidad penal".

Con esta conducta, desaparece así el instrumento de la responsabilidad política y cae uno de los elementos claves para el funcionamiento de la democracia: la transparencia y el juicio y castigo al atroz jerarca, que tanto daño infligió a la sociedad y tanto costó a los bolsillos de sus ciudadanos. Pero, no cometió delito.

Cuando una empresa privada es mal dirigida o gestionada, lo probable es que vaya a la bancarrota y sus propietarios se fundan. Pero cuando lo mismo ocurre con una empresa pública ¿no pasa nada?

El pedido de la Investigadora, que en definitiva corrió por cuenta del senador nacionalista Álvaro Delgado —experto en temas de Ancap—, no se limita a indagar el agujero negro del Ente y sus consecuencias, como el endeudamiento descontrolado. Plantea otras interrogantes, tan graves como estas. Por ejemplo, el acuerdo (triangulación) de Ancap con Ecuador para refinar petróleo con la intervención de Trafigura, una multinacional holandesa, que se incumplió; las denuncias sobre la planta de etanol que se construyó en Paysandú (Sendic denunció por calumnia a los empresarios que lo acusaron, pero la Justicia archivó el expediente); por honorarios y contrataciones se gastó en 2014, US$ 85 millones; la compra de un remolcador por US$ 12,5 millones que nunca se usó; atrasos en obras, incumplimientos de contratos, balances tardíos y muchas cosas más quedan por explicar.

Si falló la prevención de la administración Mujica en los gastos y la gestión de Ancap, por lo menos se debería informar dónde se fracasó y cuáles fueron los errores cometidos. Por la vía de la autopsia se podría saber (y tal vez aprender) algo, siempre que el Frente considere que hay "elemento fundados" y dé sus votos para una Investigadora.

Pero… difícil que el chancho chifle.

Editorial