Detrás de la iniciativa de la izquierda se esconden dos cosas. Por un lado, la voluntad de impedir al gobierno fijar el rumbo del país tal como lo legitimó el pueblo, por otro lado, la obviedad que todo el mundo ve; que la campaña de recolección de firmas no funciona.

La campaña de recolección de firmas en contra de 135 artículos de la ley de urgente consideración debe legalmente terminarse en julio de este año, es decir, un año más tarde que cuando ella fue votada y promulgada por los poderes Legislativo y Ejecutivo.

En estos días se empiezan a alzar voces desde la izquierda que pretenden cambiar ese plazo. Desde el Frente Amplio (FA), la frase que se cree justifica tal cosa es que “al impedido por justa causa no le corren plazos”, y desde el Pit- Cnt se señala que sería un gesto “republicano y democrático” cambiar la ley para dar más tiempo para juntar aproximadamente unas 700.000 firmas, que es la cifra necesaria para luego ir a referéndum.

Los dos argumentos que maneja la izquierda política y sindical son muy endebles. Por un lado, nadie que viva en Uruguay podrá decir que aquí se ha impedido juntar firmas. No vale confundir dos ideas muy distintas: una cosa es prohibir aglomerarse, y otra cosa muy diferente es impedir que la gente pueda, ordenadamente, acudir a algún comité de base o acercarse a alguno de los puestos militantes en ferias y ramblas, por ejemplo, para estampar su firma en favor del referéndum que promueve la izquierda.

El Uruguay, en todo este año de epidemia, ha sido una excepción en el mundo, asegurando una libertad responsable que nunca jamás impidió el movimiento de la gente ni la posibilidad de expresar diferencias con respecto a la política que lleva adelante, la mayoría que es la coalición republicana de gobierno. Al contrario: incluso hoy en día, en plena campaña de vacunación, existen centros enormes de pasaje de miles de compatriotas, como el Antel Arena en Montevideo, en donde hay puestos que promueven libremente el referéndum y las firmas en cuestión, sin que nadie lo impida y respetando todas las consignas sanitarias debidas.

Por otro lado, el gesto republicano y democrático que se precisa es exactamente el contrario que la izquierda pide. En efecto, la ley de urgente consideración fue presentada con tiempo a todos los partidos, fue tratada ampliamente en el Parlamento, fue votada por una mayoría contundente de cinco partidos políticos, y fue incluso apoyada por el FA en la mitad de sus artículos. Además, responde a las promesas de campaña del candidato a presidente que ganó ampliamente las elecciones, con un respaldo muy mayoritario en el Parlamento.

Es una ley que cuenta con una enorme legitimidad política. Nuestro sistema republicano es tan democrático, que incluso una ley de este tipo puede ser puesta en tela de juicio con una iniciativa popular. Pero en tal caso, el sistema prevé, con razón, que haya un apoyo ciudadano relativamente importante - son 700.000 firmas -, y que esa expresión de voluntad ciudadana ocurra en un plazo razonable de un año. De otra forma, si se alargaran los plazos, lo que estaría ocurriendo es que se estaría legitimando un camino artero que busca roer la legitimidad de la ley, de la mayoría alcanzada y, en definitiva, del sistema democrático representativo que es el que expresa la voluntad del pueblo que vota.

Para este caso concreto, se trata de un pueblo que no votó sólo una vez por estas medidas, sino que se expresó de forma muy mayoritaria tres veces en 2019: junio, octubre y noviembre. Y, por si fuera poco, apoyó nuevamente a los partidos de la coalición republicana luego de aprobada la ley de urgencia, cuando renovó indirectamente la mayoría oficialista en las elecciones departamentales de setiembre de 2020.

Detrás de la iniciativa de la izquierda se esconden dos cosas. Por un lado, la voluntad de impedir al gobierno fijar el rumbo del país tal como lo legitimó el pueblo, en una expresión más de la incapacidad del FA de aceptar las derrotas electorales de 2019 y 2020. Por otro lado, la obviedad más diáfana que todo el mundo ve y la izquierda no quiere admitir: que la campaña de recolección de firmas no funciona. La gente no quiere firmar y no firma. No es falta de tiempo: es falta de voluntad del pueblo que demuestra que no está de acuerdo con la iniciativa del referéndum.

Es seguro que el Parlamento no dará mayorías para cambiar los plazos de recolección de firmas. Está muy bien que así sea y es lo que debe hacer. Y todos sabemos que llegará luego la previsible andanada de falsos argumentos de la izquierda, que querrá disimular su fracaso en torno al referéndum diciendo que el oficialismo no permitió que se extendieran los plazos.

Pero la gente no es tonta: sabe bien que hubo garantías democráticas, tiempo y posibilidades de juntar las firmas. Nadie será engañado.